El proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, también conocido como Ley Hinzpeter o Ley Antiencapuchados será votado este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados, luego de que fuera rechazado en la mayoría de sus artículos.

Esto ocurrió en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se rechazó gran parte del articulado.

Para el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz, es muy probable que la iniciativa se rechace en su totalidad ya que lo que quedó del proyecto, luego de su paso por el grupo parlamentario, es “lo residual”.

“En la comisión de Constitución la mayor parte de la norma se rechazó, en consecuencia mañana lo que vamos a votar es apenas lo residual que quedó del debate legislativo. Luego de la salida del ministro Hinzpeter tuvo varias reducciones de contenido y finalmente lo que estamos votando es apenas aquellas cosas que fueron aprobadas por la comisión de Constitución. Yo creo que va a tener el desenlace que todos esperamos, que sea rechazado por la sala y que ni siquiera llegue al Senado”, expresó.

El Gobierno por su parte, hizo un llamado este martes a aprobar la bullada Ley Antiencapuchados, tratando de que la iniciativa salga de su primer trámite constitucional.

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, señaló que “hay una oportunidad para que la clase política manifieste el rechazo que corresponde a actividades de violencia, sean hechas por quienes sean”.

El ministro reconoció que se trata de un proyecto emblemático del Ejecutivo y el diputado de la UDI, Giovanni Calderón aseguró que luego de tanto tiempo de discusión, la iniciativa quedó fortalecida.

“Se eliminaron bastantes elementos que podían ser demasiado amplios para un tipo penal y que implicaran interpretaciones que podrían afectar algunos derechos constitucionales como el derecho a reunión y el derecho a manifestación. Yo creo que el proyecto llega bastante perfeccionado, rechazado por la Concertación por razones ideológicas pero en términos de reforma penal me parece bastante adecuado”, señaló.

Sin embargo, en diversas organizaciones la iniciativa genera rechazo inmediato. Ana Piquer, de Amnistía Internacional Chile dijo que con el proyecto aprobado, la Cámara “estaría dando una señal negativa sobre la protección de los derechos humanos en su conjunto”.

Nicolás Facuse, del Instituto Igualdad dijo que la Cámara Baja tiene la oportunidad de rechazar un intento de criminalización por parte del Ejecutivo.

“El Congreso tiene en sus manos rechazar el mayor intento de este gobierno de criminalizar la protesta social. Nos parece que el Congreso, como un órgano de contrapeso del poder ejecutivo, tiene una gran responsabilidad para terminar de darle un golpe de gracia a la Ley Hinzpeter y señalar que en este país una concepción de orden público que implica represión y restricción a derechos fundamentales como la libertad de reunión y la libertad de expresión no se pueden llevar adelante”, afirmó.

Facuse, junto a representantes de otras organizaciones presentarán a los el sitio web www.noalaleyhinzpeter.cl, las que se suman a las 12 mil 400 rúbricas que recopiló Amnistía Internacional, Acción AG y GreenPeace.