En una convulsionada sesión, que incluyó el desalojo de la sala, y con imputaciones de instrumentalización política entre ambos lados, finalmente los diputados aprobaron en general el reajuste de 210 mil pesos que, después de 4 meses, el Ejecutivo ingresó al Congreso.
Fue el diputado René Manuel García de Renovación Nacional quien, aunque votó favorablemente a la iniciativa, recordó que desde La Moneda primeramente se propuso un monto de 203 mil pesos, que a su juicio era impresentable.
García añadió que el monto del sueldo mínimo es escuálido y que ninguna empresa puede quebrar por este tipo de aumentos.
Esta postura no fue compartida por su par, José Manuel Edwards, quien además de defender al Gobierno, calificó de demagogos a los diputados de la Nueva Mayoría e insistió en la existencia de una minuta emanada del comando de Michelle Bachelet, para entorpecer la agenda legislativa.
“Había una minuta en que les daba la orden, que era bien clara: traten de que le vaya mal al gobierno. Y los trabajadores eran el chivo expiatorio. Eso es lo que era toda la demagogia de los trabajadores. Por lo tanto creo que ahora de una vez por todas hay que desenmascarar cuáles son las intenciones reales de las personas que están hablando”, expresó.
Para el diputado del PPD, Tucapel Jiménez, resulta vital que de una vez por todas se cambie el actual código laboral, para dejar de discutir sobre exiguos reajustes.
“Por lo tanto yo tengo la esperanza que en el futuro podamos hacer los esfuerzos por mejorar el rol de los sindicatos, con sindicalización automática para que crezcan, para que tengan el poder de enfrentar a sus empleadores. Mejorar la negociación colectiva y poner fin a algo inédito, que es el único país que lo tiene, que viene de este famoso plan laboral que ya nos dejó el señor José Piñera con su sistema de pensiones, donde la única herramienta que tienen los trabajadores para defenderse es la huelga y en este país se les puede reemplazar”, criticó.
El proyecto fue despachado al Senado, para su discusión inmediata, incorporando la retroactividad de su vigencia, lo que es rechazado por el Gobierno, el cual alude inconstitucionalidad de esa indicación.
