Nueve mil millones de pesos podrá desembolsar un candidato presidencial en su campaña electoral según lo confirmaron los datos entregados por el Servicio Electoral (Servel). La institución, apoyada en la nómina de votantes fijó también los límites para las campañas parlamentarias y de Consejeros Regionales.

Estos millonarios números hacen reaccionar de manera inmediata a la ciudadanía. Cabe recordar que el salario mínimo fue tramitado por varios meses en las cámaras del Congreso y esos mismos que durante semanas debatieron en torno a cifras que bordean los 200 mil pesos hoy día tienen topes de gasto electoral que superan los mil millones si se compite en Santiago, por ejemplo.

Los movimientos sociales, principalmente nortinos, reclaman a las autoridades mejoras en sus comunas. Hospitales, educación de calidad, y mejoras en vivienda y urbanismo son algunas de sus demandas. Para ellos, estas cifras provocan vergüenza, dolor y sobre todo rabia.

Por esto, los voceros de los movimientos sociales de Calama, Tocopilla y Taltal, Diego Ramírez, Pedro Lazo y Juan Mediano, respectivamente señalaron que: “La comuna de Calama produce 6 mil millones de dólares para que con el respeto que se merecen se lo farreen para las elecciones, eso es increíblemente injusto, nos daña, nos humilla y es indignante lo que hacen. No sé, es como una burla, una vergüenza para nuestro país de pensar sólo en esos nueve mil millones cuando acá en la región hay sufrimiento. Estamos hablando de 160 millones de dólares, se da cuenta la cantidad de dinero que es eso, cuántos hospitales se pueden construir, cuántas salas de diálisis se pueden levantar en las regiones especialmente en los lugares apartados como el nuestro”.

La Iglesia Católica también tiene una postura frente al gasto electoral. El sacerdote Andrés Moro, vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores cree importante revisar la ley en cuanto estos montos parezcan tan altos, además reflexionó en torno a los destinos de los recursos.

En este sentido, el sacerdote de la Iglesia Católica señaló que “aquí no hay una franquicia, ni tampoco hay una cosa especial o distinta a lo que la ley aprobó, por lo tanto, si ahora nos encontramos con la sorpresa que nos parece un poco escandaloso, esto también hay que revisarlo con los diputados y senadores y con el estado que propuso la ley. Creemos también importante que como hay este dinero y este recurso para esta situación, también es importante pensar entonces en otras situaciones en donde también Chile necesita crecer, no sólo en el ámbito público, sino en la Educación, en la Salud y en las Pensiones”.

Los estudiantes han sido otro sector que permanentemente ha estado en disputas con las decisiones tomadas por muchos de los que hoy se presentan a la reelección en sus cargos. Para Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC, es fundamental lograr aclarar de dónde vienen esos recursos y poder establecer condiciones igualitarias para todos los candidatos.

En esa línea, el dirigente de la Universidad Católica enfatizó que “acá lo que es importante es transparentar de dónde provienen los otros fondos, que justamente uno ve que son de empresarios, que son personas que invierten en Educación y que justamente lo que hacen es generar un conflicto de interés al momento de que los candidatos presidenciales también los parlamentarios puedan legislar”.

El tema de la disparidad de los recursos disponibles para cada candidato, es un constante cuestionamiento a la ley 19.884, puesto que los principales bloques políticos del país obtienen mayor cantidad de recursos, lo que genera importantes asimetrías de la información y difusión en comparación de aquellos que deben gastar de sus ingresos el solvento de sus aspiraciones.

Muchos ciudadanos se preguntan quienes pagan las campañas. Por ejemplo, está el caso de la ex seremi de Salud, Rosa Oyarce, quien tenía ganas de postularse pero le faltaban los recursos para asumir una candidatura al senado por la circunscripción Biobío Costa, según los dichos del presidente de su partido (RN), Carlos Larraín. Si bien en el caso particular la otrora fiscalizadora de salud podrá concretar sus aspiraciones de competir, en muchos no existen partidos detrás del nombre y tampoco grandes y desconocidas empresas que aportan con miles de millones a los partidos o candidatos para instrumentalizar dantescas campañas electorales.

El Estado, según lo explicitado en la ley, anticipa dineros a cada partido o sector que presente candidatos, haciendo una ecuación entre el número de votantes obtenidos en la elección anterior de la misma naturaleza –en este caso presidenciales y parlamentarias por separado- multiplicado por el equivalente en pesos a diez milésimas de unidad de fomento, alrededor de 600 pesos por voto alcanzando.