Siguiendo un mandato legal, la Superintendencia de Salud fiscalizó las garantías AUGE, es decir, que los pacientes hayan sido informados que padecen alguno de los 80 problemas de salud incorporados al programa, para que no se cobre demás a las personas.

Sobre la obligación legal de notificar, la superintendenta Liliana Escobar fiscalizó entre febrero y marzo a 83 centros asistenciales ambulatorios públicos, de los cuales 42 tuvieron un nivel de cumplimiento satisfactorio, lo que equivale a 50,6%. Se les instruyó implementar medidas de mejora a 18 (el 21,7%), mientras que 23 mostraron un nivel deficiente en lo que respecta a notificar a los pacientes que su problema de salud está cubierto por el AUGE (27,7%).

En el ámbito privado la superintendenta explicó que se fiscalizaron 92 prestadores, de los cuales en 26 (28,3%) el nivel de cumplimiento fue satisfactorio, 30 (32,6%) requieren implementar mejoras y 36 (39,1%) tienen un cumplimiento deficiente.

La funcionaria de Gobierno recalcó que tanto el sector público como las empresas privadas de salud están obligadas por ley a informar por escrito sobre estos derechos: “Es obligación de prestadores hacer la notificación GES, que no es un relato verbal, sino dejar constancia, y el paciente firmar un formulario que tienen todos los prestadores. Hacemos un llamado a los usuarios a conocer los detalles de los beneficios del AUGE”.

En cuanto a los resultados de las fiscalizaciones en notificación de urgencia vital AUGE, en abril de este año se fiscalizaron 149 recintos asistenciales, de ellos 77 hospitales y 72 clínicas. Del total de prestadores evaluados 5 hospitales públicos y 15 clínicas cumplieron con la normativa de informar el ingreso del paciente bajo las condiciones establecidas.

Por otra parte, 45 hospitales y 41 clínicas no cumplieron, ya sea porque no notificaron o lo hicieron fuera del plazo. En tanto, 27 prestadores públicos y 14 privados no registraban casos al momento de la revisión.

La Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), que agrupa a 20 mil profesionales, dio su visto bueno a la fiscalización, a través de su vicepresidente Claudio González, quien cuestionó al sector privado por no informar a los pacientes beneficiados: “Los pacientes no son notificados que tienen derecho a ocupar el AUGE; esos costos no son asumidos por las isapres y son un derecho de los usuarios. Lamentablemente el mundo privado sale mal parado, pero muchas veces no ha querido entrar en la burocracia del Auge, porque el pago del beneficio es mucho más largo y por una supuesta incomodidad que le significa al paciente”.

El decreto AUGE 80 obliga que todos los profesionales se acrediten ante un Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, respecto de lo cual la década de Medicina de la Universidad de Chile, Cecilia Sepúlveda, solicitó que la autoridad de Salud valide el trabajo de la Comisión Nacional de Certificaciones Médicas.

“Se debe reconocer la Comisión Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, que de manera voluntaria trabajó certificando a los médicos con métodos rigurosos, y esperamos que sea reconocida como organismo válido por las autoridades sanitarias”, dijo.

El 1 de julio de 2014 las empresas de salud y los hospitales públicos que atiendan enfermedades del plan AUGE también tendrán que acreditarse, pero mediante un mecanismo público, no como las universidades.