El viernes pasado, volvió a la luz pública el caso de la colusión de las cadenas de farmacias (Cruz Verde, SalcoBrand y Farmacias Ahumada) al conocerse que la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo unánime revocó la suspensión condicional del procedimiento judicial originado en el alza concertada de precios de 220 medicamentos entre el 2007 y 2008.

De esta manera, la Corte ordenó la realización de una nueva audiencia de preparación de juicio Oral por este caso en que las cadenas mencionadas en conjunto concentran el 90 por ciento del mercado de los remedios en Chile.

La decisión del tribunal de alzada se produjo a raíz de que el 9 de julio el ex diputado DC Jaime Mulet, apelara contra la suspensión condicional del procedimiento judicial que había favorecido a 10 altos ejecutivos de las cadenas farmacéuticas, además del laboratorio Medipharm.

La decisión judicial revocada había establecido que los ex ejecutivos de las farmacias imputados en la colusión quedaban libres del proceso a cambio de un pago de 255 millones de pesos en donaciones a instituciones de caridad y que estos fueran sometieran a cursos de ética empresarial.

En concreto se trata de altos personeros de FASA Sergio Purcell y Ricardo Ewertz; los ejecutivos de Cruz Verde Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, y los ejecutivos de Salcobrand Roberto Belloni, Ramón Ávila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez. A este grupo se suma el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.

Respecto de este caso, el diputado de la DC Gabriel Silber, uno de los primeros querellantes cuando se destapo el escándalo del sobre precio de 220 medicamentos, reconoció que los acusados no van a ir a la cárcel y que las penas para los delitos de “cuello y corbata” son muy bajas.

En este sentido, el parlamentario dijo que “Si bien la corte en este caso insiste en un juicio oral abreviado, al final del día hay que decirlo con mucha claridad, las penas que establece nuestra legislación hoy son muy bajas, es muy difícil que vayan a la cárcel, pero sí es valorable que gracias a la decisión de la Corte de Apelaciones tendremos a los gerentes, a los ejecutivos de las farmacias sentados en un estrado penal”.

Por su lado, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, querellante en la parte civil del caso a través de una acción judicial presentada en el XXV juzgado insistió en que los consumidores deben ser reparados económicamente.

En esa línea, el líder de la agrupación que defiende los derechos de los consumidores señaló que “nosotros estamos invocando la Ley del Consumidor para que del patrimonio de las farmacias, de las instituciones farmacéuticas sea devuelta la plata a los consumidores que han sido despojados de su patrimonio producto de esta colusión”.

Además, el dirigente máximo de ODECU precisó que la querella reclama la devolución de 27 mil millones de pesos, monto que representaría el nivel del perjuicio causado, con cargo al patrimonio  de las cadenas de farmacias como manera de reparar a la sociedad en su conjunto.

Por esto, Stefan Larenas explicó que “lo que nosotros buscamos es que esa cifra se le devuelva a las personas o a la sociedad en su conjunto. A quienes compraron con tarjeta, las personas que tienen convenio por la vía de su sindicato, de las mutuales, esas personas son identificables, pero hay mucha gente que no es identificable. Una reparación a la sociedad que vaya a igualar por lo menos esa cantidad, por ejemplo por la vía de un fondo para la discapacidad”.

Finalmente, el presidente de la organización ciudadana referida a resguardar los derechos del consumidor nacional se mostró esperanzado en las resoluciones que pueda adoptar el tribunal civil de aquí a fin de año para reparar el daño económico que se ocasionó a miles de chilenos.