Fernando Coloma, Superintendente de Valores y Seguros, hizo pública la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou, propietario de la empresa SQM, además de dos ejecutivos y un asesor, por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y Sociedades Anónimas.

Los cargos apuntan a un esquema de operaciones de inversión y financiamiento en la Bolsa de Valores, en que las diferentes sociedades “cascada”, firmas filiales de SQM, beneficiando a las empresas de Ponce Lerou y sus asociados, entre los años 2009 y 2011. Las infracciones apuntan al uso de su cargo para obtener ventajas indebidas y operaciones entre partes relacionadas, principalmente mediante la venta coordinada de paquetes con valores más bajos, que luego serían vendidos a un precio muy mayor al promedio que exhibe el mercado.

El titular de la Superintendencia decidió hacer pública esta formulación de cargos, por el interés público que concita esta investigación, tal como ocurrió con los escándalos de La Polar, cuyo golpe afecta a accionistas minoritarios, que en ambos casos incluye a algunas AFP, con pérdidas que afectan la jubilación de los afiliados.

Presente en Londres en el marco del “Chilean Day”, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que esta acción no reviste peligro para la confianza del mercado local, quien declaró que “esto significa que en Chile las instituciones funcionan, los procesos son de acuerdo a lo que establece la legislación y la regulación”.

También desde la capital inglesa, el Superintendente Fernando Coloma advirtió que esto podría extenderse a otros organismos, como corredores de bolsa, auditoras como Price Waterhouse, y los analistas señalan que es la punta del iceberg de un golpe al corazón del sistema bursátil.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, señaló que “lo más importante es que tenemos que tener claro que debemos actuar no sólo conforme a la ley, sino que también a la ética”

Este hecho ha sido señalado como “la punta del iceberg” respecto de las irregularidades de esta empresa, y que incluso podrían afectar a Alejandro Ferreiro, miembro del Consejo para la Transparencia, quien fuera presidente de la SVS e integró el directorio de Norte Grande, que aprobó algunas operaciones cascada que hoy son cuestionadas. Analistas destacan que desde hace más de cinco años existen peticiones para que la SVS iniciara investigaciones en SQM, pero sólo Coloma –y en un plazo menor a dos años- logró dar con una formulación de cargos.

El economista Hugo Fazio, destaca que este problema se une a distintos escándalos, como la fallida licitación de explotación del litio, y la caída de las acciones de SQM al separarse el cártel del potasio en Rusia, situaciones que develan en qué manos están los recursos naturales del país.

“Lo que no existe es la defensa de recursos naturales, el asunto es que debe investigarse a fondo, Soquimich aprovecha recursos que pertenecen al país, explota concesiones que le concede Corfo. Habría que restablecer la propiedad del Estado sobre los recursos naturales chilenos, pero no del punto de vista teórico, sino práctico”, indicó.

Fazio fue más allá, y se refirió a la polémica privatización de la estatal Soquimich en los años 80, cuando Julio Ponce Lerou, entonces yerno de Augusto Pinochet, pasó de funcionario de esta empresa a ser su propietario: “Es un hecho con una trascendencia mayor a esta constatación. La historia viene de la apropiación de un recurso natural por un interés económico, en este caso de un yerno de Pinochet que aprovecha las facilidades que otorga el Golpe y la dictadura”.

Por su parte, el analista económico Roberto Meza, postula que será necesario evaluar la defensa de los cuatro ejecutivos acusados, quienes tienen 20 días plazo para sus descargos. A su juicio, una particular interpretación de la ley podría justificar los hechos cuestionados.

“Se formulan cargo por venta y compra de acciones que podrían afectar al conjunto de la sociedad. La legislación permite ese tipo de operaciones, y probablemente habría que revisar si, no obstante los cargos de la SVS, no pudiera probarse. Podría haber una interpretación de la ley donde los minoritarios no puedan defenderse”, dijo Meza.

Desde los accionistas minoritarios, solicitaron la mayor rigurosidad en los seis meses de plazo para la investigación, con infracciones que pueden ser penadas hasta con diez años de cárcel. La AFP Cuprum destacó que esta formulación de cargos surge luego de peticiones por esta investigación.