La Cámara Alta aprobó la quina con los nombres de los abogados y expertos propuesta por el Presidente de la República para integrar el Tribunal Ambiental de Valdivia, que tendrá jurisdicción en las regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Biobío.

El organismo quedó compuestos por destacados profesionales que han estudiado en el extranjero y universidades nacionales como la Universidad de Chile. A juicio de la Ministra del Medio ambiente, María Ignacia Benítez, la alta aprobación que obtuvieron los nominados  no sólo refleja el consenso político, sino que también su trayectoria.

Con esto el organismo podrá entrar en funcionamiento, siguiendo los pasos del Tribunal de Santiago y sólo resta que se habilite el Tribunal de Antofagasta que está en plena selección de los magistrados. Sin embargo, algunos parlamentarios tienen reparos con la lentitud con la que se ha desarrollado el proceso. Así lo indicó el diputado DC Patricio Vallespín, de la comisión de medioambiente de la cámara.

“La impresión que uno tiene es que fue bastante más lento de lo esperado, me habría gustado que la arquitectura institucional que ya en enero estaba promulgada la ley del 2010 hubiera estado plenamente vigente antes, pero bueno, el Gobierno tomó otros timing y definió que finalmente esté ahora, en su constitución final. Creo que ya con esto se cierra un ciclo, con una institucionalidad ambiental más robusta, con el Ministerio claramente operativo, un Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia, y creo que ahora con esto se cierra ese proceso”, comentó.

El diputado indicó que se ha podido observar  un trabajo interesante del primer tribunal implementado, el de Santiago, que ha acogido causas tan relevantes como el juicio contra el proyecto minero Pascua Lama de la empresa Barrick Gold, un tema emblemático para las comunidades de la tercera región.

Con esto coincidieron organizaciones ambientales, que observan con atención el proceso. Sin embargo, Flavia Liberona de la Fundación Terram, advirtió que la ley crea estos entes jurídicos, pero no asegura que se coordinen y entreguen veredictos en la misma línea.

“Se vinculan o se relacionan independientemente con el Poder Judicial y particularmente con la Corte Suprema, porque las cosas que no fallen también pueden ser reclamadas a la justicia ordinaria desde la Corte Suprema. En ese sentido, no hay una suerte de obligatoriedad de coordinación y, por lo tanto, podríamos tener fallos que van en un sentido en un tribunal y, para casos similares, que van en otro sentido en otro tribunal. Eso es posible que ocurra”, alertó.

La ambientalista indicó que el  número de tribunales es insuficiente, apuntando también a la dificultad que tendrían los ciudadanos de trasladarse a los centros de estas “macrozonas” para presentar sus acciones, con lo que se incumpliría el principio de igualdad ante la ley. En ese sentido, la directora de la fundación sostuvo que la actual ley ambiental no garantiza igualdad de derechos entre las personas y las empresas, lo que es grave.