Mediante un memorándum repartido a todas las instituciones que trabajan en el tema, UNICEF alertó sobre la sobreexposición en los procesos penales de los niños víctimas de delitos.

El organismo internacional sostuvo que “el Estado y todos los particulares tienen el deber de tener en cuenta el principio del interés superior del niño y tomar todas medidas necesarias para evitar una sobreexposición de los niños y niñas, ya que ello puede llevar a un serio menoscabo de su desarrollo y vulneración de todos sus derechos”.

En este contexto, UNICEF explicó que hay tres principios que deben cumplir los actores intervinientes en un proceso penal cuando éste contemple la participación de niños y niñas como víctimas o testigos: reserva de la identidad, protección del entorno y resguardo de sus derechos.

Maurizio Sovino, abogado de la Fundación Amparo y Justicia, advierte que una de las debilidades más complejas de nuestro sistema judicial en relación al trabajo con niños, niñas y adolescentes tiene que ver con que, por lo general, son entrevistados más de cinco veces por diferentes personas, las que no necesariamente están capacitadas para trabajar con ellos.

Este procedimiento desemboca en un fenómeno denominado victimización secundaria, lo que según explica el experto puede afectar de distintas maneras el desarrollo de los niños.

“En primer lugar, no se considera la doble calidad de víctimas que tienen estos niños: por una parte son personas que tienen un proceso de desarrollo tanto cognitivo o de evolución con la cual la forma de intervenir o la forma de preguntarles directamente tiene que ser distinta y adecuada a su edad. Por otra parte, no hay que dejar de considerar que ellos también fueron víctimas de un delito y estamos hablando de los peores delitos que se comenten, que son los sexuales”, comenta.

“Por eso, lo que nosotros siempre proponemos es que se capacite a las personas que intervienen con estos niños y, por otra parte, que el número de estas entrevistas sea el menor posible”, agrega el abogado. 

En tanto, Francis Valverde, coordinadora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACHNU, enfatiza en la necesidad de modificar el sistema judicial para evitar esta doble victimización, asegurando que desde el Estado no existe una visión integral que proteja los derechos humanos de niños y niñas involucrados en este tipo de procesos. 

“En Chile no existe ninguna ley de protección de derechos de niñas y niños, cada estamento del Estado funciona de manera absolutamente desarticulada y aislada la una de la otra, por lo cual no existen políticas que determinen cómo debe tratarse un niño o niña en procesos judiciales, donde tendría que ir acompañado con profesionales del sistema de protección especial, dónde la familia tendría que tener un apoyo especial. Habría que articular varios servicios, cosa que en Chile no sucede”, asegura. 

Durante el 26 y 27 de septiembre, la Fundación Amparo y Justicia realizará un seminario internacional precisamente con el objetivo de capacitar a jueces, fiscales e intervinientes del poder judicial en el trabajo con niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos.