En el marco de un conversatorio, el jefe de Justicia valoró la Ley de Entrevistas Videograbadas, que permite el resguardo de menores de edad. Mientras el defensor de la Niñez remarcó el rol de la institución en casos de violencia hacia este grupo.
Juan Carlos Reinao, el edil acusado de cuatro delitos consumados de violación, tres de abuso sexual y aborto, sostuvo que tomó la decisión de entregarse a las autoridades a pesar de no estar de acuerdo con lo que dictaminó la Fiscalía.
La titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género dijo esperar que en el juicio contra Martin Pradenas “haya justicia”. “Todas las mujeres podemos empatizar en algún grado con la violencia que Antonia sufrió”, sostuvo la autoridad.
La representante de la isla en la instancia constituyente comentó que el origen de la normativa no contó con la visión del pueblo originario y sólo es una mirada de lo que los parlamentarios de la época pensaban desde el continente de lo que eran su cultura y sus costumbres. Además, recalcó que hace 20 años han pedido que se deroguen los artículos 13 y 14 de esta normativa.
Desde la Federación de Funcionarios del Ministerio Público señalaron que no se puede garantizar eficiencia son contar con los recursos suficientes.
La normativa introduce un nuevo artículo en el Código Penal que garantiza a las víctimas el poder ejercer las acciones tendientes a llevar ante la justicia los hechos que afecten la integridad de los menores de edad, sin estar limitadas por plazos de tiempo para perseguir a los agresores.
Luego de pasar por una comisión mixta, la ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales en contra de menores se aprobó en la Cámara de Diputados con un importante apoyo. Sin embargo, la no retroactividad fue uno de los puntos polémicos de la discusión, lo que fue compartido por denunciantes de estos hechos.
Esta mañana y tras una orden de arresto emitida por el fiscal Emiliano Arias, fue detenido el sacerdote Óscar Muñoz, acusado de 7 presuntos abusos sexuales, algunos contra miembros de su propia familia.
Actualmente, niños, niñas y adolescentes que participan de procesos judiciales, ya sea en calidad de víctimas o de testigos, son interrogados por lo menos cinco veces por distintas personas, las que no necesariamente están capacitadas para trabajar con ellos. Para expertos en temas de infancia, esto revela una despreocupación de parte del Estado en la protección de sus derechos fundamentales.
Los documentos contendrían información sobre las redes de cooperación que se mantenían entre parlamentarios y funcionarios públicos con el enclave alemán. Además, revelarían los testimonios de las torturas comentidas en el recinto y antecedentes sobre los abusos sexuales. Parlamentarios emplazaron al juez ha dar a conocer estos datos y afirmaron que “insostenible” que no se divulgue el material.
