Presentan demanda contra empresa sueca por residuos tóxicos en Arica

En representación de más de 700 chilenos afectados se interpuso, ante un tribunal europeo, una demanda contra una empresa sueca por enviar residuos mineros tóxicos a Arica en los años 80, los que no fueron tratados y contaminaron la ciudad, dejando serias consecuencias hasta estos días...

En representación de más de 700 chilenos afectados se interpuso, ante un tribunal europeo, una demanda contra una empresa sueca por enviar residuos mineros tóxicos a Arica en los años 80, los que no fueron tratados y contaminaron la ciudad, dejando serias consecuencias hasta estos días...

Hace poco comenzó en Arica el mayor desarme de viviendas sociales en la historia de nuestro país. ¿La razón?, el sector donde se ubicaban las poblaciones Chuño y Los Industriales estaba contaminado con metales pesados, exponiendo gravemente la salud de la población.

La historia comienza cuando en 1984 la minera sueca Boliden llegó a un acuerdo con la firma nacional Promel para enviar 21 mil toneladas de desechos mineros al país, los que contenían mercurio, plomo y arsénico. El argumento que facilitó su ingreso fue que Promel trataría esos residuos, lo que nunca se concretó, convirtiendo el trance en un transporte ilegal de productos tóxicos. Luego la firma se desarticuló y, aparentemente, la querella presentada en su contra quedó en nada.

Sin embargo, el 2007 la Corte Suprema falló en favor de los demandantes y ordenó al Estado indemnizar con ocho millones de pesos a 374 residentes. Esta acción la condujo la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA). Su presidente, Fernando Dougnac, indicó que, para entonces, el Estado tuvo un rol lamentable.

“Es espeluznante, no solamente el Estado no tomó acciones, sino que defendió a Promel, y dijo que en definitiva no existía la Corte de Apelaciones, y alegó hasta el último momento en la Corte Suprema. El Estado que debe defenderos del abuso de estas empresas, fue aliado de ellas”, dijo.

El abogado, añadió que, posteriormente el Estado corrigió el rumbo y presentó un proyecto de ley donde reconocía la responsabilidad y se generaban una serie de medidas. Entre ellas se propuso trasladar a la gente de la población, lo que se concretó con el desarme.

Además se planteó sanear los terrenos afectados, construir escuelas especiales y levantar una Clínica del Plomo, la que está funcionando pero lamentablemente, hoy no cuenta con los especialistas para cumplir su función.

Ahora se presenta esta nueva acción, ahora ante tribunales internacionales, por cerca de siete mil 500 millones de pesos en un recurso que apunta a que se asuma la responsabilidad directa de la firma sueca en la década de los 80.

 





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