El Ejecutivo estudia la opción de cerrar el penal Cordillera, recinto destinado a diez militares condenados por violación a los Derechos Humanos. El Presidente Sebastián Piñera declaró estar evaluando esta medida, lo que responde a una petición histórica por el trato privilegiado que reciben los internos en esta cárcel.

En visita oficial a Estados Unidos, el Mandatario adelantó que se tomaría una decisión en los próximos días. En La Moneda, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, informó los dos lineamientos considerados para cerrar este penal especial: “El Presidente está evaluando los antecedentes, con dos objetivos claros: garantizar ante la ley el trato ante las condenas y segundo, ver todo lo que tenga que ver con seguridad de los internos. El Presidente tomará una decisión y lo comunicará al país”.

En estos principios –igualdad ante la ley y resguardo de integridad física- coincide el abogado Nelson Caucoto, quien apunta que existe infraestructura carcelaria para que los militares reciban un trato sin privilegios, sin poner en riesgo su integridad física.

No obstante, el abogado advierte que estas medidas abren un flanco para que los condenados por violación a los DDHH soliciten beneficios carcelarios por edad o estado de salud: “Hay que aplicar la regla general, en Chile no hay impedimento para que una persona que tenga avanzada edad tenga que cumplir pena de cárcel. El tema de los beneficios hay que revisarlo, porque se hacen sin ningún control judicial. No es gracia que se condene por un tribunal, y luego por vía administrativa se otorguen beneficios a personas que no lo merecen. La condición de avanzada edad y salud, eventualmente podría abrir una ventana por algún tipo de beneficio”.

Recordemos que el principal condenado interno en Cárcel Cordillera, Manuel Contreras, tiene 84 años, Miguel Krasnoff, otro militar interno, 67 años, situación que se repite en los otros ocho reos de este penal, todos vinculados a los crímenes cometidos por la DINA entre 1974 y 1977.

El eventual cierre de Cordillera y trasladar sus internos a Punta Peuco, surge del costo significa mantener esta cárcel, adjunta al regimiento de Peñalolén. Cancha de tenis, televisión y telefonía ilimitada, además de un gasto mensual cercano a los 50 millones de pesos, son algunos factores bajo análisis de este, el penal que tiene mayor cantidad de gendarmes por interno en el país. En resumen, el gasto público por un militar en Cordillera es diez veces mayor al costo de un reo en cualquier centro penitenciario del país.

La petición de cerrar el Penal Cordillera, o incluso ampliar este cierre a Punta Peuco, es también apoyada desde agrupaciones de Gendarmería. Guillermo Donoso, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, recalcó que el cierre es una medida justa y eficiente.

“A nosotros nos interesa que mientras menos funcionarios expuestos, es más viable. O existe un penal o ninguno, pero no se justifica tal cantidad de funcionarios cuando la necesidad no lo requiere. Por violación a los DDHH necesitan una seguridad distinta, pero no les permite un tipo de licencia sobre los demás reos, si todos somos iguales ante la ley”, indicó el dirigente.

Hace pocos días, el gobierno argentino trasladó a cárceles comunes a los últimos 25 militares en prisión por delitos de lesa humanidad, luego de una fuga en el hospital militar de Buenos Aires.

En forma paradójica y en paralelo a la discusión política por el cierre del Penal Cordillera, un grupo de adherentes prepara un almuerzo de camaradería a Miguel Krasnoff, militar condenado y recluido en este recinto, quien recibiría este homenaje mañana miércoles 25 de septiembre.