El adiós a la actual tecnología de televisión y la bienvenida a la televisión digital, que permitirá tener más canales y mejor calidad de imagen, llegará totalmente cinco años después de que esta ley se publique en el Diario Oficial. Mientras nadie duda de la ventaja tecnológica, temas de fondo como pluralidad de voces, financiamiento público y propiedad de los canales, siguen motivando controversia.

Ante las críticas, el Gobierno, a través del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Errázuriz, aduce que hay 15 mil millones de pesos en financiamiento público para televisión regional, local y comunitaria, y sobre todo para programación cultural y educativa.

“Son fondos concursables, por el lado del fondo de desarrollo de las telecomunicaciones, que son para tres años. Pero por otro lado, el Consejo Nacional de Televisión También tiene fondos y hay toda una mecánica que ya es conocida”, detalló.

El sector que más celebra estos fondos son las televisoras regionales comerciales ya existentes, además de los proyectos en carpeta de las universidades de Los Andes y Diego Portales, que preparan proyectos propios para aprovechar la ley. También es el caso de TVU (Televisión de la Universidad de Concepción), cuyo gerente, Claudio Suárez, informa que ya transmiten digitalmente en forma demostrativa y que la ley es un aporte a la programación cultural.

“Con respecto a lo que es la parte cultural, el canal de la Universidad de Concepción tiene como misión la transmisión de este tipo de programas. En definitiva nosotros creemos que es un aporte”, afirmó.

La definición de la Universidad de Chile, propietaria de 27 concesiones en las ciudades más pobladas del país (incluyendo la de Chilevisión), sigue pendiente, aunque el factor económico deja de ser una limitación en el nuevo panorama digital.

Pero el panorama no es igual para las televisoras comunitarias, que han cuestionado que ninguna de sus 20 indicaciones fue incorporada por el Gobierno. El subsecretario de telecomunicaciones, Jorge Atton, llamó a los canales comunitarios a leer el proyecto.

“Creo que es importante que este tipo de organizaciones lean la ley. Desde el punto de vista de la televisión comunitaria, regional y local, hay 40% del espectro reservado y tenemos dos tipos de fondo: al contenido, que tiene el Consejo Nacional de Televisión, y el fondo de desarrollo de las telecomunicaciones, para ayudar al desarrollo de la migración de la televisión digital, y por último un tema no menor, los canales que tengan medios propios están obligados a hacer una oferta de la parte no usada del espectro a todos los canales comunitarios”, expresó.

El vocero de la Red de Televisoras Comunitarias y Populares de Chile, Luis Lillo, dijo que la autoridad falta el respeto al sector, porque la mesa ciudadana de TV digital y los canales comunitarios han hecho por 5 años seguimiento a este proyecto.

“El señor ministro es un mentiroso. Ninguno de los 20 puntos de las televisoras comunitarias, ninguno de los 11 puntos de la mesa de ciudadanía y control digital fueron tomados en cuenta. Entonces, se dejó fuera del reconocimiento a las televisoras comunitarias. Que haya una ley de antenas que permita el desarrollo de la televisión comunitaria en la televisión, que el 50% de lo que el Estado gasta en publicidad se vaya a los medios populares de comunicación”, explicó.

Este punto débil también es detectado por la académica del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile e integrante de la Mesa de Ciudadanía y TV digital, Patricia Peña, quien dice que el proyecto benefició a los canales que ya están en el mercado.

“Las televisoras comunitarias quedan otra vez definidas a un alcance territorial que es muy inferior al de las televisoras locales o regionales. No dan relación a la entrada, por ejemplo, de proyectos de pueblos originarios, hasta ahora la ley podría permitir la entrada de una empresa que ya tenga propiedad en radio o en prensa y tampoco le pone un límite a la entrada de empresas trasnacionales de comunicación”, advirtió.

Por otra parte, la descentralización del desarrollo de la televisión a través a nivel de cada municipio fue descartado por el riesgo de proselitismo político, lo que en opinión del vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Christian Vittori, podría haber resuelto de una manera más inteligente.

“Yo creo que hay un área de desarrollo comunitario tremendamente potente, en la cual uno podría desarrollar proyectos para informar no solo de los programas comunales, sino que estamos hablando de programas nacionales, programas sociales o vecinales. La verdad es que hay un espacio potentísimo de interacción con la ciudadanía que está lejos de los temas políticos, la verdad es que esto podría perfectamente haberse regulado y haber excluido a los municipios me parece una pésima señal en esta legislación”, aseveró.

La promulgación de este proyecto legal depende de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, luego que la UDI reclamara que la definición de pluralismo de la ley, además de otros aspectos técnicos, no se ajustan a la Carta Fundamental.

El proyecto de ley de televisión digital terrestre sustituye las concesiones indefinidas por un plazo máximo de 20 años (5 años cuando son indirectas), para que el Estado, a través del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) pueda fiscalizar los contenidos. Entre los mandatos para los canales está el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales; la ley de propiedad intelectual; la transmisión de 4 horas semanales de programación cultural (2 de ellas en horario de punta), y de campañas de utilidad pública. En materia de concentración, se estipula únicamente que ninguna empresa puede tener más de una concesión por cada región del país.

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