La eventual rebaja de condena para el empresario Claudio Spiniak levantó el rechazo de parlamentarios y organizaciones, con críticas a la penalidad vigente para delitos de abuso sexual.

En septiembre Spiniak cumplió diez de los trece años que contempla la condena dictada en 2013 por estupro, producción de material pornográfico y prostitución infantil. No obstante, en 2012 el comité de jueces decreto la primera rebaja de condena por 18 meses, por cumplir con los parámetros establecidos para beneficios carcelarios.

El comité sesionará en noviembre próximo, donde se podría decretar una nueva reducción de tres meses, pudiendo con ello alcanzar la libertad en enero del próximo año.

En Chile, el reglamento penitenciario establece que “todo condenado tiene derecho a solicitar rebaja de condena” por buena conducta u otros requisitos. No obstante, surgen cuestionamientos respecto de los beneficios que reciben los imputados por delitos sexuales. Al respecto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, diDEbaputado Cristián Monckeberg, destacó que hay leyes en discusión respecto de aumentar la condena de estos delitos, y señaló que los beneficios penitenciarios no deberían atribuirse en casos de pedofilia.

“Los pedófilos no se rehabilitan. Los pedófilos en la calle son un peligro permanente. Por lo tanto, quienes están tomando en consideración la buena conducta privado de libertad, no quiere decir que se mantenga en la calle. Un pedófilo que cometió el delito y que ha abusado de menores, va a seguir haciéndolo en la medida que se produzca la primera oportunidad. Si la comisión está rebajando las penas considerando su conducta privado de libertad, no les quepa la menor duda que están cometiendo un error garrafal”, dijo el diputado.

En esto coincide José Andrés Murillo, presidente de Fundación para la Confianza, quien destacó que estos delitos deben tener una sanción especial, ya que un caso de rebaja de condena atenta además contra la recuperación de los afectados, proceso llamado “doble victimización”.

“Por las características del abuso sexual infantil, produce una indignación mayor que otro tipo de crímenes, y debería tener sanción mayor no sólo por el hecho, sino por las consecuencias a la sociedad, las víctimas y para los derechos de la infancia. Ante esas características diferentes, debería ser diferente también la sanción”, sostiene Murillo.

Por su parte, la agrupación de padres “No más abuso sexual infantil”, elevó su crítica hacia el Poder Judicial, en especial a este comité que define la reducción de condenas.

Claudia Guerrero, presidenta de la agrupación, emplazó a los jueces a tener más rigor en la aplicación de la ley: “Es un problema de criterio de los jueces, mientras no se prepare una restructuración en el caso de abusos de menores, la ley no podrá ser puesta en marcha como corresponde. La Ley no se puede cumplir por falta de criterio de fiscales, que no están capacitados para enfrentar estas situaciones, y se van a juicios abreviados o arreglos que impiden que la ley se cumpla”.

Ambas partes destacan la discusión del proyecto que elimina los beneficios carcelarios en caso de pedofilia, así también eliminar la figura de “irreprochable conducta anterior” para casos de abuso sexual infantil.

A esto se suman proyectos adaptados de otros países, como la Lista Nacional de Pedófilos, que impide su reinserción laboral en contacto con menores, además del debate por el uso de brazalete electrónico, medidas que son criticadas por “insuficientes” desde familiares de las víctimas.