El artículo 15 de la ley 19.992, que establece pensiones de reparación y otorga otros beneficios a personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos, sostiene que “son secretos los documentos, datos, testimonios, declaraciones y demás antecedentes recibidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido”.

“El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”, agrega el documento.

Este último punto es el que las agrupaciones relacionadas con los derechos humanos pretenden derogar. Por ello, han iniciado una campaña que busca permitir el acceso a estos archivos que, a su juicio, contienen información vital para causas de atropellos ocurridos durante la dictadura.

“Londres 38, espacio de memorias”, es la entidad que a través de su sitio web, se encuentra recopilando firmas, como parte de una campaña que pretende impulsar la creación de iniciativas que vayan en la dirección de permitir el acceso a este y otros archivos judiciales.

Precisamente la dificultad que existe hoy en día para acceder a este tipo de documentos se debería a la inexistencia de una norma que regule esta materia como sostiene la encargada de archivo y plataforma  digital de Londres 38, Paulina Bravo.

“Lo que revelan estos tres conjuntos de documentos tiene relación con la desprotección legal de los archivos en general. La ausencia de un régimen legal y de una ley de archivos, que tiene relación con resguardar de cualquier información pública la conservación y el acceso a la información. Por otro lado, en el caso específico de las peticiones de estos tres conjuntos de documentos que hacemos, los archivos de las comisiones en general tienen que ver con una acción política, con un proyecto de ley que inhabilite estos secretos y estos plazos”, advierte.

La razón que se dio en su momento para la creación de este artículo radica en la petición de permanecer en el anonimato realizada por algunas de las personas que participaron con sus testimonios del trabajo de la comisión Valech.

Este motivo fue respaldado por el trabajo de los asesores del proyecto de ley, quienes recomendaron, por este motivo y otros que permitían garantizar una mayor participación en este proceso, resguardar estos testimonios por un periodo de 30 años. Finalmente y por razones ajenas a la voluntad de la comisión asesora se determinó ampliarlo a 50 años, incluyendo archivos que contenían otro tipo de información, no necesariamente de carácter personal.

Para el abogado integrante de la comisión Valech, Luciano Foullioux, es importante considerar el factor de resguardo de la privacidad de los participantes.

“Me parece que la liberación de información a estos 50 años es un tema que hay que ponderar en el contexto de la situación política en general, del país y del tratamiento de la materia. Pero hay que tener mucho cuidado en resguardar la identidad de los relatos y los testimonios de las propias víctimas, porque hay envuelto en ello una situación de protección a su propia tranquilidad emocional y pública”, explica.

El jurista precisó que este punto debe considerarse sólo en el caso de las víctimas y no en el de los victimarios, para lo cual considera necesario legislar para poder obtener acceso a esa información.

Los archivos secretos de Colonia Dignidad

En junio del año 2005, en el marco de los procesos que se seguían en contra del ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, la PDI incautó cerca de 36 mil archivos con información relevante de las acciones que se llevaban a cabo al interior del enclave alemán durante la dictadura.

Este material relataba no solamente las torturas y homicidios ocurridos en su interior, sino que además de los diversos abusos sexuales a menores perpetrados por Schäfer.

Dichos archivos permanecen inaccesibles para el grueso de la población, debido a que el juez que lleva la causa, Jorge Zepeda, no ha levantado el secreto de sumario que pesa sobre esos documentos, pese a los 8 años que se cumplen desde su incautación.

Para el abogado de DD.HH., Eduardo Contreras, la información que se encuentra en esos documentos es vital para saber, por ejemplo, dónde se encuentran los detenidos desaparecidos.

“Colonia Dignidad es el más relevante de todos, porque hay evidencia de que allí podría estar oculta la inmensa mayoría de los detenidos desaparecidos. Colonia Dignidad fue un enclave nazi y nos parece impresentable que hasta el día de hoy se mantenga secreto sobre los archivos. Hay un solo juez en el país que tiene bajo reserva estos materiales, es el juez Cepeda, pero creo que es necesario que eso se abra al conocimiento público, aunque comprometa a muchos personajes de la política actual”, expresa.

Fuentes ligadas a esta investigación sostienen que dichos documentos permanecen bajo secreto debido a los efectos políticos que podría provocar su revelación.

Específicamente, se trataría de una sección que dejaría al descubierto vínculos y favores obtenidos por políticos, parlamentarios y ex funcionarios públicos, relacionados con los jerarcas del enclave, encabezados por Schäfer, entre ellos el médico Hartmut Hopp; Gerd Sewald, Albert Schreiber, Kurt Schnellenkamp y Hans Jürgen Blanck.

También existe un apartado que contiene declaraciones de presos políticos obtenidas bajo tortura en Colonia Dignidad, donde junto con los alemanes operaron agentes de la policía secreta de Pinochet.