En medio de la conmemoración de las cuatro décadas del Golpe cívico-militar, los crímenes de la dictadura van cumpliendo también cuarenta años sin justicia. Uno de ellos es el que acabó con la vida de cuatro militantes socialistas a las afueras del cementerio de Pisagua, un 29 de octubre de 1973.

Freddy Taberna, geólogo y presidente del PS regional, José Sampson, secretario de organización del partido en la zona, el piloto profesional de aviación Rodolfo Fuenzalida, y Juan Antonio Ruz, presidente del entonces “Frente Para el Progreso de Iquique,” agrupación que reunía a los dirigentes de todas las organizaciones sociales, laborales y empresariales de la región, fueron las víctimas de la matanza ordenada por la dictadura.

Hoy el proceso se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde su abogado querellante Adil Brkovic busca revertir la decisión del Juez Mario Carroza, quien estimó que al existir la sentencia de un “Consejo de Guerra”, las muertes no serían antijurídicas.

En dictadura, estas instancias dirigidas por un general, en compañía de tres o cinco militares de alto rango, juzgaban de manera rápida algún delito tipificado en el Código de Justicia Militar, que por la “situación de guerra” no eran pasadas a la justicia militar ordinaria. Estos Consejos escuchaban una breve defensa del imputado, luego se imponía la pena y se ejecutaba de manera inmediata, violando las garantías de un debido proceso.

La legalidad de estos órganos y de las condenas dictadas durante la dictadura, amparadas en el concepto, son duramente cuestionadas por el querellante, quien espera con expectación la decisión de la Corte.

“La autoridad militar monta este espectáculo, este Consejo de Guerra, donde está acreditado que inventaron los cargos y los abogados no pudieron ejercer su derecho a legítima defensa. Se les condenó por delitos que no existían, se les aplicaron retroactivamente las penas, pero lo más grave aún es que este mismo Consejo de Guerra, o la aplicación de penas de muerte a través de cualquier procedimiento de este tipo a prisioneros de guerra, constituye en sí mismo un delito de lesa humanidad, una situación que está absolutamente prohibida por los convenios de Ginebra” dijo Brkovic.

Recalcando el error jurídico bajo el que fueron asesinados los cuatro militantes del Partido Socialista en Pisagua, Haroldo Quinteros, sobreviviente del fusilamiento, destaca los motivos para condenar a sus culpables, agravados por haber violado la propia ley vigente en ese entonces, que exigía el voto unánime de todo el tribunal militar para decretar pena de muerte en “tiempos de guerra”: La negativa del entonces Mayor de Ejército, Enrique Synn, impedía llevar a cabo el brutal crimen, situación que fue obviada en pos de cobrar venganza contra quienes se oponían a la dictadura.

A cuarenta años, la agenda noticiosa y electoral ha estado marcada por temas de derechos humanos. Es de esa contingencia de la cual habla el profesor Quinteros, librado de morir solo a horas de su lapidaria condena.

“Creo que siempre fue el momento adecuado (para juzgar), el problema es que ahora se han puesto de moda los crímenes de Pisagua y de todo el país, por lo que muchos están blandiendo esa bandera electoral, hasta gente de la derecha. Desde el punto de vista político, puede ser una de las razones de que ahora se pueda, más que antes, reavivar estos temas”, apuntó apelando a las voluntades políticas más receptivas en tiempo de campaña.

Para la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) la contingencia es un “temor”. Así lo señaló Alicia Lira, su presidenta, para quien es fundamental condenar a estos y otros criminales con penas justas, que digan relación con los delitos cometidos y no con juicios preparados a la medida y destacados en año electoral: “Estos cuarenta años del Golpe Cívico-Militar, donde muchos miraron al suelo, otros pidieron perdón, otros trataron de limpiarse sangre de las manos… nosotros no queremos ese perdón, queremos que la Sala penal o la Sala donde vote la Corte Suprema vote la pena que van a llevar estos victimarios sean reales y acordes a la brutalidad de los crímenes”.

Los cuerpos de los cuatro ejecutados a las afueras del cementerio de Pisagua continúan desaparecidos. Respecto del proceso judicial contra sus perpetradores, los abogados y familiares están a la espera de que la justicia encarcele a los que están aún vivos, basando todos sus argumentos en la ilegalidad de aquellos “Consejos de Guerra” arreglados para matar.

Además de estos cuatro dirigentes socialistas, entre el 29 de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutados 26  detenidos en el Campo de Prisioneros de Pisagua.