La propuesta de crear un Observatorio Judicial ha capturado todas las miradas durante las últimas jornadas. La proximidad de las elecciones presidenciales, el que la iniciativa haya sido una propuesta de la Alianza y que su coordinación y fondos provinieran desde el Ejecutivo, fue flanco de críticas desde diversos sectores de la sociedad.

El tema, al menos en la forma, parece estar zanjado, luego de que el pleno de la Corte Suprema comunicara su versión oficial ante los hechos, donde se explicitó que: “en atención a los nuevos antecedentes públicamente conocidos y que se relacionan con la proyectada creación del denominado observatorio judicial -en el que eventualmente participarían estamentos de la autoridad pública de otro poder del Estado-, los cuales consisten en que tal idea no se llevará a cabo en los términos proyectados, por razones que son propias de sus gestores, esta Corte Suprema manifiesta que de ese modo, y previo ratificar las actuaciones y declaraciones anteriores de sus representantes, estima totalmente superado el referido asunto”.

Esto en contraposición a las declaraciones que durante la semana hiciera el presidente subrogante de la entidad, Milton Juica, quien criticó duramente la propuesta, calificándola como una “clara intromisión” del Ejecutivo en otro poder del Estado, atentando contra su legitima separación.

Quitándose del barullo electoral, abogados expertos en materia de transparencia aseguraron estar de acuerdo con el fondo del tema: la creación de una plataforma que permita a la ciudadanía acceder, de manera simplificada, a los datos del Poder Judicial.

Así lo reafirmó Claudio Nash, coordinador académico del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios, para quien el problema radicaba en la forma, destacando el fondo. “Yo creo que aporta en términos de transparencia, ayuda a fortalecer el estado de derecho. Es importante que una sociedad democrática, es importante que conozcan la actividad de sus jueces, en eso debiera haber un claro consenso. La pregunta es las condiciones en que eso se debiera dar para que eso sea plenamente legítimo”, apuntó.

Pese a no estar de acuerdo con la utilización del término “observatorio”, el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, en entrevista con Radio Universidad de Chile, calificó en positivo el avanzar en materia de transparencia. Sin embargo, a su juicio, esta plataforma debería estar a cargo del propio poder.

“Ojalá sea el Poder Judicial, o incluso ellos mismos lo liciten a ciertas universidades. Yo creo que esto es un tema de tecnología que permitiría mejor información sobre lo que pasa en el Poder Judicial, sobre las sentencias, y no solamente para lo que se ha hablado en tema delitos, o crímenes, también la justicia laboral, la justicia civil debiera estar dentro de esto”, insistió, recalcando la importancia de abrir el abanico a todas las esferas de la justicia.

En cuanto a la disminución en la cifras de delincuencia que la fórmula podría traer, el abogado enfatizó que sólo ayudará en la creación de políticas públicas que tiendan a su reducción, pero que en sí misma, la responsabilidad no recae solo en los jueces.

“Yo creo que no va a acabar con los índices de criminalidad, yo creo que eso va a acabar cuando se solucionen los serios defectos que tenemos en el área de investigación, en el área del ministerio público por distintas razones como faltas de recursos, falta de fiscales, faltas de voluntad, falta de muchas cosas”, sancionó Delaveau.

La propuesta en sí, anunciada a comienzos de semana por la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, ha perdido validez. Fue la propia Universidad Adolfo Ibáñez, quienes en el diseño estaban a cargo del proyecto que coordinaría la Subsecretaría de Prevención del Delito, los que desistieron de recibir recursos del Ejecutivo, asegurando que continuarán con la idea del observatorio, pero de manera autónoma, según informó el rector de la casa de estudios privada, Andrés Benítez.

Pese a ello, las críticas continuaron, siendo el propio defensor nacional, Georgy Schubert, quien sostuvo que si con la iniciativa se buscaba responsabilizar a los jueces por la delincuencia se equivocaba el camino, advirtiendo que si lo que se quiere con el Observatorio es efectuar un listado de jueces que conceden la libertad a imputados, se caería en una presión indebida.