La Comisión Internacional para el Censo de población y vivienda 2012 validó los resultados del censo encabezado por el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, quien en su momento fue severamente cuestionado por irregularidades en el proceso, principalmente asociadas a la omisión del 9,3% de la población de Chile, que no fue encuestado.
Los especialistas en censos Roberto Bianchini (de Italia), Griffith Feeney (de EE.UU.), y Rajendra Singh (de India), concluyeron que este nivel de omisión está dentro de lo razonable, dada la complejidad que implica la realización de un censo. Se dio el caso del Reino Unido, que en su más reciente censo, no encuestó al 6% de sus habitantes. Pese a ello, Roberto Bianchini, afirmó que es difícil calificar al censo 2012 en comparación con la experiencia internacional.
“No hay un estándar para decir si estos datos omitidos fueron un error a o no lo fueron. ¿Por qué? Porque hay varias dimensiones y un censo es una operación estadística muy compleja, en que cada país asume sus propias características, porque la situación difiere de un país a otro. Y hay diferentes tipos de censos”, señaló.
Que existan diferentes tipos de censo implica que las entrevistas en terreno pueden ser combinadas con datos administrativos, porque el Estado cuenta con información de las personas a través de organismos como el Registro Civil, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Fondo Nacional de Salud (FONASA) e Inmigración, y eso debería ser suficiente para saber cuánta gente hay en Chile y cuáles son sus características demográficas.
Uno de los temas críticos se refiere a lo que se conoce como “imputación por donación”, que consiste en atribuir datos de casas encuestadas a casas que no lo fueron, con similares características. La comisión dijo que este mecanismo está en los manuales de Naciones Unidas, y por lo tanto es razonable que el censo chileno haya usado esta metodología para abarcar los hogares no entrevistados, que abarcarían a cerca de 800 mil personas.
Al saber de esto, el ex director del INE, Francisco Labbé, reiteró que este procedimiento no implica adulterar datos: “Todos los censos tienen problemas, no hay censos que no tengan problemas, algunos con temas serios. Que este censo tenga problema es parte de ello, pero lo importante es la solución que se le dará”.
Pese a estas conclusiones, el diputado del PPD, Ramón Farías, integrante de la comisión parlamentaria que estaba a la espera de este informe internacional, insiste en que el ex director del INE, Francisco Labbé, es responsable de cómo se hizo el censo, cómo se informó al Presidente y cómo dio acceso a personas contratadas irregularmente pese al requerimiento legal de confidencialidad.
El diputado indicó que “aquí hay una responsabilidad con la decisión de Labbé, y cómo él incide que tanto el ex ministro Longueira como el Presidente Piñera tomen decisiones equivocadas. Incluso, hay cosas no claras como triangulación de dineros, contratar personas sin contrato, personas que participaron de procesos sin tener un vínculo formal”.
Por su parte, la ex ministra de MIDEPLAN (actual Ministerio de Desarrollo Social) y académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, Cecilia Pérez, dice que el Estado carece de estadística a nivel comunal, porque el Gobierno decidió que la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) no midiera a esta escala.
“Ya nos habían dado la mala noticia con la Casen que no tendríamos datos de representación comunal. Si no tenemos Casen y no tenemos censo válido, estamos en el peor de los mundos”, dijo.
Importa recordar, finalmente, que este censo, publicitado en su momento como “el mejor de la historia de Chile”, tuvo un costo de 160 mil 700 millones de pesos, más el pago a una comisión de expertos chilenos, más el pago a una comisión internacional, y más el costo de corregir los datos mediante procesos administrativos.
