Sin recursos para adelantar la subvención escolar preferencial (SEP) para estudiantes vulnerables de tercero y cuarto medio, la Comisión Mixta despachó el Presupuesto 2014.

Durante la tarde del jueves la ley fue aprobada y despachada en tercer trámite, se fue a Comisión Mixta y luego fue aprobada en ambas Salas, por lo que ahora espera su pronta promulgación, dentro del plazo legal que estaba fijado para este viernes 29 de noviembre.

Al finalizar la sesión, visiblemente molesta, la Ministra de Educación Carolina Schmidt ,se refirió a este rechazo indicando que la decisión afectaría a cerca de 200 mil jóvenes y aseguró el 98 por ciento de los municipios recibe subvención escolar

“Todos los estudios realizados por las personas y expertos de todas las tendencias políticas demuestran la importancia, relevancia y la eficacia que ha tenido la subvención escolar preferencial para ayudar a equiparar la cancha y a darles mayores oportunidades a los alumnos más vulnerables. Por eso encuentro lamentable lo que ha ocurrido en el Congreso, esto es un fracaso para los alumnos y los establecimientos que necesitan la SEP para poder entregar mayor equidad en la educación en Chile”, dijo la ministra.

Su par de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que el presupuesto se aprobó casi en su integridad, aunque lamentó lo ocurrido con la partida de Educación y anunció que el Gobierno insistirá con un veto presidencial o un proyecto de ley con discusión inmediata, lo que analizarán con el presidente.

Discusión política

“No tenemos porqué hacer sufrir a los jóvenes vulnerables por una medida que, como fue reconocida por los mismos parlamentarios de la oposición en la Cámara, es una decisión política”, afirmó el titular de Hacienda finalizando su balance.

El argumento de la Nueva Mayoría fue que esta discusión era irreal, porque el proyecto de ley SEP al que se alude ni siquiera se había materializado. A esto apuntó el diputado DC, José Miguel Ortiz.

“Es prácticamente inconstitucional eso. Nunca se había presentado que en un presupuesto de la Nación se busque financiamiento para un proyecto de ley. Yo les digo que somos serios y responsables, por qué no presentan un proyecto durante la próxima semana con discusión inmediata y el financiamiento lo sacan del fondo soberano de responsabilidad social, eso lo dio a entender ayer el ministro de Hacienda. Si es que es tan necesario, no tenemos problema en que se legisle el tema, pero donde corresponde: En un proyecto aparte”, detalló el parlamentario, respondiendo a la molestia del Ejecutivo.

Además, los parlamentarios sostuvieron que no se disminuyeron los fondos del SEP, sólo se enviaron al Tesoro Nacional para que sea el próximo Gobierno el que determine las prioridades. Recordemos que esta partida también fue polémica, cuando la oposición calificó de “estrecho” el erario y pidió que se aumentaran estos recursos.

Es por eso que desde la Alianza se apuntó a una estrategia política de la Nueva Mayoría, liderada justamente por Ortiz, para conseguir los recursos necesarios para la implementación de las 50 medidas que prometió Bachelet. Pero la intención de una facción de la DC de respaldar en bloque a la candidata se habría visto interferida por algunos demócrata cristianos como Matías Walker, que no estaban dispuestos a rechazar el financiamiento por considerarlo un aporte.

Esta fractura obligó al jefe de la Bancada DC, Ricardo Rincón a dar “libertad de acción” a los parlamentarios. Así se solucionaron otras discrepancias que existían con el gobierno. Por unanimidad se rechazó la petición de homologar los salarios de los trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), a los de sus pares de la Fundación Integra y se repuso el fondo de Apoyo regional que creó el Subsidio al Transantiago (fondos espejo para las regiones).

Argumentos económicos

Recordemos que muchas de estas discrepancias, comenzaron con un presupuesto que recibió desde sus orígenes duras críticas al estar construido sobre un estimativo de crecimiento para el próximo año del 4.9 por ciento, cuando el general de las estimaciones hoy apuntan sólo a un cuatro por ciento, lo que mermaría el margen de flexibilidad y de capacidad de acción del futuro Gobierno.

Ante esto el economista, académico de la Universidad de Chile y ex Decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Jospeh Ramos indicó que: “El presupuesto tiene como meta el reducir el déficit fiscal estructural al uno por ciento y el poder hacer eso sí depende de cuánto se recauda. Con un crecimiento de un cuatro por ciento que es lo que la mayor parte de los analistas estima para este año que viene”. Esto podría representar malas evaluaciones económicas del cierre de un primer año de gestión.

A la proyección optimista de las actuales autoridades habría que descontarle el adicional que puedan acordar con los empleados del sector público, quienes se han movilizado pidiendo un 7,7 por ciento de reajuste y con quienes se reúne este viernes el ministro Larraín.

Así, desde el plano económico Ramos le quitó el dramatismo al debate político por los fondos de libre disposición: “Es lógico que un Gobierno entrante quiera tener el máximo de libre disponibilidad de fondos, o sea, no se trata de tener más dinero, pero sí de poder asignarlo como quiera. Por otro lado, el Gobierno saliente suele ser un poco más tacaño, porque quiere dejar asignados fondos a asuntos que considera relevantes”, afirmó.

Ramos añadió que las diferencias deben resolverse en un debate y que la discusión parlamentaria obliga a llegar a un acuerdo. Esto cuando, recordemos, la posibilidad de aumentar los recursos es una atribución exclusiva del presidente de la República, y los Diputados y Senadores sólo pueden negar partidas, lo que no tiene mayor efecto porque, si el presupuesto llegara a ser rechazado en su totalidad o no alcanzara a tramitarse en plazo, entraría a regir de forma automática el erario correspondiente al periodo anterior.

Recordemos que el Presidente del Senado, el DC, Jorge Pizarro, ha advertido, ya cerrando el debate, que “si el próximo Gobierno quiere recursos adicionales va a tener que utilizar algunas atribuciones como modificar la ley de presupuesto vía asignaciones internas en algunas partidas o materializar una reforma tributaria”.