Según el último informe del World Economic Outlook (FMI), en los últimos seis años el costo del Estado chileno ha promediado un 23% como porcentaje del PIB, superando a Perú (19%), aunque inferior a Colombia (28%); Argentina (38%) y Brasil (39%), así como a aquellos países a los que aspiramos a igualar como Portugal (48%) y Australia (36%) e incluso inferior a EEUU (39%). Según la Dirección de Presupuestos (Dipres), entre 1990 y 2012 los recursos para la gestión del Estado chileno se han incrementado en 294%, considerando gasto fiscal y asignaciones municipales.
Como se sabe, las fuentes de ingresos del Estado para los efectos anteriores son básicamente la recaudación tributaria y sus múltiples vías y el eventual aporte de las empresas estatales (varias de ellas implican egresos más que ingresos). En Chile se aplica el impuesto a la Renta (primera categoría, global complementario, de segunda categoría, a las mineras privadas, otros), al Valor Agregado (IVA, que significa más del 50% de los ingresos tributarios); a productos específicos (tabacos, combustibles, otros), ciertos actos jurídicos y al Comercio Exterior (aranceles aduaneros). En ingresos por actividad empresarial estatal, Codelco aporta alrededor del 15% promedio (2000 y 2010) del Presupuesto anual, gracias a que realiza el 27% de las exportaciones del cobre del país. Alternativa adicional de financiamiento es endeudarse, aunque el Estado de Chile es hoy acreedor internacional.
Desde el punto de vista de la administración de estos recursos, las autoridades hacen cada año estimaciones de los ingresos esperados y se calculan los gastos probables dentro de un marco referencia vigente desde 2001 (Regla de Balance Estructural), que se inició apuntando a terminar los ejercicios con un superávit estructural del 1% (para generar confianza en los inversionistas mundiales), aunque hoy es de un déficit de 1%.
En la última década, el costo del Estado ha oscilado relativamente poco como porcentaje del PIB, dado que también éste último ha ido creciendo. Según la Dipres, entre 1990 y 2012, la cifra ha fluctuado entre el 18% y 25% del PIB. Para 2012, el guarismo se ubica en 23% y los expertos prevén que el presente ejercicio estará en similar rango. El Estado más “pequeño” en relación al PIB se observó en 2006-2007 (18,7% y 19,3%, respectivamente), mientras que el más “grande” se registró en 2009 (25% del PIB), coincidiendo con la crisis financiera mundial.
En términos de montos absolutos, estos recursos han ido en aumento todos los años, casi a la par con el Gasto Social que ha ido creciendo en relevancia. Así, en 1990 fue de $7.634.280 millones (21,8% del PIB, correspondiente a US$14.6 mil millones, a dólar 2013), mientras que en 2012 la cifra se elevó a $30.047.576 millones (23% del PIB, equivalente a US$57.5 mil millones a dólar 2013) y en 2013, a una cifra similar. Es decir, el costo del Gasto Social del Estado en los últimos 22 años casi se ha casi triplicado
El análisis acerca de las dimensiones del Estado está directamente asociado al debate respecto de su rol en la economía. En efecto, de acuerdo a la concepción liberal, el Estado debe tener un papel promotor de la libertad e iniciativa individual en la sociedad, para lo cual debe dejar el máximo espacio para el desarrollo de los privados y actuar en economía y lo social sólo de manera subsidiaria, es decir, cuando los particulares no pueden o no quieren producir un bien o servicio indispensable para el buen funcionamiento social. Por el contrario, quienes prefieren el Estado de Bienestar apuntan a que su tarea es “redistribuir la torta” generada socialmente a través de impuestos, de modo de asegurar a toda la población derechos básicos como la salud, educación y otros de modo universal.
En Chile, el esquema ha tendido a ser mixto: promover la iniciativa individual y el emprendimiento, pero dando al Estado un rol de equilibrio social. En efecto, el informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2012 y Actualización de proyecciones para 2013 de la Dipres señala que el crecimiento del Gasto Social acumulado en 2000-2012 se ha duplicado (113,2%).
Las cifras anteriores, empero, no incluyen el sistema previsional que, a diferencia de otras naciones, es en Chile de “capitalización individual” y por consiguiente no se registra como gasto público, reduciendo en el balance general el costo del Estado. Como se sabe, los actuales niveles de capitalización de las AFP superan los US$ 163 mil millones, cifra que si se sumara como costo fiscal haría incrementar el tamaño del Estado sustancialmente, respecto de un PIB anual que no supera aún los US$ 300 mil millones. Es decir, el tamaño del Estado chileno, según medición respecto de PIB y sin considerar gastos previsionales totales, se ubicaría en el promedio de los países de nuestro nivel de desarrollo.
