El texto legal buscaba sancionar a quienes emplearan la violencia contra integrantes de las fuerzas de orden y seguridad pública o Gendarmería en el cumplimiento de sus funciones, teniendo como agravante el ocultamiento de la identidad.

La ley, que se tramitó por dos años, fue rechazada por los parlamentarios de oposición, quienes la acusaban de criminalizar la protesta social.

Esta posición fue criticada por el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, que calificó de inconsistentes a los parlamentarios opositores puesto que, en opinión del secretario de Estado, este proyecto no tenía grandes diferencias con uno enviado en 2006 por Michelle Bachelet.

Durante el debate en sala, Chadwick afirmó que la insistencia del Gobierno se debe a la necesidad de proteger el derecho a manifestación pacífica.

“Creemos que es necesario en una perspectiva del país entender que hoy, como se entendió a partir del año 2006, el derecho a reunión pacífica está amenazado por un grupo de personas que lo utilizan y se aprovechan de esa circunstancia para cometer delitos, cometer actos violentos, ocultar su identidad, generar daños a las personas y a la propiedad y, al mismo tiempo, desvirtuar las motivaciones y los objetivos del legítimo derecho a reunión”, dijo el ministro.

Alberto Cardemil, diputado de RN y ex subsecretario del Interior de la dictadura pinochetista, indicó que el próximo gobierno se verá obligado a legislar sobre esta materia.

“En los próximos cuatro años, un proyecto de ley sustancialmente parecido a este va a tener que ser analizado y votado por las Cámaras, porque es una ley importante y necesaria para la institucionalidad, para el respeto a la policía, para el respeto al orden público, para el respeto del ejercicio legítimo de los derechos garantizados en la Constitución”, aseveró el parlamentario.

En tanto, el parlamentario UDI Gustavo Hasbún, acusó mezquinos intereses partidistas en la votación de la llamada Nueva Mayoría, agregando que sólo defendían a criminales vinculados a sus colectividades.

“Aquí la señal que se dio es que ellos no legislan para Chile, no legislan para mejorar nuestra sociedad, sino que legislan con intereses partidistas, porque ellos saben que la gran mayoría de quienes son responsables de los desórdenes, que son responsables de la alteración del orden público, son personas ligadas a los partidos políticos”, argumentó el UDI.

El diputado socialista Marcelo Díaz salió al paso de estas declaraciones, calificando el proyecto de inútil y torpe.

“Es un proyecto innecesario, torpe, que tiene una sola consecuencia: criminalizar la protesta social. Vuelvo a reiterar lo dicho anteriormente, no hubo ni una opinión de un abogado penalista constitucionalista que no fuera traído a esta sede por el Ejecutivo que señalara que este proyecto iba a ser útil para el fin políticamente o jurídicamente buscado”, defendió el socialista.

Su par DC, Matías Walker, aseveró que la iniciativa del ejecutivo no tenía ningún sustento legal.

“El proyecto del gobierno pretende sancionar a una persona por el sólo hecho de ocultar su rostro, no como agravante de responsabilidad penal, sino por el sólo hecho de ocultar el rostro en el contexto de una manifestación social. Una persona, por ejemplo, puede estar ocultando su rostro para evitar los efectos de una bomba lacrimógena y puede no estar cometiendo ningún delito”, agregó.

Con el rechazo de la Cámara de Diputados a la propuesta de la Comisión mixta, y luego del rechazo del Senado, la llamada Ley Hinzpeter queda totalmente desahuciada, salvo que el Gobierno buscara insistir por medio de un veto, posibilidad que hasta el momento no se ha explorado en La Moneda.