El diferendo marítimo presentado por Perú ante la Haya tendrá resolución durante las próximas semanas. La fecha, ya definida para el próximo 27 de enero, vendrá a cerrar un ciclo que se inició en 2008, cuando el fronterizo país decidiera demandar al Estado chileno para establecer límites marítimos que Chile defiende con tratados internacionales firmados por ambas naciones.

El añoso proceso ha pasado por variados momentos: presentación de la demanda, aceptación de la misma por parte del tribunal, exposición de antecedentes y defensa de posturas, para llegar a culmine decisión, la que los dos gobiernos han declarado aceptarán.

Las lecturas de cómo Chile ha llevado el caso son diversas. Para Gabriel Gaspar, ex embajador de Chile en Cuba y Colombia y actual director del programa de Análisis de Coyuntura de Fundación Chile 21, la defensa en términos jurídicos, en la que Chile se ha ajustado al derecho, ha sido óptima. Sin embargo, los problemas se presentan a la hora de privilegiar las relaciones económicas con Perú.

“Si el objetivo era defender las inversiones económicas chilenas en Perú, que me parece válido, si el objetivo era ese, sí se ha hecho todo lo conveniente, pero en mi opinión aquí no sólo estaba el tema de las inversiones, porque el interés nacional de Chile es mucho más amplio y aquí están en juego temas de soberanía nacional y la soberanía está por encima de los intereses particulares y privados. Lo primero es una crítica al enfoque mercantilista, negador del conflicto, que en definitiva nos desarma políticamente, que envía señales equivocadas”, argumentó.

Para el profesional, una buena medida a tomar sería plantearle “al Perú que formalice en un tratado o nota reversal, que no tiene más demandas con territoriales o de ningún otro tipo contra Chile, eso sería una muestra de confianza. Pero cuando lo hemos planteado a Cancillería, ellos responden que eso podría dañar las buenas relaciones que tenemos, pero no estamos en excelentes relaciones”, aseveró.

El también ex embajador de Chile en Israel y académico de la facultad de Derecho de nuestra casa de estudios, José Rodríguez Elizondo, comparte la visión económica de la Cancillería, pero ubica el fenómeno en la historia de las relaciones internacionales del país.

“El tener una relación económica global como tenemos es un gran éxito, pero yo diría no en una órbita de la diplomacia tradicional, que es política, sino en la órbita del comercio exterior. De algún modo, nuestra Cancillería ha sido un gran ministerio de comercio exterior, tema que viene de la historia misma de las Cancillerías de América Latina, lo que históricamente podemos resumir en dos puntos: A partir de la Independencia, que fue fruto de una fractura con la metrópolis y que nos dejó sin historia diplomática previa, nosotros fuimos teniendo una política exterior marcada por la presencia activa de la fuerza, recordemos que llegamos en esta posición con Perú a los extremos más graves que se pueden llegar, que es el de una guerra, la guerra del Pacífico”, explica.

“De ahí en más, emana una bifurcación, el Perú fue puliendo –por razones obvias- la diplomacia civil tradicional política, estableciendo una especie de escuela diplomática en Torre Tagle, y nosotros nunca invertimos lo necesario en diplomacia, prueba efectista que sólo en 2005 nuestra Cancillería tiene sede propia. Yo en mis libros he planteado estos temas, nunca nadie se ha puesto a estudiar cómo la historia de nuestra diplomacia condiciona los resultados que estamos teniendo”, agrega.

En esa línea, el profesional descarta que un triunfo o derrota en el diferendo pueda ser atribuida a un gobierno.

Asimismo lo plantea Alberto Sepúlveda, académico y actual presidente de la Asociación Chilena de Especialistas Internacionales (Achei).

“En el caso de los arbitrajes que hemos tenido con Argentina, en ningún momento se atribuyó al gobierno de turno la culpa. Decir que un gobierno es responsable del buen o mal resultado es absurdo”.

De la misma manera, y analizando todas las alternativas posibles a la salida del diferendo, Sepúlveda apuntó que “en vista de la contingencia internacional de otros grandes tres grandes conflictos marítimos (Islas en Asia, aguas del Polo Norte y las proyecciones marítimas, y la posibilidad futura de un conflicto por la Antártica), en los cuales están embarcados las grandes potencias, donde lo lógico es que estos conflictos vayan a la Corte, esta tiene que ser creíble para todos y con este juicio estaría jugando ganarse el prestigio. La idea es que los dos contendientes acepten el fallo sin mayores problemas para no repetir el caso Colombia-Nicaragua, ese es el problema que tiene la Corte ahora, qué solución busca para dejar poco descontenta a las dos partes”.

El también vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Asociados de Estudios Internacionales (FLAEI), plantea como justo y legítimo que Perú haya presentado esta demanda y apela a que el país juzgue consecuentemente con su historia fronteriza, donde muchas veces ha solicitado definiciones internacionales, sin por ello declararse enemigo de alguna nación.

Respecto de las palabras del ex Canciller peruano José García Belaunde, quien plantea una comisión conjunta para implementar las medidas para ejecutar el fallo, tanto Gaspar como Rodríguez señalan que las declaraciones se están adelantando a la resolución, ya que en caso ser a favor de Chile no sería necesario este comité binacional.