El informe de la comisión mixta que zanjó las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado quedó listo para su último trámite, luego de que fuera aprobado por unanimidad en la Cámara Alta.
Fuentes del Congreso aseguran que la iniciativa será finalmente votada en la Cámara Baja durante el mes de enero, cabe mencionar, último mes de actividades antes del receso de febrero y el cambio de autoridades.
La iniciativa considera que las farmacias y centros de venta establecidos cuenten con un depósito mínimo obligatorio de medicamentos bioequivalentes, y que la industria farmacéutica certifique la eficacia de los productos elaborados, entre otros aspectos.
Para director del Instituto de Salud Pública, Stephan Jarpa, quien anunció además que se alcanzó el compromiso de certificar 310 medicamentos de estas características, son más que positivas las nuevas atribuciones legales que tendrá la institucionalidad.
“Hoy estamos ad portas que se apruebe en la Cámara Baja, lo que da más atribuciones al ISP para vigilar y exigir la disponibilidad de medicamentos. Podemos tener un trabajo conjunto con distintos actores del mercado, pero ya con atribuciones legales”, dijo.
Disímil es la opinión de Yuri Carvajal, de la división académica de políticas y gestión de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien pese a valorar la regulación y el fortalecimiento de la bioequivalencia, aún tiene reparos.
El experto lamenta que el acento de la ley está vinculado en la regulación de precios y no desde el punto de vista de la eficacia y la participación de los actores en el problema del acceso a los medicamentos.
“Me parece que es un problema de desarrollo tecnocientífico, y cómo logramos una participación equilibrada de los pacientes, personas comunes y corrientes en la regulación de todo lo que tiene que ver con distribución, comercialización y producción. Chile no avanza un ápice en desarrollar una industria local y en su diálogo con las patentes. En esos dos caminos, estamos igual que antes de la ley”, indicó.
Además, Carvajal insistió que el sistema no se puede regular sólo a través de los precios y del mercado: “Acceso no es sólo precio, sólo mercado, es también redes que aseguren gratuidad. Que la gente consuma paracetamol importa poco, pero en quimioterapia, el tema está no está regulado por bioequivalencia, sino por precio y patente, y por las elecciones que hacen los especialistas”.
Cabe recordar que esta Ley se originó luego de las denuncias de colusión de precios de las tres grandes cadenas farmacéuticas, por lo que su principal misión es transparentar costos y acceso a bioequivalentes.
El informe de la comisión mixta que zanjó las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado quedó listo para su último trámite, luego de que fuera aprobado por unanimidad en la Cámara Alta.
Fuentes del Congreso aseguran que la iniciativa será finalmente votada en la Cámara Baja durante el mes de enero, cabe mencionar, último mes de actividades antes del receso de febrero y el cambio de autoridades.
La iniciativa considera que las farmacias y centros de venta establecidos cuenten con un depósito mínimo obligatorio de medicamentos bioequivalentes, y que la industria farmacéutica certifique la eficacia de los productos elaborados, entre otros aspectos.
Para director del Instituto de Salud Pública, Stephan Jarpa, quien anunció además que se alcanzó el compromiso de certificar 310 medicamentos de estas características, son más que positivas las nuevas atribuciones legales que tendrá la institucionalidad.
“Hoy estamos ad portas que se apruebe en la Cámara Baja, lo que da más atribuciones al ISP para vigilar y exigir la disponibilidad de medicamentos. Podemos tener un trabajo conjunto con distintos actores del mercado, pero ya con atribuciones legales”, dijo.
Disímil es la opinión de Yuri Carvajal, de la división académica de políticas y gestión de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien pese a valorar la regulación y el fortalecimiento de la bioequivalencia, aún tiene reparos.
El experto lamenta que el acento de la ley está vinculado en la regulación de precios y no desde el punto de vista de la eficacia y la participación de los actores en el problema del acceso a los medicamentos.
“Me parece que es un problema de desarrollo tecnocientífico, y cómo logramos una participación equilibrada de los pacientes, personas comunes y corrientes en la regulación de todo lo que tiene que ver con distribución, comercialización y producción. Chile no avanza un ápice en desarrollar una industria local y en su diálogo con las patentes. En esos dos caminos, estamos igual que antes de la ley”, indicó.
Además, Carvajal insistió que el sistema no se puede regular sólo a través de los precios y del mercado: “Acceso no es sólo precio, sólo mercado, es también redes que aseguren gratuidad. Que la gente consuma paracetamol importa poco, pero en quimioterapia, el tema está no está regulado por bioequivalencia, sino por precio y patente, y por las elecciones que hacen los especialistas”.
Cabe recordar que esta Ley se originó luego de las denuncias de colusión de precios de las tres grandes cadenas farmacéuticas, por lo que su principal misión es transparentar costos y acceso a bioequivalentes.
El informe de la comisión mixta que zanjó las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado quedó listo para su último trámite, luego de que fuera aprobado por unanimidad en la Cámara Alta.
Fuentes del Congreso aseguran que la iniciativa será finalmente votada en la Cámara Baja durante el mes de enero, cabe mencionar, último mes de actividades antes del receso de febrero y el cambio de autoridades.
La iniciativa considera que las farmacias y centros de venta establecidos cuenten con un depósito mínimo obligatorio de medicamentos bioequivalentes, y que la industria farmacéutica certifique la eficacia de los productos elaborados, entre otros aspectos.
Para director del Instituto de Salud Pública, Stephan Jarpa, quien anunció además que se alcanzó el compromiso de certificar 310 medicamentos de estas características, son más que positivas las nuevas atribuciones legales que tendrá la institucionalidad.
“Hoy estamos ad portas que se apruebe en la Cámara Baja, lo que da más atribuciones al ISP para vigilar y exigir la disponibilidad de medicamentos. Podemos tener un trabajo conjunto con distintos actores del mercado, pero ya con atribuciones legales”, dijo.
Disímil es la opinión de Yuri Carvajal, de la división académica de políticas y gestión de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien pese a valorar la regulación y el fortalecimiento de la bioequivalencia, aún tiene reparos.
El experto lamenta que el acento de la ley está vinculado en la regulación de precios y no desde el punto de vista de la eficacia y la participación de los actores en el problema del acceso a los medicamentos.
“Me parece que es un problema de desarrollo tecnocientífico, y cómo logramos una participación equilibrada de los pacientes, personas comunes y corrientes en la regulación de todo lo que tiene que ver con distribución, comercialización y producción. Chile no avanza un ápice en desarrollar una industria local y en su diálogo con las patentes. En esos dos caminos, estamos igual que antes de la ley”, indicó.
Además, Carvajal insistió que el sistema no se puede regular sólo a través de los precios y del mercado: “Acceso no es sólo precio, sólo mercado, es también redes que aseguren gratuidad. Que la gente consuma paracetamol importa poco, pero en quimioterapia, el tema está no está regulado por bioequivalencia, sino por precio y patente, y por las elecciones que hacen los especialistas”.
Cabe recordar que esta Ley se originó luego de las denuncias de colusión de precios de las tres grandes cadenas farmacéuticas, por lo que su principal misión es transparentar costos y acceso a bioequivalentes.
