Sin mayores anuncios, el pasado 16 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº20 que establece la norma primaria de material particulado respirable PM10. Este decreto viene a reemplazar el texto de 1998 (modificado el 2001), regulaciones en las que se establecían dos parámetros para medir la contaminación atmosférica: una norma diaria de niveles de contaminante, que permite decretar alertas, preemergencias y emergencias ambientales, y una anual.

En esta oportunidad se realizan drásticos cambios en el tipo de normativa, tal como explicó el director ejecutivo de la ONG Océana, Álex Muñoz, quien también se refirió a los impactos de la medida.

“Es una reforma nefasta, triplica el límite autorizado para contaminar. Si comunidades como Ventanas o Huasco tenían un máximo determinado, esto se aumenta tres veces. Además, el promedio para medir si la norma se sobrepasa, será anual y no diario, por lo que se esconderán los peak de contaminación”, señaló.

El ambientalista indicó que este cambio va a aplanar las estadísticas y se pierde capacidad de reaccionar ante un evento de uno o dos días. “Es muy grave” afirmó y añadió que, dado que la normativa se publicó después de las elecciones y a final de año, buscar esconder a la población de una noticia que los va a afectar, por lo que sólo sería una forma de potenciar la inversión de empresas de la energía y de la minería a costa de la salud de la población.

El decreto surge en un contexto de inquietud de los inversionistas ante fallos adversos en los tribunales, como es el caso de las indemnizaciones de ENAP en Puchuncaví o de la paralización de la central Bocamina II en Coronel.

En ese sentido, las comunidades temen que el Gobierno se esté poniendo de lado de las empresas y no de la ciudadanía, ya que un relajo de la norma podría permitir, por ejemplo, que ingrese la rechazada central Punta Alcalde en la región de Atacama.

Andrés León, de la organización ciudadana por las dunas de Ritoque se refirió al respecto: “Implica que se pueden eliminar las zonas de latencia, las que están a punto de estar saturadas, como Quintero-Puchuncaví. Sin esta indicación, pueden ingresar nuevos proyectos, lo que empeoraría el escenario”.

A esta inquietud surge la preocupación ante el reconocimiento de la Ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, de que la norma que declaraba a Santiago como una zona saturada de contaminación por material particulado fino (MP 2.5) quedará pendiente. Esto debido a gestiones administrativas, lo que para Marcelo Mena, director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, complica los planes de descontaminación de la capital.

“Son casi cinco años de que se empieza a formular hasta la implementación. Con la norma publicada, tenemos que rebajar la contaminación entre 20 y 25% anual y 60% en premergencias. Es un desafío mayor”, anticipó.

El especialista indicó que además el plan de descontaminación tampoco ha contado con mayor transparencia en su elaboración. En ese sentido, afirmó que hay responsabilidad de las autoridades de gobierno en un retraso que es “a todas luces inaceptable”, afirmó, así como en un cambio de normativa que expone a la población.

Vale señalar que Radio Universidad de Chile se comunicó con el Ministerio del Medio Ambiente para explicar y precisar las medidas y las autoridades declinaron referirse a estos temas.