De manera preventiva, el gobierno argentino enviará mil efectivos de las fuerzas federales a la provincia de Córdoba. La solicitud fue hecha por el mismo gobernador José Manuel De la Sota e informada por el jefe de gabinete de Argentina, Jorge Capitanich.

Desde la casa de gobierno en Buenos Aires, Capitanich informó que la decisión se debe a la sanción que el Tribunal de Conducta Policial aplicó a cuatro policías provinciales por instigar, presuntamente, una nueva movilización, similar a la ocurrida el 3 de diciembre del año pasado.

La instrucción de Cristina Fernández es evitar que ocurran hechos similares, cuando varios centros comerciales fueron saqueados en momentos que la policía se encontraba en paro legal para exigir mejoras salariales. Situación que rápidamente se extendió al resto del país.

El escenario es complejo. Para Jaime Gazmuri, ex senador chileno y en su momento presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, la decisión del gobierno es acertada ya que busca controlar un “fenómeno genérico de corrupción” que pone en tensión las relaciones entre gobierno y oposición al interior del peronismo.

“El hecho que Capitanich envié refuerzos de policías federales a la provincia de Córdoba es una buena señal, porque se establece una colaboración entre el Gobierno Nacional y las provincias opositoras para enfrentar un tema que ha preocupado y con razón”, dijo el ex político, resaltando la importancia del diálogo.

Las tensiones se acumulan en el país vecino. No hay claridad respecto de los índices de inflación y hay críticas hacia el gobierno sobre su lentitud de reacción en estos conflictos, cuestionamientos que apuntan a un vacío de poder por la no reelección de la mandataria, que se extiende con mayor fuerza hacia el interior de Argentina.

“El apoyo de las fuerzas federales es absolutamente contundente para evitar cualquier tipo de acción que implique una medida extrema”, explicó Capitanich y advirtió que no se aceptarán “medidas extorsivas”. Por su parte, De la Sota, instó a los jueces y fiscales a cumplir “el rol institucional” para “identificar quienes son responsables”.

Según Guillermo Holzmann, analista internacional, ésta es una medida necesaria para la ciudadanía, para el control del orden público y para avanzar en el correcto funcionamiento de las policías argentinas, indicó.

“La seriedad del tema es evidente porque las policías son agentes del Estado que tienen acceso a armamento, en consecuencia, son estructuras que deben estar controladas y, a su vez, se debe proteger a la población y evitar que esta aproveche la situación de que no hay seguridad”, aseguró el analista.

Un buen momento para Cristina Fernández en medio de la crisis institucional que mencionan los especialistas. Un apoyo necesario en la última etapa del gobierno al cual no puede repostular como presidenta.