En general, los análisis respecto a la política exterior chilena solían moverse en un eje casi inmutable: Chile respeta los Tratados y todo litigio con los vecinos se encausa en la discusión bilateral. Esta máxima, similar a un dogma de fe, fue parte del ADN en toda administración de gobierno, fuera esta democrática o dictatorial, ya sea del siglo XX en los primeros lustros del siglo XXI. La Haya ha venido a dar un portazo a esta visión anquilosada respecto a las relaciones vecinales.

Eran escasos los razonamientos donde se hablara de la necesidad de revisar las relaciones que teníamos con peruanos, bolivianos y argentinos, encapsulándonos en una perspectiva chauvinista, miope y alejada de las grandes corrientes de integración en América Latina. Las autoridades de gobierno – cualquiera sea su signo – han dejado escaso margen para tener una mirada distinta pues lo lisiada de su política exterior, su actuar con escasa visión geopolítica y, sobre todo, el menosprecio a las capacidades de las cancillerías de nuestros vecinos hacían pensar que la demanda marítima de Perú ante La Corte Internacional de Justicia de La Haya era “pan comido” como también se cree que las pretensiones bolivianas de recuperar su cualidad marítima están destinadas al fracaso si se llevan al ámbito multilateral. Esta visión ha mostrado lo erróneo de la política exterior chilena y las escasas perspectivas de éxito en los contenciosos internacionales en que nos hemos visto inmersos.

El factor Ecuador

Este periodista, como corresponsal de prensa, fue invitado en su oportunidad a la cancillería chilena, junto a otros corresponsales acreditados en Chile, para compartir un desayuno junto al Ministro de Relaciones Exteriores de Sebastián Piñera, el empresario Alfredo Moreno. La excusa para este encuentro fue la decisión entre Ecuador y Perú de firmar un tratado de Límites sobre la base de acuerdos pesqueros que generaban desacuerdos entre ambas naciones. Se unía a eso la decisión de Bolivia de presentar una demanda contra Chile en La Haya, tal como lo había hecho Perú el año 2008.

La reunión transcurrió entre risas y optimismo, pues se consideraba que tanto la pretensión boliviana como peruana, no llegarían a buen puerto pues Chile “tiene bases sólidas e irrefutables para contrarrestar las iniciativas de nuestros vecinos. No hay nada de qué preocuparnos” señalaba el ufano ministro. Tal optimismo generó las dudas de quien escribe y así se lo hice saber al canciller chileno, quien se limitó a repetir la letanía que suele acompañar al vetusto pensamiento de la cancillería chilena “creemos que La Haya asumirá los criterios técnico-jurídicos de Chile pues los acuerdos pesqueros entre Chile y Perú de los años 1952 y 1954 son Tratados de Límites y estos no son materia de modificación”

La política exterior chilena, en materias de relaciones vecinales, a la luz de los acontecimientos y acuerdos tomados en su oportunidad, entre Perú y Ecuador en cuanto a sus límites marítimos, la fuerte campaña comunicacional peruana y la debilidad de la política exterior chilena en base a llevar a adelante bajo la teoría de las “cuerdas separadas”, que este gobierno saliente pretendió instalar como paradigma en el plano de nuestras relaciones vecinales. Una especie de traslado mecánico del actuar empresarial que los miembros del gobierno tenían en etapa como empresarios y miembros de los grupos económicos que ven a los vecinos regionales como clientes. Una visión más centrada en lo comercial que en lo político y que desnudó nuestras debilidades y ha calado hondo, a la hora de avizorar un resultado favorable a las pretensiones del gobierno chileno. La sensación – ya casi certeza a estas alturas – es que el fallo de la CIJ del 27 de enero será desfavorable a las pretensiones de la clase política y económica chilena.

El fracaso, las caras largas, el andar cansino ronda los pasillos del ex Hotel Carrera en Santiago, donde funcionan las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los muros de mármol, los largos pasillos alfombrados, las amplias escalinatas, los rostros de los funcionarios que pueblan las cómodas oficinas de este Ministerio dejan entrever que la estrategia chilena en la Haya será un fracaso.

Primero, porque la Carta Náutica presentada por Ecuador – considerado hasta entonces un aliado incondicional de Chile frente a las pretensiones peruanas – a la ONU y aceptada por Perú, dando paso a la firma de un Tratado de Límites, significó un duro golpe a la “nueva forma de hacer política internacional” del gobierno de Sebastián Piñera, que ha priorizado las relaciones comerciales a las políticas respecto a sus vecinos inmediatos. La teoría de las cuerdas separadas ha sido una estrategia nefasta, que incluso alejó de Chile a aliados tradicionales como Brasil y Ecuador, acercándonos, en lo meramente económico a Perú pero sin ahondar en los vínculos más políticos, de confianza mutua, de avanzar por el desarme, el entendimiento en base a proyectos de desarrollo común.

En todo este marco, no faltan las voces que ven en la postura del gobierno chileno el asumir una postura de víctima, que llegado el caso de un resultado del dictamen de la CIJ favorable a la tesis chilena, se esgrima como un trabajo “heroico” digno de escribirse con letras de bronce en el Altar de la Patria.

Volvamos al pesimismo imperante, que ya se ha ido explicitando en las declaraciones de autoridades de gobierno, en acciones de llamado al Consejo de Seguridad Nacional, en opiniones altisonantes y descomedidas de parlamentarios chilenos que han llamado incluso a alejarse del pacto de Bogotá y llamar a una consulta nacional para saber si aceptamos los resultados de la Haya. Ya el canciller chileno Alfredo Moreno, no muestra ni expresa aire y verbos de triunfalismo, menos aún declaraciones grandilocuentes sobre la seriedad y certeza de los argumentos jurídicos chilenos. Ya no se desdeña la posibilidad que perfectamente se pueda perder en el contencioso que nos enfrenta con Perú. El “vahído” del Ministro Andrés Chadwick puso la guinda en la torta de aquella postura, que ve el rostro del fracaso en las autoridades de gobierno.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, el gobierno de Piñera ha actuado con rigor, con bases jurídicas sólidas. Según esta cartera el Tratado firmado entre Perú y Ecuador no hacía más que refrendar la posición chilena. Esto, pues en ese acuerdo se tienen como antecedentes para reconocer las fronteras entre Perú y Ecuador los mismos argumentos esgrimidos por Chile: los acuerdos pesqueros firmados el año 1952 y el acuerdo complementario del año 1954.

Para la cancillería chilena, en voz del ministro Moreno, el reciente Tratado entre Perú y Ecuador, no sólo representaba una victoria importante para el gobierno de Rafael Correa, sino por extensión también para Chile, debilitando la pretensión peruana ante La Haya. En el análisis triunfalista del gobierno chileno las posiciones tanto de Quito como de Santiago eran exactamente las mismas con relación a los límites marítimos. Para el canciller Moreno, a Perú no le quedaba otro camino que acordar con Ecuador bilateralmente, antes del término del gobierno de Alan García y antes que Quito presentara su reclamo ante la Corte Internacional de La Haya y Torre Tagle se viera enfrascado en dos frentes jurídicos.

Para sostener este original planteamiento, Moreno señaló que nuestro país considera, que al firmarse el acuerdo con Ecuador, Perú reconoció la vigencia -como tratados limítrofes- de los convenios de pesca de 1952 y 1954, que es precisamente la base de la argumentación chilena, para rechazar la demanda que entabló Lima en la Corte Internacional de La Haya el año 2008, afirmando que los acuerdos del año 1952 y 1954 son Tratados de Límites, así reconocidos tanto por la Carta Náutica que hoy reconoce Perú y la permanente postura chilena bilateral e internacional. Esto es coherente, señala la cancillería chilena, con la postura que ha mantenido Chile, en cualquiera de sus gobiernos, respecto a que los acuerdos pesqueros con Perú deben ser entendidos en la misma lógica y que sirvieron de línea argumental ante la Corte Internacional de La Haya.

Sin embargo, la manifestación chilena obviaba algo a todas luces lógico y que Lima se encargó de ratificar: el Tratado con Ecuador, no validaba en modo alguno los convenios de mediados del siglo XX, que sólo tenían un carácter pesquero y más bien ratificaban el hecho que al ser instrumentos de un área económica específica, no zanjaban el tema de fondo – de límites marítimos – y ello hacia necesario consensuar un tratado, como el que se ratificó en el Congreso peruano el día 19 de mayo del año 2011.

En materia de relaciones internacionales se suele decir, que los gestos, los actos y los hechos derivados de esos acontecimientos son mensajes directos para el vecino. Por ello, el que Lima haya ratificado el Tratado con Ecuador, vía Express, dos días antes que el presidente Piñera en Chile entregara su Cuenta Pública al país (21 de mayo del año 2011) frente al Congreso en pleno, generó un hecho político de envergadura, con la decisión del gobierno de Rafael Correa de declarar abiertamente, que gracias a los términos que llegó con Perú “se abstendrá de participar en el litigio marítimo peruano-chileno” Así, Chile quedó sin piso jurídico ante La Haya pues ya no se podía presentar como testigo a Ecuador, considerado una pieza clave en el entramado jurídico de la defensa chilena. Una nueva bofetada a la política de aislamiento político y de considerarnos ajenos al barrio, que hemos practicado en forma contumaz con nuestros vecinos.

A pesar de las otroras declaraciones triunfalistas del canciller Alfredo Moreno y de pensar que La Haya asumiría, sin más los criterios jurídicos chilenos, la verdad es que Chile no “las tiene fácil”. Dicho augurio comenzó a correr lentamente en el ámbito del análisis de la política regional de Chile, a la luz el “golpe diplomático” dado por el ex presidente Alan García (al presentar la demanda a la Haya, que permitió a Torre Tagle mostrar a los juristas de la Corte de La Haya, como una suerte de as bajo la manga, un Tratado de Límites y no un mero acuerdo pesquero, lo que refrenda la posición peruana respecto a que la declaración de Santiago del año 1952 y el Acuerdo Complementario del año 1954 no signaron una delimitación territorial. Por ello se hacía necesario, alegaba Perú, concretar con Chile (tal como se ha hecho con Ecuador) un nuevo trato, una nueva manera de consolidar jurídicamente aquello que se sostiene no está legalmente establecido. La lanza peruana entró de lleno en las costillas de una cancillería chilena, que unido a su paso cansino, anquilosado, ha mostrado poco oficio en un mundo de relaciones internacionales donde si no te mueves rápido te pasan por encima.

Una visión errada

Para los analistas peruanos y los diplomáticos de aquel país ha sido un error de Santiago el sostener, como lo hizo el canciller chileno Alfredo Moreno, que la posición peruana se debilitó en la Corte de La Haya por el acuerdo de límites con Ecuador, por el contrario, los argumentos del Perú resultan fortalecidos. Chile no reparó en la importancia del Tratado y tuvo errores de interpretación que le pueden costar muy caro y uno de ellos apunta a creer que Perú aceptaba la Carta Náutica de Ecuador. Eso no es exacto, porque lo que se hizo fue un Tratado de límites, independientemente de la carta presentada por Ecuador en Naciones Unidas.

Chile no tomó en cuenta que Perú y Ecuador han suscrito un tratado de delimitación marítima, que es compatible, coherente y funcional a la interpretación peruana, respecto a que la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre zona especial marítima fronteriza de 1954 no establece límite un marítimo con Chile y sí estableció un criterio delimitador con Ecuador por presencia de una islas que diferencia ambos documentos” detalló el ex Ministro de Exteriores peruano bajo el gobierno de Alejandro Toledo, Manuel Rodríguez Cuadros.

En la misma lógica de sostener que Santiago y en especial el presidente Piñera, han hecho una lectura equivocada, apreciando erróneamente el acuerdo entre Lima y Quito, se mostró el actual Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaunde. Este sostuvo, en su oportunidad que con Ecuador se establecido un verdadero tratado de límites, lo que no se puede decir de los acuerdos pesqueros del 52 y 54 con Chile y que son validados por las autoridades chilenas para fundamentar su posición. Con Ecuador se estableció una línea paralela por la existencia de islas, cosa que no puede decir Chile. El acuerdo de límites con Quito es exacto, preciso, donde se señala que el punto de partida es en la Boca de Capones, se señala cuál es la coordenada, donde convergen las líneas de base y que de ahí van 200 millas.

Los políticos peruanos, a diferencia del mundo político chileno – oficialismo y oposición – se han mostrado coherentes y verbalizando el mismo argumento, tal como lo sintetizó el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano , Hildebrando Tapia, quien afirmó que declaraban legítimo el Tratado con Ecuador y lo dictaminaron de inmediato porque es conveniente para el país, que dejaba así solucionado el tema limítrofe entre ambos países. Lo que obviamente ayudaría también a los argumentos peruanos ante la Corte de la Haya, considerado como un gran logro en vista a la necesaria integración entre sus países y además constituía un paso estratégico y muy inteligente en las aspiraciones peruanas para resolver el diferendo marítimo en la Corte de La Haya con Chile.

Un duro golpe para las aspiraciones de un eventual triunfo chileno en La Haya fueron las declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien señaló que “a pesar que se había reconocido durante décadas la frontera marítima, nunca hubo un documento contundente, entre Ecuador y Perú, que no dejara lugar a dudas y determinara los límites de la zona en disputa. Ha ocurrido el mejor de los escenarios: Perú en muestra de respeto y cariño a Ecuador (…), en forma clara, ha respaldado nuestra Carta Náutica y ha ratificado el límite marítimo”. Y hablamos de un golpe demoledor pues Perú fue capaz de reconocer como límites los acuerdos pesqueros expresados en los documentos del año 1952 y del año 1954 pero con Chile, los mismos convenios no se han tomado en consideración para lograr zanjar una controversia que se tiene ad portas de una solución jurídica.

El Tratado firmado entre Perú y Ecuador fue la primera señal que el panorama para la diplomacia chilena se visualizaba muy oscura. Descolocó a la cancillería chilena y y a cuanto experto, diplomático y abogado de esta repartición circulaba por el ex Hotel carrera, el pesimismo comenzó a chorrear por la Plaza de la Constitución anegando La Moneda que ve con horror que un gobierno calificado como nacionalista, con políticos de claro corte chauvinista en su interior deberá aceptar la pérdida de territorios marítimos, a pesar de los discurso de Piñera llamando a confiar en el trabajo de la cancillería chilena y que Chile “no cederá un ápice del territorio nacional”. Cancillería creía poder presentar a Ecuador – tradicional aliado chileno en la geopolítica sudamericana – como testigo a su favor ante La Haya. Ahora nuestro país, como el chico aislado del barrio, como aquel que todos consideran antipático, sordo a cualquier pretensión, prepotente y soberbio, se ha quedado solo. Una de las primeras revisiones que tendrán que hacer los textos de estudio y las cátedras de la Academia Diplomática Chilena es saber quien es quien en materia de amigos y adversarios en el plano regional.

La Haya como campo de batalla

Piñera, su gabinete, los partidos que lo apoyan, el mundo político tradicional y los empresarios y grupos económicos ligados al mundo pesquero, están aterrados ante la posibilidad de perder en La haya. Como muestra de la desesperación que mueve los actos del gobierno, se llamó con carácter de urgente y sin toma de acta. Al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) instancia civico-militar para tratar el tema del posible fallo adverso en la CIJH. No compartimos la convocatoria del Presidente Piñera al Consejo de Seguridad Nacional para analizar el próximo fallo de la Haya. Dicha convocatoria ha sido criticada, como también la invitación sólo a los partidos con representación parlamentaria pues se considera que: el COSENA es un órgano innecesario y que crear un supuesto clima de unidad nacional frente a partidos que no representan a gran parte de la población excluye a la población de información confiable, completa y oportuna y crea, sobre todo un clima de posible revancha contra ciudadanos peruanos avecindados en Chile, si se llega a tener un resultado negativo el próximo 27 de enero.

Para el político chileno y ex candidato a Senador por Santiago poniente, Esteban Silva, “el mar chileno y sus delimitaciones forman parte de un litigio no solo con el Perú en La Haya si no que también el tema forma parte de un debate pendiente entre los propios chilenos a causa de la Ley de pesca que ha privatizado el mar chileno hoy en una controversia en favor de un puñado de familias y de grupos económicos pesqueros que se benefician de la pesca en desmedro de miles de compatriotas vinculados a la pesca mediana y artesanal. Son muchos los temas críticos insoslayables que deben ser analizados y debatidos amplia y pluralmente sobre nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales, particularmente sobre nuestra relación vecinal y multilateral, por lo que intentar esconder un legítimo y necesario debate argumentando la obligación de una “supuesta postura común o de Estado”

El diferendo limítrofe marítimo, que enfrenta en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) a los gobiernos de Chile y Perú encontró en los alegatos jurídicos, la presentación de memorias, contramemorias, replicas, dúplicas y fases de defensa oral de los argumentos esgrimidos por uno y otro país, el espacio menos sangriento donde dirimir un contencioso que se arrastra ya por 27 años y que tendrá su término (formal) este 27 de enero

Hablamos de casi tres décadas, pues Perú, el año 1986, por primera vez, presentó a través del fallecido ex Canciller Juan Miguel Bákula, el día 23 de mayo del año 1986 ante su par chileno de la época, el ex canciller Jaime del Valle, la exigencia de proceder a la delimitación de los espacios marítimos entre Chile y Perú. Tal presentación se conoce como el memorándum Bákula y ha sido exhibido por Torre Tagle, como una muestra que la exigencia de delimitar la zona en disputa estaba presente en la política exterior peruana. Y en ayuda de esa postura el dictamen de la CIJ en favor de Nicaragua contra Colombia vino a allegar más agua al molino favorable a la pretensión peruana de acceder a 35 mil kilómetros cuadrados de mar frente a sus costas.

Tratado or not tratado

El memorándum Bákula fue presentado 33 años después que el año 1954 se firmara el denominado Convenio Sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, que vino a complementar la Declaración de Zona Marítima del año 1952, también llamada Declaración de Santiago, firmada conjuntamente con Ecuador. Esos convenios, han constituido para los gobiernos chilenos, sin excepción, documentos que definieron los límites marítimos en forma indiscutible. En cambio, para Perú, esos convenios simplemente establecieron líneas de acción, para una política común destinada “a defender y proteger sus recursos vivos marítimos que estaban siendo explotados por grandes flotas balleneras y pesqueras” como lo presentó el Agente peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), Allan Wagner.

El dilucidar si se trataba de convenios meramente orientativos sobre el qué hacer frente a terceros, delimitando zonas de explotación marítima o si se refieren a Tratados que deben ser respetados sin discusión alguna, como argumentó la parte chilena, vino a ser el meollo de las exposiciones que dieron en tierras holandesas. Para Perú, la presentación de su demanda ante la CIJ de La Haya, el 16 de enero del año 2008, era una necesidad visto que el límite marítimo con Chile nunca había sido delimitado. Para la defensa chilena, los acuerdos del año 1952 y 1954 son Tratados y su modificación resulta jurídicamente inaceptable, toda vez que los Tratados se firman para “respetarlos” como se suele repetir, casi como una letanía en los círculos diplomáticos y políticos chilenos. Ello fue el eje de la presentación chilena en los alegatos orales en La Haya

Tanto el diplomático Allan Wagner como el jurista Alain Pellet sustentaron argumentos, para demostrar que los supuestos Tratados invocados por Chile no son tal “Contrario a las pretensiones chilenas, afirmó Wagner, el Perú no está violando el principio de pacta sunt servanda o de estabilidad de las fronteras. El Perú rechaza tajantemente esta imputación hecha por Chile. Nunca se ha celebrado acuerdo de delimitación marítima alguno entre las Partes” Por su parte el abogado francés Alain Pellet señaló en una presentación más irónica que “Chile se esfuerza en demostrar que la práctica de las partes y países terceros se hace de acuerdo al Acuerdo de Santiago de 1952, en cuanto a la soberanía chilena sobre la zona en disputa… Dicha práctica no significa que exista un tratado. Chile pretende demostrar, a través de contorsiones del derecho, que sí se establecieron límites a través de la Declaración de Santiago de 1952”. Chile hace sufrir al derecho, de la manera insólita que entienden los tratados Chile presenta un embrollo de argucias jurídicas (…) No sé a partir de qué alquimia misteriosa Chile transformó acuerdos pesqueros en tratados, generando un debate falso”

La consideración chilena, casi como auto de fe de la política chilena respecto a que los tratados son intocables no tiene consideración alguna con la evolución que han tenido las relaciones internacionales, en el avance tecnológico, para delimitar puntos geográficos que antaño se hacían a “ojo” y que hoy poseen la ayuda inestimable de aparatos de geolocalización o métodos tecnológicos que eliminan cualquier tipo de error. Pero, sobre todo, con consideraciones más estratégicas como son el desarrollo conjunto con nuestros vecinos, la cooperación regional, la búsqueda de soluciones pacíficas a diferendos por vía del diálogo, por compensaciones e incluso soluciones novedosas como sería pensar en regiones de soberanía compartida como podría ser el límite entre Chile y Perú, invitando a ese desarrollo a Bolivia, quien aspira centenariamente a volver al Pacífico ¿por qué no? Pensar y actuar así podría haber evitado demandas como las que estamos viviendo y ahorrar al Estado chileno cifras millonarias en esta defensa. Según trascendió, el presidente Piñera habría señalado que Chile ha gastado en honorarios legales en la Haya, más que 40 años de explotación pesquera en la zona en disputa.

El efecto colombo-nicaragüense

Chile, su clase política, los gobiernos que han estado en la Moneda, sean estos democracias o dictaduras han señalado que no hay revisión de límites con sus vecinos, que los Tratados son intangibles y que cualquier discusión debía ser bilateral. Esa postura ya ha sido derrotada, ya sea con Bolivia o en este caso con Perú, toda vez que el caso está en La Haya y con posibilidades ciertas de enfrentar una decisión basada en criterios técnicos-jurídicos pero también políticos, con base al denominado criterio de equidad, como sucedió en el dictamen frente a la demanda de Managua contra Bogotá en materia de delimitación y soberanía de espacios marítimos. Ese criterio de equidad es la peor pesadilla , que ronda los pasillos de la Moneda, que analiza en profundidad ese dictamen y las reacciones de Colombia.

Y hablamos de pesadilla, pues el 19 de Noviembre del año 2012 la CIJ de La Haya falló “salomónicamente” en el diferendo marítimo entre Nicaragua y Colombia de una forma que dejó muy mal parada la posición colombiana, que argumentó permanentemente, desde el año 2001 a la fecha del dictamen, que esos límites eran intocables, que la zona marítima que rodeaba el Archipiélago de San Andrés y los cayos cercanos a esa posesión eran colombianos y que Nicaragua no tenía derecho alguno. Sin embargo, la Corte, conformada por 15 jueces determinó que si bien la soberanía de las Islas y los sietes cayos adyacentes a san Andrés se mantendrían bajo la bandera colombiana, Nicaragua ganaba 90 mil kilómetros cuadrados de mar, que le permitirá explotar riquezas marítimas allí donde hasta el 19 de noviembre de 2012 no tenía presencia.

La determinación “equitativa” “salomónica” “de justicia con el más débil” en el caso del diferendo entre Managua y Bogotá echó por tierra la argumentación de juristas, políticos y cuanto analista chileno comenta el caso con Perú, bajo el supuesto que los jueces de La Haya sólo emiten su dictamen bajo consideraciones jurídicas. Con ello olvidan, que si bien se trata de un organismo con nombres eminentes en el campo del derecho internacional, cada uno de ellos representa sensibilidades, corrientes y opiniones en campos tan diversos como los Derechos Humanos, el derecho económico internacional y las relaciones entre Estados entre otros, que le da un carácter mucho más amplio que la asepsia de presentarlos casi como “leguleyos” sin visión de otras aristas que suelen mover estos contenciosos.

El fallo de la Haya generó tal golpe en el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, que su porcentaje de adhesión cayó abruptamente y encendió las alarmas en Palacio Nariño, que obligó a Santos a realizar declaraciones para calmar, primero, a la clase política colombiana, luego a sus bases de votantes y posteriormente comenzar a buscar responsables, que se han orientado al equipo que defendió sus intereses en La Haya, por considerar que presentaron un caso ganado de antemano y finalmente hubieron de retirarse con el rabo bajo las piernas. Además, en declaraciones fuertemente criticadas en el plano internacional, Santos anunció que Colombia se retiraría del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la CIJ de La Haya. Idea que ha comenzado a rondar la cabeza de algunos políticos chilenos, tanto del gobierno como ele lecto senador ultraderechista Iván Moreira, como el diputado y miembro de la Comisión de Relaciones exteriores, el PPD, Jorge Tarud.

Tanto Chile como Perú han señalado en su declaraciones que respetarán la decisión de la Corte sea cual sea el dictamen, que tiene carácter de definitiva e inapelable. Si una de las partes estima que la otra no ha acatado el fallo puede efectuar su reclamo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello, hacer llamados a no respetar el fallo o a ponerlo en ejecución de inmediato, como ha sido el sostén discursivo del ex presidente peruano Alán Garcia, representa una irresponsabilidad y un llamado a fortalecer posiciones guerreristas en lugar de afirmar que estos dictámenes ponen fin a querellas, conflictos, demandas y nos permite avanzar en sendas de desarrollo y bienestar para nuestros pueblos.

El dictamen sobre el caso Colombia-Nicaragua ha significado un duro varapalo para el gobierno de Sebastián Piñera, toda vez que se considera, desde ya que algo perderemos en esta demanda y que el objetivo de La Moneda es minimizar los costos políticos que el dictamen de La Haya pueda tener en un conglomerado de gobierno, que se presenta como un defensor a ultranza de la soberanía e integridad territorial y sobre todo, en una sociedad que suele mirar sobre el hombro a sus vecinos del norte y que podría enfrentar brotes de chauvinismo impulsados por líderes de opinión que suelen destacarse en períodos convulsos o de fácil verborrea nacionalista.

Si bien es cierto se ha visto a ex presidentes, a políticos de gobierno y de oposición alineados tras la figura presidencial en materia de sostener que “la posición chilena es sólida y que triunfaremos en La Haya” también se ha tomado buena nota, sobre todo en La Nueva Mayoría (conglomerado que triunfo en las elecciones presidenciales) de la movida del gobierno de comenzar a delimitar ciertas responsabilidades en “errores del pasado” dando a entender que bajo los gobiernos de la Concertación no se buscaron los entendimientos y pasos necesarios para impedir que el caso llegara a La Haya. En las filas opositoras, si bien las declaraciones son similares a las esgrimidas desde las filas de gobierno, no se ha dejado de analizar los efectos políticos que tendrá en la sociedad chilena, en caso que el Estado deba ceder parte del territorio marítimo que hoy está bajo su soberanía. Es la versión jurídica de los efectos del terremoto de febrero del año 2010. Una pesada mochila para quien se va y para quien asume el gobierno chileno.

Los intereses de Angelini no son los de Mamani

En Chile, sobre todo para nuestra clase política la presentación y defensa peruana en La Haya no significó nada nuevo, nada fue sorpresa en materia de desconocer los Tratados, considerándolo, incluso, como una presentación plana, plagada de adjetivos, previsible y sin elementos nuevos a considerar. Sin embargo en el Rímac, la opinión fue distinta pues se consideró en los círculos diplomáticos, que Perú logró el objetivo propuesto: fundamentar jurídica y políticamente que no existen límites marítimos entre Chile y Perú por lo que solicitan que sea la Corte de La Haya quien los defina. Unido a ello se explicitó en medios peruanos que dicha presentación se hizo a gran altura, sin poner en riesgo la necesaria estabilidad política y económica con Chile. Según cifras del Ministerio de Relaciones exteriores de Chile, a diciembre del año 2012 la inversión de empresas chilenas materializada en Perú, alcanzó los us$11.161 millones – el 17,5% del total invertido en el exterior – lo que significa que Perú se consolidada como el tercer destino de las inversiones de empresarios chilenos fuera de nuestras fronteras con un intercambio comercial anual de us$3.972 millones.

La Haya ha devenido en un factor político vecinal de indudable relevancia, pero bien saben las autoridades chilenas y peruanas y su clase empresarial que cualquiera sea el resultado del dictamen de la CIJ de La Haya las relaciones comerciales no se pueden ver afectadas. El Ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín sostuvo en un foro empresarial que ““El fallo de La Haya es algo que sin duda nos ocupa, nos preocupa, estamos todos pendientes de este fallo, pero creemos que no es algo que vaya a tener un efecto negativo en las relaciones entre nuestros países, tenemos una estupenda relación a nivel del gobierno y empresarial y ambos países nos hemos comprometido a respetar el fallo” Del mismo tenor han sido las declaraciones de empresarios peruanos que han destacado el nivel de respeto que ha primado en los alegatos en la CIJ de La Haya, garantizando de ese modo el mantenimiento de las buenas relaciones vecinales. En ciertos círculos , tanto en Lima como en Santiago, la peculiar teoría de las cuerdas separadas se toca con el mismo tono.

Escuchar a los políticos chilenos, como también a los peruanos es remontarse a ciertas ceremonias como suele ser, por ejemplo, la Parada Militar del 19 de septiembre donde siempre se opina que resultó “la más impresionante de las paradas militares de los últimos años. Una ceremonia impecable, plena de lucimiento y gallardía, la más hermosa y digna de un país que ve en sus instituciones permanentes su caudal de riqueza valórica” pero, a la hora de la verdad, cuando haya que escuchar el dictamen se vislumbra que las explicaciones para el fracaso de los agentes y coagentes chilenos deberá darse una explicación más allá de considerar que los jueces de La Haya no actuaron con criterio jurídico y se dejaron influir por fundamentos más políticos que legales.

Los escenarios que se barajan en la Moneda, a pocos días del dictamen van por el camino de considerar la posibilidad cierta que la CIJ de la Haya y sus jueces determinen que en este caso específico se aplique no sólo el “criterio de equidad” sino que sea acompañado del denominado “principio del uso y la costumbre con relación al límite marítimo” que implica la posibilidad de conceder a Perú acceso a un área de explotación marítima a través de la aplicación de una bisectriz en la línea consignada por Chile como territorio marítimo soberano y establecer la continuación del límite terrestre a partir del Hito 1 pero no hasta las 200 millas, sino sólo hasta las doce millas que daría la posibilidad entonces de acceder a una zona de explotación al Perú.

Recordemos que Lima sostiene que debe ser la Línea de la Concordia la que debe fijar la prolongación natural del límite terrestre al marítimo y no el Hito 1 que fija el paralelo como límite con relación a la línea del Ecuador. Se considera en la Moneda, que si La Haya acoge esta pretensión peruana la derrota de la posición chilena sería abrumadora y habría sólo que tratar de minimizar el golpe político para un sector político, que suele esgrimir el nacionalismo y la defensa territorial a ultranza como un eje ideológico permanente. Pero, con efectos también demoledores para un gobierno que recién asumiría y que deberá enfrentar no sólo dolores de cabeza en el ámbito de la educación, la salud, reformas políticas, sino también en el plano internacional.

El día lunes 27 de enero en Chile y Perú, millones de ciudadanos de estos países hermanos (sí, hermanos a pesar de los desencuentros que políticos nacionalistas y empresarios avariciosos, que suelen ser los mismos, pretenden incrementar) estarán pegados a la emisión que desde la Haya pondrá fin a 5 años de estudio legal en la Corte internacional de Justicia de La Haya. Millones de dólares en honorarios, relaciones bilaterales tensionadas al máximo, declaraciones altisonantes, llamados a la calma o a la verborrea chauvinista verán con felicidad algunos y tristeza infinita el otro si sus posturas fueron aceptadas o no en la Corte Internacional de Justicia en la ciudad de La Haya, Holanda.

Para el analista político y ex embajador chileno Carlos Parker “nadie puede estar seguro…de cual será exactamente el sentido del fallo de La Haya. Pero, es probable, como estiman los más expertos, que le veredicto no tienda precisamente a dar satisfacción total y absoluta a las pretensiones de alguna de las partes…si acaso ello ocurriera, es decir, si los jueces establecieran que en estricto derecho una parte está absolutamente en lo cierto mientras que, por consiguiente, la otra está completamente equivocada, evidentemente, dicho resultado sería más potencialmente catastrófico para el futuro de las relaciones bilaterales entre chilenos y peruanos, que uno de esos llamados “fallos salomónicos”, tan denostados por algunos, en que se intenta dar a cada uno lo suyo, tratando de resolver, pero al mismo tiempo proponiéndose evitar generar males subsiguientes y acaso hasta mayores que los que se trata de superar.”

Tras el trasiego mediático, las amenazas, los llamados y soflamas nacionalistas vendrá la hora de poner en ejecución lo que dictamine la CIJH y allí seguramente pesará el pragmatismo de aquellos, que ya sostienen desde Chile, amparados en la casi segura derrota que “la fórmula de solución para el dictamen de La Haya es: acatarlo, demóralo y negociarlo” ello, bajo el paraguas argumentativo que las decisiones políticas muchas veces deben ser postergadas en función de los intereses económicos. Bien sabemos que poderoso Sr. es Don Dinero, sobre todo a la hora de enfrentar la posibilidad de perder inversiones multimillonarias o que unos cuantos miles de pescadores artesanales pierdan la posibilidad de pescar en un mar que hasta el 27 de enero se consideraba chileno.

Entre los intereses y la opinión del empresario pesquero Roberto Angelini Rossi uno de los más poderosos empresarios pesqueros de Chile o los intereses de Alberto Mamani, dueño de una chalupa pesquera de 8 metros de eslora, las autoridades de ambos países no tiene mucho donde perderse, lo que muestra que por más dictámenes que se establezcan, la realidad cotidiana de miles de personas poco importa en los altos círculos político-empresariales. Angelini ordenará a su flota salir más allá del triángulo marítimo en disputa, que representa el 30% del total de capturas de su flota Corpesca, buscará jureles y anchovetas alejado de los conflictos entre estos “molestos políticos”. Mamani tendrá que ver cómo se las arregla.