Un día después de que los trabajadores portuarios, el Gobierno y los empresarios del sector alcanzaran un acuerdo para deponer el paro que se extendió por 23 días, surgieron nuevos problemas.

Dirigentes de San Antonio denunciaron que una de las empresas, Puerto Central, no está cumpliendo con uno de los puntos acordados: la administración decidió reemplazar a los trabajadores que se movilizaron y esto ha impedido que se reincorporen a sus funciones.

Raúl González, dirigente del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio, denunció que la situación involucra a 510 trabajadores, pero considerando la actual actividad del puerto, afectaría directamente a 300 personas.

Considerando el nuevo escenario, el vocero no descartó que se retomen las paralizaciones: “Si revisamos las declaraciones de las empresas navieras, necesitaban imperiosamente darle el servicio a sus clientes, porque estaban en riesgo sus concesiones y la imagen país. Que nosotros no fuéramos convocados nos causa extrañeza. Hemos convocado a nuestros compañeros al acceso para este lunes en la mañana, no para bloquearlo, sino para comunicar lo que está pasando”, dijo.

Junto con reiterar la disposición a resolver este nuevo conflicto, el dirigente confirmó que por ahora no han tenido ningún contacto con la gerencia del puerto, de propiedad de la familia Matte.

Desde la región de Atacama y en representación del puerto de Huasco, Robinson Ávalos, vocero de la Unión Portuaria del Norte, aseguró que es el Gobierno el responsable de velar por el cumplimiento de este acuerdo: “Quien está quedando mal ante la opinión pública es el Gobierno, que es garante del acuerdo. Los empresarios se comprometieron ante ellos a volver a las faenas como correspondía y si una empresa no acata, el Gobierno tendrá que actuar rápidamente. No es culpa nuestra, es culpa de los empresarios, que no están cumpliendo. La Unión Portuaria ha cedido muchas de sus pretensiones y ha logrado estabilizar el país”, afirmó.

Respecto de las condiciones de trabajo, uno de los temas recurrentes durante las últimas negociaciones con el Gobierno y los empresarios fue la posibilidad de crear una nueva normativa laboral para el trabajador portuario.

En ese contexto, Miguel Urrutia, académico del departamento de Sociología de la Universidad de Chile, subrayó que la subcontratación “es una figura escandalosa para el sentido común de cualquier sociedad, pero además, nos pone en una paradoja bien triste para el caso chileno, porque contratar a un trabajador por la mañana y despedirlo por la tarde es una figura legal y jurídicamente legítima. Y no es el único sector en que ocurre. Eso marca la pauta general del desarrollo del movimiento portuario y, en general, del movimiento de los subcontratados, que transcurre por fuera del orden legal”.

Según el académico, el paro portuario no ha concluido si se considera la situación del Puerto de Angamos en Mejillones, donde se constituyó un sindicato que intentó reunir a trabajadores de planta con eventuales, el que fue declarado ilegal por la empresa Ultraport.

Por ello, el problema de la subcontratación o régimen de contratación extremadamente flexible y regulado en favor de la parte patronal seguirá pesando no sólo en el caso de los portuarios, como afirmó Urrutia, sino también en otras área estratégicas de la economía chilena donde el recurso del subcontrato se ha instalado de manera muy extendido.