A fines de marzo de 1985, un grupo de agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) secuestraron al pintor Santiago Nattino, el profesor Manuel Guerrero y el sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad José Manuel Parada. Sus cuerpos aparecieron degollados y con evidentes signos de tortura, convirtiéndose en uno de los crímenes más atroces de la dictadura militar.

Sin embargo, dos de los condenados a cadena perpetua en el conocido como “Caso Degollados”, los ex carabineros Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, cuentan con el beneficio penitenciario de la “salida controlada al medio libre” desde el 24 de junio de 2013, lo que significa que pueden abandonar Punta Peuco todos los días hasta por 15 horas.

Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación avala la impunidad en la que se han mantenido las múltiples violaciones a los derechos humanos.

“Es una brutalidad inaceptable que en nuestro país quienes cometieron un crimen tan atroz como el degollamiento de tres padres de familia, militantes del Partido Comunista, hoy día estén gozando de salida dominical. Esto es un insulto a las familias pero también es una manera de avalar la impunidad. La impunidad no solo es no enjuiciar a los violadores de derechos humanos, no es solo no saber la verdad de lo ocurrido. También parte de la impunidad es que existan penales especiales como Punta Peuco y que además esos sujetos estén recibiendo beneficios carcelarios”, afirmó.

“Estamos hablando de sujetos que fueron parte de un aparato estatal que durante 17 años planificó y ejecutó el terrorismo de Estado contra aquellos hombres y mujeres que se opusieron a esa dictadura”, expresó la dirigenta, enfatizando que son muchos otros los casos de violadores a los derechos humanos que han accedido a beneficios penitenciarios.