El llamado del Gobierno es claro: que los trabajadores independientes coticen voluntariamente. Así lo manifestó esta mañana el ministro subrogante del Trabajo y Previsión Social, Sebastián Iglesias, destacando como un éxito lo ocurrido en el último año, a propósito de los 310 mil trabajadores a honorarios que decidieron cotizar en la operación renta 2013, como parte del proceso que se inició el año anterior, y que a partir de 2015 será obligatorio.

Según el ministro, si bien existe un sacrificio asociado en la cotización voluntaria, esto es a cambio de una protección económica frente a circunstancias que impidan desarrollarse laboralmente.

¿Pero qué ocurre con esta situación en el sector público? ¿Cuál es la realidad de los trabajadores cuyo empleador es precisamente el Estado?

Ante las interrogantes, el ministro subrogante respondió que “la proporción de trabajadores a honorarios en el sector público ha ido bajando, el porcentaje a contrata va subiendo. En general, en el sector público a los trabajadores a honorarios se les da protección en caso de accidentes laborales, por lo tanto es una situación cuya evolución veo, de todas maneras, como favorable”

Sin embargo, el optimismo del ministro Iglesias contrasta con la percepción que existe entre los trabajadores del sector público.

Así lo planteó la presidenta subrogante de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Nury Benítez, asegurando que según las cifras el personal a honorarios ha crecido en forma importante, lo que fomenta el temor al despido, a la inestabilidad y al arbitrio de las autoridades de turno.

Al respecto explicó que “en el 2009 habían 28.300 personas a honorarios y en diciembre de 2012 había 33 mil. Queda claro que en los últimos cuatro años ha crecido este tipo de trabajo que es precario, que no tiene derechos básicos para las personas como la previsión y la salud ni tampoco derechos laborales, derechos maternales para las mujeres o cuidado infantil”, dijo Benítez.

Según los datos entregados desde la Anef, en el 2009, año en que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet renovó contratos por última vez, existían siete mil 700 funcionarios con jornada parcial a honorarios, mientras que al año 2012 aumentaron a 12 mil 700. En cuanto al personal a honorarios que cumple con una jornada completa, los casos se incrementaron de 18 mil a 20 mil personas.

Precisamente respecto del alto número de ese tipo de trabajadores, la directora nacional del Programa de Economía del Trabajo (PET), Carmen Espinoza, aseguró que si bien se trata de colaboradores a honorarios que deben cumplir con todas las obligaciones de los funcionarios, no ocurre lo mismo en el caso de sus derechos.

En ese contexto, se refirió al problema que implica el sistema de cotizantes voluntarios, apuntando que “tiene que ver con la precarización del empleo. Esto se manifiesta en el hecho de que hay una manera de evitar el pago de las obligaciones laborales de los empleadores a través de simular relaciones independientes de trabajadores mediante contratos civiles o contratos comerciales”.

Desde el ámbito de la legislación laboral el tema también preocupa, tal como lo manifiesta la abogada María Eugenia Montt, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Además de destacar el peligro que exista al estimular sin límites el trabajo independiente, y que perjudica especialmente a los más jóvenes, la experta en legislación laboral se refirió al problema que surgirá respecto de la retención de los dineros para quienes no coticen, criticando el error de normar por sectores y no con una visión de conjunto.

Según la abogada “se requiere de una prelación de créditos para determinar a quién le pagarán primero. Si hay familia, primero las pensiones. Después los trabajadores y cotizaciones previsionales, en el mismo nivel. Y al último debiera figurar el propio aportante de los montos, siempre que no existan otros créditos que pagar”.

En cuanto a las cotizaciones de los trabajadores independientes, cabe destacar que a partir de 2015 el Servicio de Impuestos Internos podrá retener, de ser necesario, los porcentajes relativos a pensiones y accidentes del trabajo, mientras que en el caso del 7% de la salud, esto se implementará de manera obligatoria desde el año 2018.