Hace más de un año que el municipio de La Cisterna denunció una fuga masiva e inexplicable de usuarios del sistema de salud que administran, correspondiente a 5.394  inscritos en consultorios y de los cuales 391 se trasladaron a la ciudad de Iquique en dos días. Hechos que dieron a conocer  al ministro de Salud en diciembre de 2012, pero que nunca fue investigado.

La situación ha ido en aumento. Hoy se estima que son 25 comunas a lo largo del país las que tienen movilidad sorpresiva de personas, siendo el caso más crítico el de la municipalidad de Quinta Normal, con seis mil cambios.

Ante esto, insisten en irregularidades en el proceso de validación y certificación que hace el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), para la entrega del per cápita 2014 y que genera daños de varios cientos de millones de pesos.

El sistema de salud municipal está compuesto por una lista de personas que son inscritas por las comunas cada año. Este registro se entrega al ministerio de Salud, el cual debe validarlo en primera instancia, para que luego Fonasa lo certifique mediante datos que administran empresas informáticas, como Saydex.

Este proceso ha generado vicios, según el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, quien aseguró que hay aprovechamiento y beneficios ilegales.

En esa línea, el dirigente de los trabajadores de la salud municipal dijo que “aquí lamentablemente hay un interés de empresas que presionan para evitar que las cosas se hagan como deben hacerse para que esas empresas puedan obtener lucro, haciendo las pegas que están haciendo, y si se llega a un sistema nacional público de  información en salud, claramente estas empresas van a perder un nicho de negocio que tiene con algunos municipios”.

Escenario que genera preocupación, ya que la pérdida de población beneficiaria inscrita afecta gravemente el presupuesto que provee el Ministerio de Salud a las comunas. El monto destinado es de $3500 pesos per cápita basal y mensual, lo que solventa los gastos relacionados a la atención primaria de cada municipio.

Al respecto, el alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, emplazó al ministro Mañalich de no atender  a un problema que ha sido declarado incontables veces, calificando de “negligencia inexplicable” el actuar de la autoridad.

Al respecto, Rebolledo dijo que “nosotros denunciamos a empresas informáticas que se dedican al tráfico, a la venta de nuestras bases de datos en el mercado, afectando gravemente los presupuestos de nuestras municipalidades, usted señor ministro Mañalich nunca hizo nada y que recién viene hacerlo ahora a partir de la denuncia que hemos hecho los municipios del país y le debe una explicación a los municipios, a los vecinos más pobres de nuestras comunas que se han visto afectados por estos eventuales ilícitos”.

Asimismo, la alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández, indicó que “el problema está en la implementación del sistema, que avala el lucro en la salud”.

Ante los hechos, el Minsal realizó una denuncia en la Fiscalía de Puerto Montt, al constatar que veinte mil personas, que no pertenecen a la zona, son beneficiarios. Medidas que se unen al sumario interno en Fonasa y la investigación en las bases de datos de las empresas informáticas. Además, el jefe de cartera consideró graves las consecuencias de las irregularidades, generando riesgos sanitarios.

“El año pasado nosotros tuvimos que hacer reasignaciones presupuestarias y solicitarle a determinados municipios que devolvieran dinero a otros, porque la asignación de los recursos de acuerdo al presupuesto sigue a las personas inscritas y si las personas aparecen inscritas donde en realidad ellas no viven o reciben la atención, pensando de buena fe existe un riesgo para esas personas y un potencial mal uso de recursos que deberían estar asignados a estos ciudadanos de acuerdo a donde ellos se atienden habitualmente”, señaló el ministro Mañalich.

Por su parte, la Asociación Chilena de Municipalidades indicó que esperan que la Contraloría General de la República se pronuncie respecto de la investigación, para presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables de los delitos de hurto de información, asociación ilícita y delitos informáticos.