El imponente edificio rojo de cuatro pisos ubicado en la esquina de calle Rosas con Morandé fue construido en 1918 por el arquitecto Pedro Palma Araneda, para ubicar ahí las oficinas de los empleados públicos. Hoy es una de las últimas obras neoclásicas que aún subsiste en la zona centro norte de la capital.

Pese a su valor patrimonial, la construcción está en peligro de derrumbe por la concesión que se otorgó a la inmobiliaria Gran Mundo en enero de 2008.

Cuatro meses después, la modificación del Plan Regulador de Santiago permitió que el inmueble fuese declarado de conservación histórica, pero para entonces los permisos de demolición ya estaban autorizados. En 2013 la empresa anunció que levantaría en su lugar una torre de 33 pisos.

El arquitecto Sebastián Aguilar, en conjunto con organizaciones civiles, ha llevado adelante campañas para concientizar a la población sobre la defensa de la ciudad.

Pese a sus esfuerzos, no han encontrado respuestas para proteger el inmueble: “Eso lo que demuestra es una completa falta de operancia justamente de las instituciones que están encargadas de velar por el patrimonio, porque en primer lugar no se dieron cuenta de que el edificio era valioso y que había que protegerlo con algún recurso legal y después no fueron capaces de prever el  crecimiento inmobiliario y las estrategias de depredación inmobiliaria que tienen estas empresas. Entonces, visto de ese modo, si pudieran comprar La Moneda y demolerla, lo harían, porque no hay nada que los detenga”, señaló Aguilar.

Para Genaro Cuadros, Director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, la inminente demolición da cuenta de la falta de políticas públicas que entreguen recursos suficientes para invertir en la protección y valorización del patrimonio urbano: “El patrimonio no es algo que uno deba proteger normativamente, porque no sacas nada solamente con declarar su valor, además de eso lo que le falta al Estado y que es necesario que durante la próxima gestión del Consejo de Monumentos Nacionales se avance en esta materia, es sobre todo mecanismos de valorización del patrimonio. En Chile hay una deficiencia absoluta respecto de eso, no hay mecanismos, los fondos son muy escasos y no hay una política clara respecto a la puesta en valor del patrimonio”, dijo Cuadros.

Quienes se oponen a la demolición señalan que existe una oportunidad legal que permitiría detenerla, ya que según indica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el permiso entregado a la inmobiliaria caducaría luego de tres años sin realizar obras.

Para Sebastián Aguilar, este hecho podría marcar un importante precedente en el  rescate patrimonial de Santiago: “Hay que apelar al buen criterio y al sentido común de las personas que están a cargo de esto, porque puede que el edificio lo terminen demoliendo, pero en unos años más vamos a terminar lamentando  el caso de este y de muchos otros edificios que por distintos motivos políticos y por falta de voluntad política, no se han podido salvar“.

Luego de apelar al Consejo de Monumentos Nacionales y a la Dirección de Obras, ahora la última palabra la tendrá la Seremi de Vivienda y Urbanismo.

Tanto ciudadanos como arquitectos esperan que la entidad impida las obras de la inmobiliaria y se invierta en la restauración del emblemático edificio.