Ambas colectividades hacen un llamado a abordar el tema social bajo una perspectiva de derecho que apunte a terminar con el estado subsidiario.

Los referentes del Partido Progresista solicitan al gobierno que se modifique la manera en que se calcula la pobreza en Chile.

Si bien, felicitan la iniciativa de establecer el “bono marzo” como un beneficio permanente para los sectores socioeconómicos más vulnerables, señalaron que es necesario especificar cuánta es la gente que necesita ese aporte de 40 mil por carga familiar.

Patricia Morales, presidenta de la colectividad, aseguró que las cifras están mal calculadas y pidió al ministro de Hacienda, Alberto Arenas y a la presidenta Michelle Bachelet que asuman este problema para optimizar los recursos estatales.

“Este fue uno de los compromisos incumplidos de Sebastián Piñera. Todos sabemos que las cifras de pobreza están mal calculadas, que no tenemos el 15% sino probablemente el doble. Así como resulta fundamental establecer de manera permanente un bono, creemos necesario abarcar la pobreza en su globalidad y transparentar esta cifra real”, dijo.

La directora ejecutiva de la Fundación Progresa señaló que el ex Presidente de la República no solo no cumplió con nuevas mediciones, sino que además generó un manto de dudas sobre los distintos índices sociales y se alejó de un enfoque de derechos.

“Lo que se hereda no son los bonos sino los derechos. Debemos transitar hacia salud, educación y pensión garantizados. Es parte de los compromisos, y lo primer es sincerar la cifra, reformar la Ficha de Protección Social y cambiar el modelo de Estado Subsidiario a uno de derechos garantizados”, señaló.

En la misma línea, la recién ratificada presidenta del Partido Igualdad, Roxana Miranda, señaló que el actual instrumento no grafica la real vulnerabilidad de las familias, por lo que un sector importante no accederá al “bono marzo”.

“Ellos no dan puntada sin hilo, por un lado está el ofertón y por otro lado cómo ese bono llega a las familias. Estamos viendo como es la estrategia para un bono permanente que va a contener que muchas familias no serán beneficiarias, muchas familias quedarán fuera”, señaló.

Además, la ex candidata presidencial señaló que un nuevo instrumento no debe depender de los criterios del gobierno de turno; “Están obligando a la gente que firme declaración jurada para entregar información. La ficha es la misma, tapar la pobreza con decretos, pero no reflejar la realidad de las familias”.

En el PRO dicen que un primer paso sería volver a calcular la canasta básica de alimentos, mientras en Igualdad dan por descontado que cualquier nueva modificación estará ajustada al presupuesto estatal.