Los cuestionamientos hacia las designaciones en cargos públicos suman ahora las recientes críticas a gobernadores, los que fueron objetados por su historial judicial, además de contemplar la renuncia de seremis en la región de O’Higgins.

En esa línea,  el Gobierno le pidió la renuncia a la designada gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio (PPD). Esto luego de que se conoció que obtuvo beneficios sociales gracias a una Ficha de Protección Social que la califica como indigente, pese a tener un título profesional de socióloga.

A esto se suman las críticas a gobernadores en Santiago, Ñuble y Antofagasta, donde ejerce Hernán Vargas, quien recibe la pensión Valech pese a no cumplir requisito.

Al respecto, el senador independiente Pedro Araya dijo que mientras el  Vargas no dé un paso al costado, seguirán aumentando los cuestionamientos por parte de la ciudadanía: “Esto se ha traducido en que a una semana de que asumió la Presidenta Bachelet, en Antofagasta no se habla del programa de Gobierno ni de las reformas constitucionales, sino que se ha puesto en duda si la persona que se asignó como gobernador tiene o no las competencias para poder ejercer el cargo y esto ha significado un desgaste porque para mucha gente queda la imagen que se está volviendo a las malas prácticas que llevaron a la Concertación a perder la elección presidencial hace un par de años atrás”, dijo el senador.

A estas críticas se sumó este martes la renuncia de las recién nombradas seremis por la Región de O’Higgins Natalia Sánchez (en la foto), de Vivienda y Urbanismo, y Marcela Riquelme de Justicia, quienes ante cuestionamientos públicos decidieron dejar sus cargos.

Felipe Heusser, presidente ejecutivo de la fundación Ciudadano Inteligente, consideró que frente al masivo acceso a información y a redes sociales, hoy se torna complejo el proceso de selección, porque hay más variables sobre la mesa, que sobrepasan la confianza política del Presidente: “Esto da cuenta de un estándar de exigencia de transparencia, consistencia profesional y política que hoy es verificable. Anteriormente estos nombramientos ocurrían sin mayor contratiempo, pero hoy día no sólo hay una sociedad civil organizada y una clase política que puede acceder a más información, sino que existen las herramientas para poder verificar la consistencia profesional  de una persona respecto a la idoneidad del cargo y también su consecuencia política, revisando por ejemplo sus testimonios anteriores en redes sociales”, afirmó Heusser.

Por otro lado, continúan los cuestionamientos al recién designado superintendente de Medioambiente Cristián Franz, luego que se conocieran sus vínculos de asesoría a grandes mineras y proyectos energéticos.

A diferencia de los gobernadores y seremis, Franz fue elegido por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), creado en 2003 por un acuerdo entre Gobierno y oposición, con el objetivo de dotar directivos al gobierno central a través de concursos públicos y transparentes.

El analista político del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), Gustavo Rayo, explicó que lo que buscaba este sistema era “profesionalizar el servicio civil, no sólo accediendo a nombres de confianza política, sino también a personas que demostrasen competencias técnicas, para dar continuidad a la gestión gubernamental”. Además criticó que “el sistema de dirección pública se ha venido debilitando en su credibilidad, precisamente por el abuso que se ha hecho de excluirlos en función de su carácter de exclusiva confianza. Así no se está dando continuidad a la gestión gubernamental. En ese sentido, la administración de Sebastián Piñera conspiró decisivamente en restarle ese carácter de continuidad al proceso de selección de ADP y estamos viendo ahora la consecuencia siguiente. Si en el Gobierno anterior se prescindió de personas con competencias suficientes que podían dar sentido de continuidad, hoy tenemos la respuesta contraria, por lo tanto se sigue debilitando el ADP”, señaló el académico.

Por su parte, Cristina Escudero, analista política de INAP, consideró que luego de dos cambios de gobiernos en presencia del sistema de Alta Dirección Pública, es momento de introducir  cambios profundos.

En ese sentido, Gustavo Rayo apuntó a dar un número mayor de años de contratos a los funcionarios designados y encarecer el sistema de despidos como medidas reformadoras del sistema. Sin embargo, señaló la necesidad de cambiar la cultura política, en función de distinguir el ámbito de las decisiones políticas de la ejecución de políticas públicas.