Ocho kilómetros de largo y 250 metros de alto, similar a la altura de dos torres Entel, son las dimensiones del tranque de relave El Mauro de minera Los Pelambres ubicado en la comunidad de Caimanes, en Coquimbo.
Con esas dimensiones, la construcción constituye la tercera obra de ingeniería más grande de Latinoamérica y, a juicio de sus detractores, un peligro de catástrofe sin precedentes en la historia. La empresa minera inició las gestiones de su construcción en 2003 para depositar ahí 2 mil 060 millones de toneladas de desechos mineros tóxicos que contienen arsénico, óxido de silicio, plomo y otros contaminantes derivados de la explotación del cobre.
Según informes de la empresa, la estructura podría resistir un movimiento sísmico de hasta 7,5 grados Richter. Entrevistado en el programa Semáforo, el vocero de la Red Ambiental Norte Comunidad de Caimanes-Los Vilos, Alfonso Ossandón, llamó a Onemi y Sernageomin a tomar medidas frente a esta amenaza. Ossandón enfatizó que el último pericial arroja que esto es un peligro de una catástrofe sin precedentes a nivel mundial, considerando que el tranque está emplazado en una zona de alta sismicidad. Según informes de la minera Los Pelambres, existe un riesgo correspondiente a una falla geológica ubicada a un kilómetro aguas abajo del eje del muro de partida del tranque. El dirigente criticó que se hacen planes de contingencia en la costa de los Vilos, frente a la eventualidad de un terremoto 8,7 grados Richter, pero no se hacen a 35 kilómetros al interior, frente al peligro que implica este tranque de relave. En ese sentido dijo que existe una discriminación delictuosa de parte de las autoridades de la región frente a esto.
Luego de denuncias por parte de la comunidad de Caimanes, que buscaban detener la construcción de la minera, la empresa propiedad del grupo Luksic llegó a un acuerdo para detener las acciones judiciales. Fue así como en 2008 el tranque ya había iniciado sus actividades
El director de Acción Ecológica Luis Mariano Rendón, explicó que son pocas las posibilidades de mitigación efectivas frente a esta amenaza. Sin embargo, apuntó a las medidas inmediatas para proteger a la población. Rendón señaló que de acuerdo a los antecedentes que manejan, se está buscando ampliar esta zona de relave, para depositar más desechos contaminantes, lo que a su juico no puede ser admitido. Además, dijo que se deben tomar medidas que impidan que haya población cerca, “lo que es sumamente duro cuando pensamos que la comunidad de Caimanes ha vivido toda su historia en ese lugar. Esa es la magnitud de los proyectos ambientales en Chile, que implican directamente poner en riesgo la vida de comunidades, para la explotación de estos proyectos”, aseguró.
Por su parte, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, explicó que la legislación en torno a los tranques de relaves es un tema que continúa pendiente. Pese a que en 2010 se aprobó una ley de cierre de faenas mineras, hasta ahora no ha sido debidamente implementada y no se hace cargo de los pasivos ambientales mineros: “La situación de la comunidad de Caimanes no es distinta a la que hay en muchas comunidades de Chile, donde las personas no saben que hay faenas mineras ni los riesgos en toxicidad y derrumbes posibles que implican. Creo que ahí hay una gran deuda en política pública en relación a la minería y considerando lo que ha sido la historia minera del país”, dijo.
Los expertos coinciden en la necesidad de prever una posible catástrofe en la localidad para evitar que se repitan episodios como el del 27 de febrero de 2010 en la localidad de Pencahue. Producto del terremoto, un relave se desbordó y sepultó la casa en la que vivía la familia Gálvez Chamorro, cuyos cuatro integrantes murieron en el accidente.
