El próximo lunes se podría dar a conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia sobre el desafuero del diputado Rosauro Martínez Labbé, militante de Renovación Nacional, a quien se le vincula al homicidio de tres miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en septiembre de 1981, en la localidad de Neltume, en la región de Los Ríos.

El tribunal dejó en acuerdo la resolución, seguida por largo tiempo por agrupaciones defensoras de los derechos humanos, mientras los jueces estudian los antecedentes con que dictarán el veredicto.

A casi 33 años de las muertes de Patricio Calfuquir, José Monsalve y Próspero Guzmán, la parte querellante asegura que existen datos suficientes para inculpar al entonces capitán de Ejército del Regimiento Llancahue de Valdivia.

Así lo afirmó la abogada Magdalena Garcés, representante de los familiares de las víctimas, al aseverar que “tanto los mismos procesados, los militares que participan en los hechos como en las declaraciones de los testigos se da a entender que se trató de un operativo que fue dirigido y en el que participó personalmente, disparando contra las víctimas, el capitán Rosauro Martínez Labbé”.

Según los antecedentes recabados por la ministra en visita Emma Díaz el resultado del operativo de Neltume, donde participaron tropas regulares del Ejército con ayuda de agentes de la CNI, terminó con siete personas muertas, todos integrantes del grupo de resistencia que el MIR instaló en la zona.

Además, la ministra logró establecer que no fueron enfrentamientos sino que homicidios, causa por la que fueron procesados el jefe del grupo de la Unidad Antiterrorista de la CNI, Conrado García, y el jefe de la Brigada Rojo, Enrique Sandoval. Éstos y otros conscriptos que fueron testigos apuntan a Rosauro Martínez como participante activo de los hechos.

Como explica la abogada Magdalena Garcés, para que Martínez sea desaforado y luego investigado deben existir sospechas fundadas de su participación, lo que efectivamente estaría sustentado.

“Se pide que existan sospechadas fundadas de participación. Lo que tenemos en el expediente es que está establecido el hecho punible como homicidio, que existen procesados, que el diputado estaba en el lugar, que disparó y que dirigió el operativo. Entonces nos parece evidente que debiese ser investigado por estos hechos”, aclaró.

La estrategia de la defensa ha sido plantear que el diputado ya fue procesado y absuelto, además de que los hechos están prescritos. El abogado defensor, Fernando Saenger, no quiso referirse al juicio hasta conocer el veredicto, aunque atacó a una de las ministras del pleno, Ruby Álvarez, por considerar que su participación es cuestionable en el proceso al declararse implicada en 2011.

Desde las víctimas, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señaló que este caso se ha extendido por el poder de Martínez y la presión impuesta por parte de la “familia militar”.

La dirigente enfatizó que este caso es fundamental para avanzar en el procesamiento de civiles que participaron de la represión en dictadura y emplazó a quienes aún mantienen el pacto de silencio a no seguir entorpeciendo la investigación.

“Esperamos que la Justicia realmente llegue a él, porque es una gran lucha que damos las agrupaciones, como la de ejecutados políticos, sobre civiles responsables en crímenes. Y en el caso de Rosauro Martínez, militar que hoy viste de civil, pero que igual tiene las manos con sangre, que se resuelva su desafuero para que responda ante la Justicia por los crímenes cometidos”, exigió.

La resolución es inminente. En caso de ser acogido el desafuero, la defensa puede apelar, mientras que de ser rechazado, los abogados querellantes aún estudian otras posibilidades.