La Constitución establece en el artículo 19, número 24 “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. A juicio de las organizaciones chilenas que han hecho seguimiento a la crisis hídrica, esta frase marca el comienzo del fin del recurso como bien público.

A esto se agregaron acuerdos internacionales, como el Tratado Binacional Minero, firmado por los ex presidentes, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Carlos Menem, que garantizó el acceso al recurso para las grandes transnacionales extractivas.

Pero el principal factor que acusan las organizaciones para que el sector privado se apropiara del agua, es la imposición de una cultura que ve como normal que el agua que cae del cielo tenga dueño.

Esta situación afecta principalmente a sectores vulnerables, como comunidades de campesinos, indígenas y pequeños productores, quienes necesitan del agua no solo para beber, sino que para el riego de sus plantaciones, base de su sustento económico.

Teresa Armijo, del Frente Amplio de Melipilla, profundiza en esta situación: “Esto tiene mucho que ver con que la propiedad del agua está en manos de algunos pocos y muchos de esos pocos no tienen tierras. Eso conlleva a que el campesinado, el productor de frutillas, se vaya endeudando con los bancos, que muchas veces coinciden con los dueños del agua y al no poder pagar sus deudas ellos ponen en riesgo la propiedad de su terreno. Por lo tanto, eso va  provocando que puedan producirse campesinos sin agua y sin tierra”, señaló.

Los conflictos abarcan todo el territorio nacional, en el norte con las grandes transnacionales mineras, en el centro con los conglomerados agro exportadores y en el sur con las empresas forestales e iniciativas hidroeléctricas.

Para Rodrigo Villablanca, representante de las comunidades del Huasco Alto, las medidas paliativas implementadas por las autoridades son incluso más perjudiciales: “Un hecho sumamente grave que hemos visto en los últimos cinco años en el Valle del Huasco, es el bombardeo de nubes que está realizando la Comisión Nacional de Riego con la excusa de que podamos tener más agua en nuestro río, pero en definitiva lo único que produce es que no caiga nieve en la alta cordillera que es la que mantiene el ciclo hídrico natural en nuestra zona y el agua para abastecer a todo Chile en las más de 101 cuencas que existen en el país. Al no caer nieve sobre la cordillera, los glaciares se han visto disminuidos y cada vez menos agua corre por nuestros ríos”, aseguró.

Por su parte, Claudio Almuna, vocero de la comunidad de San Fabián de Alico, provincia del Ñuble, se refirió a la situación que se vive en su zona: “Esta comuna va a ser afectada por las tres iniciativas más grandes a nivel nacional, porque se pretende construir la represa Punilla, aparte tenemos la central Ñuble de pasada y además la central Perquilauquén. Estos tres proyectos van a destruir una de las reservas que tiene la mayor riqueza paisajística de Chile”, dijo.

Existen otras iniciativas, impulsadas durante los gobiernos de la Concertación que han ayudado a profundizar el problema, por ejemplo, la venta y entrega en concesión a privados de las empresas sanitarias, es decir, el agua potable, iniciada también durante la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Para las organizaciones, la recuperación del recurso pasa por siete ejes fundamentales: Fin al lucro, propiedad colectiva, gestión comunitaria, derogación de los instrumentos privatizadores, redacción de leyes para la vida, reestructuración institucional y fin a la criminalización de la protesta social, cambios que pasan necesariamente por la realización de una Asamblea Constituyente.

Son cerca de 70 las organizaciones y comunidades que han convocado para este sábado 26 de abril, a una marcha que iniciará desde 4 puntos de Santiago, para confluir en la Plaza Almagro, en donde se realizará un acto cultural por la recuperación del agua.