El anuncio del Gobierno fue considerado como una sorpresa en distintos sectores, pese a que se esperaba que el proyecto se diera a conocer el 21 de mayo, para la cuenta pública presidencial.

Si bien las reacciones políticas no fueron tan variadas, quedó claro el rechazo desde la UDI, expresado por el senador Juan Antonio Coloma, quien dijo que no permitirán el aumento de parlamentarios ni que “en regiones se vaya perdiendo la representatividad como lamentablemente este proyecto del Gobierno lo está planteando”.

Ante la resistencia que ha mostrado el gremialismo, el académico Alejandro Olivares, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, aseguró que esto se debe a que este partido sería el principal afectado por la reforma.

“La posición de la UDI ha sido siempre por un sistema mayoritario, porque ellos, como un partido entre mediano y grande, se ven beneficiados al ser sobrerrepresentados como el partido más grande de la derecha. Entonces, cuando se les cambia ese sistema, ellos corren el riesgo de que su representación baje y, por lo tanto, pierdan influencia en el sistema político”, explicó.

Para el experto los criterios de la modificación avanzan en el sentido correcto, especialmente en proporcionalidad y representatividad, así como también en la medida de paridad de género que asegura la participación de, al menos, un 40 por ciento de candidatas.

Ante esto coincidió la abogada de la Corporación Humanas Camila Maturana, quien sin embargo cree que en esta materia hay espacios más importantes por reformular. “La reforma electoral va en la línea correcta al obligar a los partidos políticos a incluir, en proporción equilibrada, a hombres y mujeres en las listas de candidaturas”, manifestó.

Además, criticó que “ésta no es una medida que por sí sola corrija la subrrepresentación de las mujeres, porque existen factores políticos e institucionales que están detrás de ello. Hay que destacar que han sido los partidos políticos los organismos que históricamente más se han resistido a la inclusión de mujeres”.

Por su parte, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami aseguró que siempre será complejo plantear el aumento de parlamentarios, por lo que es necesario también discutir una reforma a los derechos y deberes del Congreso.

“Si bien no es lo fundamental del debate, tiene un problema práctico. La sociedad chilena vive muy mal esta afirmación de que se requieren más congresistas para más democracia. La realidad chilena es que existe una gran crítica respecto de la ineficiencia del Congreso”, aseveró.

Como parte de sus propuestas, el líder progresista planteó que “aprovecharía de darle más poder al Congreso en algunos aspectos, pero también de asignarle más deberes, lo que significa aumentar sus atribuciones, pensar el tema de las candidaturas independientes, replantear la necesidad de un Parlamento que sea un verdadero contrapeso respecto del veto que todavía tiene el Presidente de la República”.

En tanto que el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, si bien valoró la intención de modificar el sistema, expresó la necesidad de que “no sea un trámite instantáneo, sino que sea un proyecto discutible, porque no es tan inocente y no solo modifica la cantidad de parlamentarios. Detrás de esto está también el carácter de país unitario de Chile y cómo se llevará adelante una verdadera descentralización y empoderamiento de las regiones”.

Por ello, advirtió que “si esto se hace a través de la cantidad de habitantes y no territorial, no tenemos nada qué hacer desde las regiones. Porque aunque tengamos extensos territorios, no valdríamos más que por la cantidad de habitantes, lo que es tremendamente centralista y brutalmente discriminatorio”.

El parlamentario señaló que los legisladores de regiones quedan menos representados frente a los siete senadores con los que contaría la Región Metropolitana, aunque dijo esperar el detalle del articulado para ver qué medidas considera para la descentralización.