Continúan las gestiones del movimiento ciudadano que se opone a la inminente instalación de la Central Termoeléctrica Peumo, proyectada a corta distancia de lugares poblados y predios agrícolas de Parral, lo que podría afectar la salud y economía de su población.

Solo la insistencia de las organizaciones sociales de la ciudad maulina logró que el municipio emitiera una declaración en rechazo al proyecto, recién el 16 de abril, pese a que el actual concejo municipal recibió la información en diciembre de 2013.

El ex alcalde Israel Urrutia insiste en que nunca tuvo información. Hoy, tanto la alcaldesa Paula Retamal, como los concejales de distintas líneas políticas, intentan retomar el liderazgo del bloque opositor en manos de la ciudadanía.

Avanzando de forma paralela, los dirigentes sociales pidieron apoyo al diputado por la zona Guillermo Ceroni, quien gestionó una reunión en Talca con la seremi de Medioambiente, María Eliana Vega.

La seremi se comprometió a convocar a una mesa ampliada con la presencia de la gobernadora de Linares, Claudia Aravena, el diputado Ceroni, la alcaldesa de Parral y los seremis de Medioambiente, Salud y Agricultura.

El vocero del movimiento No a la Termoeléctrica Peumo, Iván Apablaza, valoró la instancia de diálogo, pero la calificó de poco fructífera. “No nos dijeron nada que no sepamos”, aseguró, agregando que espera reunirse con el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, para discutir el tema.

“La seremi del Medio Ambiente nos reconoció que la instancia se había generado porque recibieron una llamada desde arriba. Entonces, la presión ciudadana y lo que hemos estado haciendo ha tenido algún tipo de repercusión, generando que las autoridades nacionales se hayan tenido que comunicar con las autoridades locales. Esto, para invitarnos a dialogar y ver lo que está pasando, porque seguramente necesitan más información que se rescate a través de los seremi”, explicó.

En la misma línea, el diputado Ceroni reconoció que “esto ha llegado a las altas esferas (…) han instruido a las autoridades regionales a buscar una solución”, añadiendo que confía en el resultado de esta mesa de trabajo.

“Hay una cosa clara en la última conversación y es que aquí no se trata de que estas mesas de trabajo sean simplemente para dilatar el tema o disuadir a algún movimiento ciudadano. Ese no es el objetivo. Lo que se vio fue la instalación de una mesa de trabajo para buscar soluciones, por supuesto que dentro de los caminos institucionales”, aclaró.

Los protagonistas afirman que una llamada desde el ministerio del Interior aceleró las gestiones de las autoridades regionales, por lo que la primera cita de la mesa ampliada ya fue confirmada para el próximo jueves 8 de mayo.

El ministro Badenier respondió sobre este tema a Canal 13, asegurando que la Central Termoeléctrica Peumo tiene todos los permisos para ser construida, pero que la nueva normativa –vigente desde 2013– tiene mayores exigencias que eventualmente no le permitirían operar. “Tal como fue concebido, no es posible”, aseveró la autoridad.

El respaldo de las centrales

En este escenario, todos se preguntan si aún es factible la construcción de la termoeléctrica. En rigor, la empresa Río Cautín S.A. tiene plazo hasta el 13 de junio para actualizar los datos del proyecto y ajustarlos al decreto que establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas.

El propio ministro Badenier confirmó que la modificación por parte de la empresa aún no es ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) con que fue aprobado el proyecto no asegura su implementación.

Uno de los principales elementos que incorpora la nueva ley es que todas las unidades que generen electricidad por un valor superior a 50 MwT (megavatios térmicos), ya sea que funcionen en base a carbón, petróleo o gas, deben incorporar un sistema de monitoreo de emisiones.

Sin embargo, esto ha sido cuestionado por especialistas. El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, afirmó que hasta el momento el ministerio ha aplicado una interpretación sobre la ley que deja libre de este monitoreo a las centrales de respaldo.

“Nosotros conversamos con la gente de la Superintendencia sobre ese tema y ellos nos dijeron expresamente que se había hecho una interpretación de la norma y que las de respaldo estaban quedando fuera, porque la mayoría de ellas funciona menos de 20 días en el año. Por lo tanto, esa planta hasta podría quedar fuera de la exigencia de la norma”, detalló.

Asimismo, Cuenca denunció que “este es un sistema perverso”, a propósito de la participación de este tipo de unidades en el Sistema Interconectado Central (SIC).

Cuando el SIC está falto de suministro, el Centro Económico de Despacho de Carga (Cedec) coordina el ingreso de las centrales de menor costo, que son además las más contaminantes. Empiezan por el carbón, luego acuden a las que funcionan a petróleo y por último a las que funcionan con gas.

El precio del megavatio suministrado se fija de acuerdo al costo de la última central que ingresó al sistema, y como el SIC paga a todas por igual, las grandes empresas se ven beneficiadas por las pequeñas.

Incluso, aunque las centrales de respaldo no funcionen en todo el año, el Estado paga el servicio solo por mantenerse disponible. De esta fórmula se explica que en tiempos de crisis energética las empresas vean aumentadas sus ganancias y las personas sus cuentas a final de mes.

El “rey del Megawatt petrolero”

Un artículo publicado por El Mercurio, el 27 de mayo de 2012, destaca el traspaso del empresario Wolfang Stohr von Holleben desde el rubro agrícola al energético.

Como consigna el matutino, Stohr se abrió paso en el rubro energético con la construcción de dos centrales de respaldo, Olivos y Los Espinos. Ambas operan en Los Vilos, en la región de Coquimbo, y pertenecen a Potencia S.A., empresa que hoy integra el Grupo Agrisol, y al cual se trasladaron en cargos de gerencia varios miembros de la familia Stohr.

El empresario también aparece en la polémica compra de derechos sobre el Río Manso, afluente compartido con Argentina que la Dirección General de Aguas (DGA) remató en 2008. Río Cautín S.A. es otra de las empresas creadas por el Grupo Agrisol.

Agricultores dispuestos a cortar caminos

Río Cautín cuenta con el permiso de edificación para una central de respaldo en base a petróleo, en un predio de 62 hectáreas, ubicado a muy poca distancia de la zona urbana. El lugar está rodeado de plantaciones de fruta exportable, a 500 metros del poblado Villa Quito y a dos kilómetros de una escuela rural.

En Parral, los vecinos aseguran que el proyecto causará efectos negativos a la economía de la zona. Esto lo reafirma Juan Rogazy, ex concejal ligado a la UDI y uno de los principales productores del sector.

“Es desastroso, para todos fue una sorpresa”, planteó el empresario agrícola, quien está en contacto con pequeños y grandes productores para evitar a toda costa el levantamiento de la termoeléctrica.

Según Rogazy, una central de cualquier tipo impactaría sobre el valor comercial de sus productos y predios, afectando a cuatro empresas, 10 productores grandes y alrededor de 400 pequeños. Además, los mercados estadounidense, europeo y asiático tienen exigentes restricciones para la exportación de fruta.

Otro sector damnificado sería la producción de arroz, cuyo 80 por ciento a nivel nacional se cultiva en Parral. Respecto de la posibilidad de que la empresa desista de su construcción, Rogazy es categórico: “Un proyecto de 45 millones de dólares que está instalado nadie lo va a dejar botado”.

RSE: El error de la empresa

Soledad Caro llegó al municipio de Parral con una tarjeta que decía “Encargada de Redes Comunitarias de Mainco S.A.”, otra de las empresas del Grupo Agrisol. Consultada al respecto, la profesional señaló que solo puede dar declaraciones el gerente general de la empresa, Patricio Guerrero, quien no pudo ser contactado.

De manera paralela y por encargo de Agrisol, la Fundación Casa de la Paz se acercó a distintas poblaciones de Parral para llevar un proceso de consulta y diagnóstico sobre la comunidad y sus necesidades. La socióloga de la institución Mitzy Canessa manifestó que la asesoría está pronta a finalizar. “Tenemos que evaluar si seguimos o no con la empresa”.

La incursión de ambas profesionales alertaron a los vecinos sobre el conflicto latente desde 2009.

El último recurso legal

Si bien el artículo N°1 de la Ley 19.300 sobre Bases generales del Medioambiente consagra “el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”, los recursos judiciales en defensa de los ciudadanos son reducidos. Sin embargo, aún deben ser presentados ante la justicia ordinaria y no en el Tribunal Ambiental.

Pablo Videla y Carolina Navarrete son los abogados del Movimiento No a la Termoeléctrica Peumo, quienes trabajan desde hace un par de semanas en la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca.

“El recurso de protección es lo único que va quedando”, puntualizó la también vocera del movimiento, agregando que están a la espera de documentos solicitados al municipio para hacer más contundente el informe.

“El recurso ya está armado. Lo que pasa es que se le pidió a la municipalidad, que está colaborando con nosotros, que informe respecto de ámbitos de agronomía, veterinaria, geriatría, salud en general, sobre todo lo que nos afectaría la termoeléctrica. Entonces, estamos esperando esos informes para poder presentarlos con el recurso”, explicó.

Por el momento, los abogados siguen sumando titulares que adscriban la demanda. Estos pueden ser trabajadores afectados por su fuente laboral, vecinos que quieran vivir libres de contaminación, agricultores que defienden sus productos y todos quienes deseen dar mayor sustento al último recurso legal de los parralinos para evitar la construcción de la Termoeléctrica Peumo.