La Ley Marco de Bomberos de Chile, vigente desde el 3 de febrero de 2012, establece en su artículo 6° que los distintos organismos de la institución “serán beneficiados de los fondos que se les asignen anualmente en la Ley de Presupuesto del Sector Público”, dentro de la partida del ministerio del Interior.

Además, se consideran aportes de los gobiernos regionales y municipalidades, ingresos que obtengan por la prestación de servicios, donaciones de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y respecto de los bienes que conforman su patrimonio.

Sin embargo, los recursos no son suficientes. Tampoco las condiciones en las que trabajan son las mejores. A pesar de todo, el voluntariado se mantiene como la principal consigna.

El aporte del Estado se ha ido incrementando anualmente desde el gobierno de Ricardo Lagos. Para este año, la cantidad es de 24 mil 400 millones de pesos, recursos que se distribuyen en gastos operacionales e inversiones, así como para financiar la Junta Nacional y la Academia Nacional de Bomberos.

Para el presidente de la institución, Miguel Reyes, la mayor necesidad en este momento es la renovación de cuarteles, considerando que aún existen 24 edificios sin financiamiento, entre las regiones de Valparaíso y Biobío, además de otros tres destruidos por el reciente terremoto en el norte del país.

Junto a ello, insiste en el servicio de carácter voluntario y gratuito que les caracteriza, descartando que el tema de las remuneraciones sea una necesidad. “Siempre se coloca como ejemplo a Estados Unidos, pero resulta que allá existe un millón de bomberos voluntarios, lo que no se dice. En Europa, prácticamente en todos los países, también existe una cantidad similar de voluntarios”, asevera.

Asimismo, aclara que establecer pensiones podría significar un problema, considerando que muchos bomberos ya cuentan con jubilaciones, y que en caso de accidentes o muertes en actos de servicio no cuentan con un seguro de vida.

“Lo que nosotros tenemos es un beneficio legal, que nos da la ley de accidentados en actos de servicio, que favorece justamente a todos los bomberos que se accidentan o fallecen en ese tipo de situaciones. Pero eso es un beneficio legal, no un seguro, por lo que en buena hora que se pueda establecer un beneficio de ese tipo”, aclara.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, la Cámara solicitó al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley para asegurar el financiamiento estatal de los equipos de protección personal de Bomberos. Sin embargo, no hubo respuesta, tal como afirma el diputado PPD Ramón Farías.

Como voluntario de la décima Compañía de Bomberos de San Joaquín, advierte sobre los cuidados que se deben tener al invertir los recursos, que siempre son escasos, donde la urgencia se da precisamente respecto de equipamiento y elementos de seguridad. En ese contexto, considera que el aporte estatal resulta indispensable, a lo que podrían sumarse donaciones de las grandes empresas con descuentos vía impuestos.

En cuanto a la idea de establecer remuneraciones, el parlamentario asegura que “el tema de la profesionalización no hay que mezclarlo con el tema del sueldo. Los bomberos son profesionales, lo que pasa es que son profesionales ad honorem. El tema de la paga ha sido largamente discutido en Bomberos. A la mayoría, entre un 60 y 70 por ciento, no les interesa que les paguen, que nos transformemos en bomberos con sueldo”.

En esa línea, reconoce que “lo que nos interesa es tener buenas capacitaciones y a través de eso poder entregar un buen servicio a la comunidad. Es el Estado el que debe financiar a los bomberos, porque es un servicio que ciudadanos voluntarios le están prestando al país”.

Además, apunta a la urgencia de revisar y actualizar la actual legislación, lo que debiera incluir un sistema de seguros y pensiones.

Otra de las fuentes de financiamiento es a través de los municipios, donde en general se entregan aportes, aunque en algunos casos, como reconocen las autoridades, aquello simplemente no ocurre.

En la comuna de Independencia, por ejemplo, las autoridades reconocen una excelente relación, lo que ha dado paso al desarrollo de una política de subvención municipal para aportar a los requerimientos más urgentes. Pero no solo se trata de una relación financiera, como explica su alcalde, Gonzalo Durán, sino que de un trabajo conjunto para detectar las necesidades y generar planes de emergencia con carácter preventivo.

En cuanto a los recursos, que no necesariamente deben ser económicos, el alcalde destaca que “logramos finalmente hacer un aporte municipal de 20 millones de pesos para efectos de contribuir a la adquisición de un carro bomba nuevo, de manera que tenemos una muy buena relación”.

Respecto de la idea de profesionalizarlos mediante remuneraciones, “mi impresión es que sus requerimientos van más por el lado de que el Estado sea capaz de generar las condiciones para el adecuado cumplimiento de sus tareas, en términos de equipamiento e infraestructura, más que de la profesionalización del personal”, asegura.

Cabe destacar que en Chile existen más de 40 mil bomberos a nivel nacional, incluyendo a seis mil 500 mujeres. Además, disponen de alrededor de tres mil vehículos, de los cuales 600 son nuevos y computarizados, los que se han adquirido durante los últimos seis años.