El acuerdo debe necesariamente materializarse en un proyecto de ley aprobado por el Congreso, y hace unos días el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier condicionó el apoyo de su sector a la iniciativa a que se aclare la entrega de estos datos y se garantice que el uso de la visa será seguro para los chilenos.

En ese sentido el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz y las autoridades norteamericanas han indicado que el acceso a la información es habitual, legal y bidireccional, como expresó el embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer (MAi-kol JAM-er).

Michael Hammer, explicó que este proceso es “sumamente protegido, eso no cabe duda, eso se trata obviamente de un compartimiento de información, todo el mundo puede estar tranquilo que este programa dura dos años, al final de los dos años se hará una revisión de dónde estamos con respecto a ese tratado, con respecto a asegurar que sea respetado las leyes y el marco del programa”.

Parlamentarios de la UDI como la diputada Andrea Molina, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, han insistido que los temores son infundados.

Mientras, el presidente de la Comisión, el PPD Jorge Tarud, hizo un llamado a la Nueva Mayoría a aprobar la iniciativa y, en línea con lo que sostienen ambas cancillerías, indicó que no hay riesgos con el acuerdo.

“Aquí se trata solamente de casos criminales, en el caso de que haya información de personas que hayan sido condenadas y además el Estado de Chile se reserva el derecho a entregar o no entregar la información, por lo tanto la ciudadanía no tiene ningún riesgo, ningún peligro y no tienen que tener ningún temor porque los datos de las visas van a ser los mismos de antes, no ha cambiado en nada”, puntualizó el legislador.

Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, reconoció que esto podría generar un desacuerdo en el conglomerado, pero indicó que es responsabilidad de cada parlamentario velar por la protección de la confidencialidad de los chilenos y chilenas.

El Parlamentario comunista señaló que “bueno si no hay un apoyo total, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, yo creo que la mía es sin duda será amparar la privacidad de los datos de los chilenos y chilenas y eso es la misión por la que estoy acá, no permitirle que un Estado extranjero, no importa que Estado sea, con tal de entregarnos una visa, nos pida los datos personales, no eso no me parece que sea conveniente”.

Gutiérrez afirmó que su preocupación se acrecienta más aún después de conocer las últimas informaciones de espionaje realizado por Estados Unidos, incluso a autoridades de países de la región, como es el caso de Brasil con su presidenta Dilma Roussef.

Estas reticencias coinciden con las planteadas por algunas organizaciones como la ONG Derechos Digitales, quienes afirman que Chile no tiene un ordenamiento jurídico ni un organismo competente que sirva de interlocutor y fiscalizador a la transferencia de datos.

El proyecto debería ingresar al parlamento esta semana y allí comenzará una tramitación que se augura, al menos, compleja.