La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), presentó un ultimátum en su último informe de 2012. A diferencia de otorgar cuatro años para las políticas de revisión, a Chile le dio un plazo perentorio de dos años para corregir las desigualdades que presenta en torno a las políticas de género, además de poner acento en medidas para enfrentar la violencia de género que se vive en el país.

La iniciativa del Ejecutivo establece un nuevo sistema electoral proporcional, y fija un esquema de cuotas que garantizaría que un mínimo del 40% de los postulantes al Congreso sean mujeres. También aumenta de 120 a 154 el número de diputados y de 38 a 50 el de senadores. Este proyecto podría permitir eventualmente, subir el 17% de participación, para superar la media regional que se encuentra en un 23%.

Para el analista político Gustavo Rayo, académico de la Universidad de Talca, esta iniciativa que subsidia a las mujeres en el sistema político puede ser una opción válida, y podría ser legítimo para promocionar la participación de las mujeres.

“No solo en América Latina, sino en diversos países europeos se han adoptado políticas que subsidian, por así decirlo, las opciones de mujeres en particular en el sistema político, creo que en nuestro caso puede ser un opción válida y sin duda legitima para poder promocionar la participación de la mujer en el escenario político”, aclara el académico.

A juicio de Gustavo Rayo, estos procesos no son automáticos, pues implican cambios culturales significativos para el mundo político, agregando que respecto de la inclusión del tema indígena, considera que en este escenario se enfrentarán mayores “resistencias”, debido a que no están presentes en la historia, ni en la dinámica que tienen los partidos políticos por el carácter nacionalistas que ellos poseen, a diferencia de países como Bolivia, Ecuador e inclusive Venezuela, donde la pluriculturalidad tiene rango constitucional.

La abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, resaltó por su parte que “también es importante tener claro que esta es una medida bastante suave, en el sentido que permitiría a las mujeres competir en las listas de candidaturas, pero no está asegurando cupos en el Parlamento ni esta distorsionando la voluntad electoral de la ciudadanía que puede elegir de todas maneras por qué candidatos y candidatas votar”.

La abogada de la Corporación Humanos, precisó que no se puede hablar de esta medida como una ley de cuotas, a juicio de Maturana se trata de una propuesta de legislación sobre el sistema electoral, donde los partidos políticos tendrían un mandato de representatividad en proporción equilibrada, respecto de sus candidatos entre hombres y mujeres, que establece sanciones y estimula con dinero la participación, en este caso, de las mujeres.

Por su parte la coordinadora del frente de Género de Revolución Democrática (RD), Estefanía Andahur, valoró de forma positiva el proyecto, sin embargo aclaró que les hubiese gustado una Ley de Cuotas que abarcara al resto de los cargos de la administración pública.

Estefanía Andahur señaló que “nos parece que una buena ley que cumple los parámetros mínimos que se debería tener para que se cumpla exitosamente, sobre todo nos parece muy bien que es lo que ha funcionado internacionalmente, dentro de los incentivos y sanciones, nos parece muy bien el monto que se indica y además nos parece bien que dentro de la sanción es que no se suba la lista dentro del plazo que no se cumpla el plazo estipulado”.

Cabe destacar que en el ámbito regional, se ha demostrado que la sanción de multa por sí sola no ha estimulado una mayor participación de mujeres, ello porque los partidos políticos se han mostrado dispuestos a pagar las multas. En tanto, de acuerdo a los analistas, los pueblos originarios deberán seguir esperando entre las minorías, para acceder al Parlamento sin el apadrinamiento de un partido político.