Una de las promesas que más se ha manoseado durante los últimos períodos presidenciales ha sido la creación de un ministerio de Cultura. Opiniones y críticas se han cruzado en un debate entre organizaciones, políticos y civiles, y es que es se trata de un tema de importancia que claramente le hace falta pensar a Chile y que ya cumple once años de larga espera.

Los cimientos culturales de nuestro país comenzaron a reactivarse en el gobierno de Patricio Aylwin, quien manifestó la relevancia de poner en la palestra nuevamente la cultura y otorgarle un rango significativo a nivel gubernamental. Pero no fue sino hasta el gobierno de Ricardo Lagos cuando se estableció una Comisión Asesora de Cultura, más conocida como la Comisión Garretón, sujeta siempre al ministerio de Educación. Esta comisión, junto con el apoyo del presidente Lagos, daría luz al actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) en 2003.

Este Consejo, operativo hasta hoy, es un organismo descentralizado y autónomo con diez integrantes en el directorio y un presidente con perfil de ministro nombrado por el presidente de la República. Depende administrativamente del ministerio de Educación en los actos que según la ley exigen la intervención de un ministerio, y tiene a su cargo el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el Consejo de Fomento de la Música Nacional y Consejo del Arte y la Industria Audiovisual.

Las promesas de Michelle y Sebastián

La llegada de Michelle Bachelet a su primer gobierno (2006-2010) trajo nuevas promesas para Chile. Éstas venían a saldar la deuda de un ministerio de Cultura para fortalecer la institucionalidad cultural del país. Sin embargo, el proyecto nunca ingresó al Congreso, ni se conoció su borrador. Pese a esto, hay que destacar que en su administración hubo avances en el ámbito presupuestario, donde se aumentó en un 130% los gastos en cultura, sobre todo lo destinado a infraestructura.

El reciente gobierno de Sebastián Piñera también tuvo referencias a la creación de un posible ministerio, pero tampoco se concretó. Durante el 21 de mayo de 2011 y 2012 anunció la creación de un proyecto de ley que daría lugar a un ministerio de Cultura y Patrimonio, pero no fue sino hasta el 6 de mayo de 2013, último año de mandato, donde se ingresó dicho proyecto al congreso.

El documento desató la molestia de muchas entidades culturales ya que, entre otros tópicos, se limitó a recalcar la necesidad de fomentar la industria cultural y el modelo de negocio, dando también apoyo a los privados en desmedro de la estatalidad. El proyecto además no tenía una postura clara sobre el patrimonio y su financiamiento.

Una nueva oportunidad

Hoy, nuevamente uno de los puntos dentro del programa de Cultura de la presidenta Bachelet es la creación de un ministerio que potencie y centre a la cultura como actor importante para el desarrollo del país, además de reforzar su institucionalidad. Se comprometió también a fomentar las artes, incentivar la recuperación patrimonial y de las instituciones, a crear centros para las artes en todas las regiones del país y desarrollar programas que acerquen el arte y la cultura a la ciudadanía.

Esta es su segunda oportunidad. Los actores sociales de distintos frentes hoy demandan que se cumplan sus promesas de campaña y que concrete las deudas que quedaron de su antiguo gobierno. Y así, con los ojos puestos en cada uno de sus pasos, nuestros académicos evalúan y emiten sus opiniones sobre la necesidad de contar con un ministerio de Cultura en Chile.

La opinión más crítica viene del profesor Federico Galende, director del Departamento de Teoría de las Artes, quien afirma que no está seguro “que deba existir ni un Consejo ni un ministerio de Cultura. Es cierto que es importante que exista un ministerio para la sistematización de las políticas que se aplicarán a los archivos y el patrimonio de la historia de Chile, pero para eso hay que contar previamente con un debate sobre lo que vamos a entender por política cultural”.

Puntos claves para un buen Ministerio de Cultura

El Consejo de Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) es un organismo colegiado, es decir, está compuesto por una pluralidad de personas naturales o representantes de entidades públicas, de la sociedad civil o instituciones intermedias con el fin de coordinar, deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan las políticas públicas en general. Cuenta con un Directorio Nacional, un Comité Consultivo Nacional y Consejos Regionales.

No obstante, cuando el CNCA requiere realizar diversas acciones legales, por ejemplo, firmar tratados internacionales, ingresar a comisiones con los otros ministerios y enviar leyes al congreso de su área, es necesario que el ministerio de Educación sea su intermediario ya que depende administrativamente de él.

Fernanda Arrau, coordinadora del Diplomado Virtual de Gestión Cultural de la Universidad de Chile, admite que es positivo tener un ministerio de Cultura dentro de los poderes del Estado, ya que significa tener autonomía presupuestaria, sin necesidad de aprobación de otros ministerios, pero admite que el CNCA tiene de todas formas sus ventajas, entre las que se encuentra la participación de regiones. Por lo tanto, según la académica, un ministerio debería considerar las voces locales, además de “la formación en todo nivel, formación en creación y apreciación artística desde educación parvularia, básica, media, técnica y universitaria, sin distinción de edad ni género. No sólo enseñar a crear, sino con igual importancia, enseñar a apreciar. Sólo de esa forma, servirá de algo llenar de eventos y espectáculos masivos que muchas veces no logran ser apreciados por la población”.

Y agrega que otro punto importante es “ampliar los lenguajes artísticos, flexibilizar los formatos, porque muchas veces un proyecto no recibe financiamiento porque no encaja en ninguna línea concursable, entre otros muchos desafíos”.
Un ministerio de Cultura vendría a darle mayor autonomía a la cartera, podría reorganizar el funcionamiento y aunar instituciones que hoy permanecen segregadas. Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales y académica del Magíster en Gestión Cultural, está “convencida que las políticas culturales serán más efectivas con un soporte institucional mejor organizado. El ministerio fusionaría el CNCA y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), con lo que se resolvería parte importante de la dispersión que no se solucionó en 2003 y se podrían coordinar mejor las definiciones de política cultural con los instrumentos para implementarla”.

En tanto, la declaración pública titulada por un ministerio de Culturas y Patrimonios democrático y participativo, y firmada por varios premios nacionales, colegios profesionales y la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Anfudibam), pone en la mesa otros puntos importantes que se deben considerar en la discusión.

Expresa la necesidad de contar con un ministerio de Cultura que considere, como aspectos esenciales, una definición de cultura y patrimonio que se base en las Convenciones sobre Patrimonio de la Unesco (1972 y 2003), la Convención Unesco sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, el Convenio 169 OIT y todos los tratados internacionales ratificados por Chile. Además exige la participación de la academia, de las comunidades locales, profesionales y de la ciudadanía en general, contemplando la existencia, a nivel nacional y regional, de órganos colegiados con atribuciones relevantes a la hora de definir y resguardar el patrimonio. A su vez, piden mejorar el diseño institucional en materia de cultura y patrimonio, ya que presenta dispersión orgánica y funcional, además niveles críticos de déficit presupuestario. Finalmente demanda la modificación de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.

Aún con todo lo expuesto, es necesario una mirada global que incluya a la cultura dentro de las preocupaciones esenciales de la nación. En palabras del profesor Federico Galende, “el problema finalmente no es tener un consejo ni un ministerio, sino una discusión en torno a los modos en que un Estado construye los formatos del uso de la memoria pública, incluyendo a todos los sectores que están implícitos en ella”.

Pues un país que valora su cultura, “impactará en el valor que otorga a la educación, a la salud, a la participación ciudadana. Será más crítica de su entorno, más sensible a la naturaleza, no tan indiferente. Pero en eso, estamos despertando”, concluye la profesora Fernanda Arrau.