Mediante una carta, el subsecretario de Minería Ignacio Moreno afirmó que no presentará su renuncia al cargo ante la petición realizada por parlamentarios de la zona.

La autoridad, cuestionada por sus vínculos con la empresa minera Cerro Dominador, aseguró que desde que asumió como funcionario del Estado no ha tenido injerencia en la gestión de la empresa privada de la cual fuera gerente general.

La situación es compleja porque alrededor de 300 trabajadores están a la espera de la resolución del síndico sobre si dar continuidad al giro o decretar la quiebra y por tanto dejar sin finiquito a quienes ya están cesantes.

La diputada Paulina Núñez (RN) reclama que, en ese probable escenario, el subsecretario podría ser citado a declarar y a entregar antecedentes, situación que afectaría la confianza en las autoridades.

“Ha dejado la relación laboral con la empresa, pero sí puede perfectamente ser consultado por el síndico y en ese caso nosotros nos preguntamos para qué seguir en una situación, que más allá de lo que ha dicho el Gobierno en cuanto a ser política, entre privados. Acá hay un tema moral, ético y una cuestión de tener una autoridad que está cuestionada”, indicó.

Por esta situación, la parlamentaria  envió los antecedentes a Contraloría a objeto de que el organismo se pronuncie sobre la posibilidad de que el subsecretario se tenga que inhabilitar en determinadas circunstancias.

“Lo bueno de ir a la Contraloría no es buscar una resolución que derechamente demuestre la ilegalidad, sino que en el caso del subsecretario él tendría que eventualmente inhabilitarse y ejercer su derecho de abstención en una serie de situaciones al momento, por ejemplo, de presidir la Enami, y entonces vamos a tener autoridades que estén en un papel o autoridades que realmente puedan ejercer el cargo”, explicó.

En este caso, el senador independiente Pedro Araya y el diputado radical Marcos Espinosa, ambos representantes en la zona minera, manifestaron la necesidad de que la autoridad explique la situación y renuncie de no haber argumentos suficientes.

La Unión Demócrata Independiente también se sumó a la solicitud de renuncia a través de su jefe de bancada, el diputado Felipe Ward. Sobre este tema también se refirió el diputado y secretario general de la UDI Javier Macaya.

“Lo que uno tiene que ver es si el trabajo que a él le corresponde en su calidad de subsecretario va a ser impedido por estos mismos conflictos evidentemente que acá tiene base una petición d este tipo. No tengo todos los antecedentes y me gustaría también que los órganos competentes se pudiesen pronunciar para tener una opinión más contundente sobre esto. Me parece importante que se investigue”, señaló.

Por su parte, el vicepresidente de Evópoli y ex ministro de Transporte Pedro Pablo Errázuriz señaló que el Gobierno, independiente de lo que diga Contraloría, debería tomar acciones.

“Aquí lo importante es que estando ya expuesto el tema el Gobierno analice la situación y tome una decisión al margen de las investigaciones que se puedan hacer, es relevante que si este conflicto puede producir problemas el Gobierno actúe en consecuencia y haga los cambios que puedan ser necesarios”, expresó el ex secretario de Estado.

Según información judicial, los hechos que condujeron a la empresa a solicitar la quiebra involucraron directamente la gestión del entonces gerente general y hoy actual subsecretario de Minería Ignacio Moreno.