Durante la semana pasada se reunieron con la agrupación de colegios particulares (Conacep). El lunes lo hicieron con el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Y este martes, la Alianza nuevamente mantuvo encuentros con actores que rechazan la Reforma Educacional que plantea el Gobierno.
Por parte de la UDI, la senadora Ena Von Baer y los diputados María José Hoffmann y José Antonio Kast, mientras que desde RN el diputado José Manuel Edwards, como también el diputado Felipe Kast de Evópoli, se reunieron con la presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa), Erika Muñoz.
La dirigente reclamó que la organización que representa no fue recibida por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, como parte de las instancias de diálogo que desarrollo al inicio de su gestión.
Además, agregó que existen inquietudes en algunos padres y apoderados ante la eventualidad de que la reforma comprometida por el Gobierno afecte la diversidad de proyectos educativos. “Me gustaría que nos explicara, como educación pública, los proyectos educativos de las escuelas y liceos públicos. Cuál es el proyecto educativo de cada uno de ellos, pues nosotros no los conocemos, porque eso no se ha transparentado”, señaló.
Asimismo, aseguró que “nosotros como padres elegimos el colegio, porque esa es otra consigna, de que los colegios nos eligen. Eso no es así, yo elegí el establecimiento que quería para mis hijos, ellos están en el que la mamá y el papá escogieron, porque como familia el proyecto educativo llenaba nuestras necesidades. Por lo tanto, sí tienen un proyecto que presentar”.
Los parlamentarios presentes coincidieron en acusar al Ejecutivo de excluir a los apoderados en el diseño de la reforma. De hecho, Ena Von Baer planteó que la incertidumbre del sector particular subvencionado nace de la supuesta estatización de establecimientos educacionales.
Ante esto, José Manuel Edwards llamó al ministro Eyzaguirre y al Gobierno a incluir en los proyectos de ley artículos que vayan en la línea contraria.
“Si es que él no quiere, y el Gobierno de la Presidenta Bachelet no quiere estatizar la educación, pongan en la ley un artículo que prohíba la transferencia de colegios particulares subvencionados hacia el Estado. Que prohíba inmiscuirse en los proyectos educativos y que les permita a los padres tener algo que decir en la educación de sus hijos. De esa manera, podríamos creerle que al menos lo que está haciendo no es una estatización de la educación y tampoco una ENU 2.0, como muchos de nosotros tenemos la sospecha de que es lo que quiere hacer”, exigió.
Además, los senadores PPD Guido Girardi y PS Carlos Montes salieron a defender la Reforma Educacional y llamaron a terminar con la “campaña del terror” de la oposición, esfuerzo comunicacional que también se ve reflejado en otras iniciativas del Ejecutivo.
Montes aseguró que la oposición busca tergiversar los argumentos de los proyectos de ley hasta ahora enviados.
“Ellos quieren generar un cuadro de oposición. Están diciendo cosas que no son verdad. El problema de Chile no es la estatización. Aquí se está terminando la educación pública. El problema es cómo reponemos un sistema donde la educación pública sea efectivamente el centro”, aclaró.
En ese sentido, afirmó que “esta ley que se presentó es una de las leyes. Falta un conjunto de otras iniciativas y proyectos, además de otras acciones en las escuelas. Creo que lo que ellos quieren es tergiversar, porque tienen muy poca solidez en sus argumentos”.
Hasta ahora, tanto desde el Mineduc como desde La Moneda han entregado respuestas ante las inquietudes de la oposición. Frente al reclamo de los particulares, Eyzaguirre dijo que el Estado desembolsaría alrededor de 200 millones de dólares anuales en la compra de establecimientos. Además, adelantó que no aceptará que este sector intente conseguir el pago de sobreprecios.
En cuanto a las dudas planteadas por la Iglesia, explicó que los establecimientos de tipo confesional no se verían afectados por la reforma, ya que la venta de establecimientos no se ha planteado de esta manera, considerando que éstos operan en la educación a través de fundaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, no les correspondería una intervención mayor.