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El Gobierno entre dos fuegos

Columna de opinión por Juan Pablo Cárdenas S.
Domingo 1 de junio 2014 14:08 hrs.


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Cuando accede un gobierno nuevo es propio que la incertidumbre se manifieste y las sospechas se expresen ante cada anuncio o propuesta oficial, exactamente como ahora ocurre en quienes se consideran de centro derecha o de izquierda. En su segundo gobierno, da la impresión que Michelle Bachelet y su Nueva Mayoría quieren emprender un camino de cambios desmarcándose de lo que fueron los anteriores gobiernos, incluido el de ella misma. De esta forma es que este propósito es evaluado con reparos y desconfianzas, incluso desde los mismos partidos que forman el pacto oficialista.

La Derecha no sale del estupor que le provoca a sus miembros la pura idea de realizar una reforma tributaria, emprender cambios al sistema educacional y disponerse a remecer u horadar los pilares mismos del sistema económico y social heredado de la Dictadura, verdaderamente sacralizado durante todos los gobiernos que la sucedieron. Con más peligro, todavía, observan la posibilidad de que el país se dote de una “nueva” Constitución como lo advirtiera la Jefa de Estado en su reciente discurso frente al Congreso Nacional.

Así como ven con desagrado que la correlación de fuerzas del Parlamento pudiera alterarse significativamente con un sistema electoral proporcional, no excluyente y, ciertamente, mucho más representativo del que hoy tenemos en razón de binominalismo también heredado del Régimen Militar y refrendado en más de 24 años de connivencia legislativa. La cuoteada distribución del poder que ha explicado y favorecido la “política de los acuerdos” ahora se ha desequilibrado cuando La Moneda, a expensas de la crisis y división de la Derecha, ha obtenido suficientemente mayoría en el Congreso para imponer, si no todas, muchas de las reformas que enuncia con fruición.

Al temor e irritación de la derecha política se suma la molestia de los sectores empresariales siempre tan reacios a aceptar que los trabajadores ganen organización y se les pueda reconocer derechos tan largamente conculcados. Incomodidad que también le provoca que el Estado recupere formas de liderazgo en la economía y se proponga recaudar más tributos de sus multimillonarias utilidades, aunque tengan el propósito de financiar las más urgentes carencias de la población y evitar el estallido social que muchos predicen de no atenderse las demandas populares.

Inquietos los empresarios y sus operadores en el Parlamento por los inquietantes anuncios de la Presidenta, así como la amenaza de un jefe de partido de “aplicarle una retroexcavadora al modelo económico en institucional”, es que ya han reinstalado su consabida “política del terror”, que esta vez anuncia catástrofes en la inversión y el empleo si el Gobierno insiste en sus propuestas.

Al mismo tiempo, ya han activado la intervención política de los sectores más reaccionarios el Episcopado Católico en contra del aborto terapéutico y las propias reformas sistema educacional, con el buen resultado para ellos de que el Cardenal Ezzati y otros obispos han irrumpido en los medios de comunicación y sus púlpitos para predecir otra serie de horrores si la agenda programática del Gobierno se materializa. La derecha y las patronales no han llegado a golpear, como otras veces, las puertas de los regimientos, pero sería conveniente que esta vez nadie descartara de plano esta posibilidad, ni tampoco que los Estados Unidos vuelva a desestabilizar a cualquier régimen que se proponga auténticos cambios.

En el lado de la izquierda extraparlamentaria, que se presentara tan desunida en los últimos comicios presidenciales, pero que seguramente influyó bastante en el aumento severo de la abstención, lo que prevalece es un alto grado de sospecha respecto de que el discurso de la Presidenta sea sincero y que sus colaboradores realmente le permitan plasmarlo en leyes y realizaciones. En lo que llama “la madre de todas sus batallas”, esto es obtener una nueva Carta Fundamental, para los sectores vanguardistas parece absurdo que los actuales gobernantes no se las “jueguen” por convocar a una Asamblea Constituyente, si es que lo que se proponen es profundizar seriamente nuestra democracia.

No se explican que una democracia participativa, como se predica, pueda surgir del conciliábulo político o de las negociaciones en el Parlamento que tiene los sesgos del sistema electoral binominal. De allí que muchos piensen que el propósito del Gobierno sea conseguir sólo cambios cosméticos a la Constitución de 1980, la de más prolongada vigencia en nuestra historia republicana

Para nada están convencidos de que la Reforma Tributaria que ya se discute en el Congreso tenga el propósito de hacer justicia impositiva y conseguir mayor equidad social, cuando el texto de ésta incluso se propone rebajarle los impuestos a los que más ganan, como que tampoco se suprimen ni rebajan los impuestos que gravan el bolsillo de los más pobres y de la llamada clase media.

Con la simple alza de los impuestos a las utilidades de las empresas, piensan, el Estado no recaudará siquiera los ocho mil millones de dólares que se propone su reforma educacional. Por lo que habría que restringir los desmedidos costos en armamentismo y aplicarle un royalty en serio a la Gran Minería para que el dinero alcanzase realmente a este propósito y otros tan urgentes de acometer como mejorar la atención de salud pública. Pero, de todas maneras, en la Izquierda todavía no son unánimes ni certeras sus desconfianzas, habiendo no pocos que, incluso, parecen haberse encantados con el discurso oficial.

Por otro lado, es evidente, sin embargo, que el país empieza a observar los disensos que se manifiestan al interior de la Nueva Mayoría, donde los idearios y sensibilidades de socialistas, demócrata cristianos, comunistas y otros empiezan a mostrar públicos desacuerdos y fricciones. En los últimos días, algunas voces del oficialismo advierten que respecto de varios de los proyectos gubernamentales pudieran no votar en bloque en el Parlamento. Especialmente en aquellas propuestas denominadas “valóricas” donde la confluencia de falangistas y opositores parece más expedita.

Consideremos al respecto que el propio ex Jefe del Gobierno José María Aznar está dispuesto a ejercer sus buenos oficios para que sus dos partidos chilenos considerados hermanos del Partido Popular español –la DC y Renovación Nacional- concuerden posiciones en varias materias y pudieran llegar a consolidar un nuevo pacto electoral equidistante de las posiciones más extremas del derechismo y del izquierdismo nacional.

Lo que ya parece inevitable es la acción de una sociedad cada vez más empoderada y resuelta a imponer sus demandas sin dejarlas a merced de los gobernantes. Si por ahora hay muchos que le creen al nuevo gobierno sus promesas cotidianas, no sería raro que muy próximamente las autoridades se vean severamente fustigadas si es que los anuncios derivan en frustraciones o negociaciones en las cúpulas partidarias. No olvidemos que –más allá del influjo político de la Primera Mandataria- el prestigio de la política y de las instituciones sigue por los suelos, aumentando los desencantados e indignados criollos que sólo creen que en la movilización social se conquistarán los cambios anhelados.

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El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.