En 2010, el ministro de Justicia de la época, Felipe Bulnes, decidió contratar los servicios de la empresa consultora estadounidense, Altegrity Risk International, para realizar una reforma radical al sistema penitenciario chileno.

Dicho informe que se elaboró entre los años 2010 y 2013, arrojó duras críticas hacia el trabajo que desarrolla Gendarmería, además de fustigar el sistema penal chileno, que a su juicio, abusa de las privaciones de libertad.

La consultora recomendó además un plan piloto de modernización que se llevaría a cabo en cuatro penales, el cual quedó frustrado luego de la decisión del Ministerio de Justicia de desechar el contenido de dicho estudio.

A esto se suma la indefinición respecto de otros centros penitenciarios, como el que se pretende construir en la octava región, entre las provincias de Ñuble y Biobío, el cual todavía no cuenta con un terreno donde ser emplazado.

De hecho se comentó en su momento que el Fisco donaría un predio en la comuna de Nebuco, lo cual fue desmentido por el seremi de justicia de la Región del Biobío, Jorge Cáceres, quien aclaró que dicho lugar no contó con la aprobación del ministro José Antonio Gómez.

Respecto de las definiciones en materia carcelaria, la autoridad regional sostiene que “en su momento se tendrán que hacer los análisis expertos, con todos los actores involucrados, incorporando a Gendarmería”.

Precisamente la nula colaboración de Gendarmería en el estudio de la consultora estadounidense, motivó su rechazo por parte del Ejecutivo.

Para los suboficiales de dicha institución, es valorable la decisión, pero acusan que este problema no es parte de las prioridades del Gobierno.

Joe González, presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, acusa abandono por parte del Ejecutivo “el hacinamiento aún persiste, la falta de personal persiste, las condiciones laborales del personal continúan siendo las mismas de hace tres o cuatro décadas, los funcionarios continúan trabajando con turnos inhumanos, lo cual es bastante preocupante y demuestra que no hay una voluntad de las autoridades por solucionar estos problemas”.

Para los especialistas, el problema pasa, en gran medida, por la ausencia de una política gubernamental clara sobre este tema, en ese sentido, la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, de nuestra universidad, Olga Espinoza, afirma que esta definición es relevante.

“Más allá de generar programas específicos, sí sería importante tener claro cuál sería la política penitenciaria del país y si está alineada con las políticas más desarrolladas en esta materia o alinear las propuestas en el tema de la reinserción social o destinadas a responder a situaciones de crisis”, sostuvo.

La investigadora agrega que “fortalecer el sistema de penas alternativas” puede ayudar a descongestionar las cárceles chilenas, a la espera de una política gubernamental a largo plazo.

El estudio de Altegrity, bordeó los 3,8 millones de dólares (sobre 2.000 millones de pesos). El Gobierno señala que las fallas de seguridad o la estimación errónea de la capacidad de los recintos El Arenal y La Laguna, en las regiones de Coquimbo y del Maule fueron claves para desecharlo.