“Fue una conversación privada con una familia que ha sufrido mucho”, es la única referencia de la reunión que sostuvo el Intendente este miércoles con la familia Luchsinger, fuera de aclarar que él mismo fue quien los invitó a conversar. Además, la autoridad local sostuvo que, según su parecer, “el Estado tiene responsabilidad con las víctimas, pero es un tema que debe resolver el Gobierno Central”.
Esto después de que la UDI amenazara con realizar una acusación constitucional, si no se reunía en 24 horas con los parceleros. Sobre estas presiones, la autoridad regional señaló que no se explica cuáles son las recetas que aplicó el partido cuando fue Gobierno, ya que observa que desde entonces, sigue todo igual.
Pese a que se concretó la reunión, Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural en La Araucanía, afirmó la reunión con Ewald Luchsinger fue forzada por un clima de presión y sostuvo que ya no van a pedir audiencia, porque consideran que él debiera generar un acercamiento con “las personas sin nombre que son tan víctimas como la familia Luchsinger”.
Al respecto, Huenchumilla afirmó que la Presidenta Bachelet lo designó para entablar un proceso de diálogo con todos los sectores y recordó que cuando asumió el cargo también les pidió perdón a los colonos y sus descendientes. De paso respondió a las presiones sobre los plazos y las críticas a su estilo: “resolver un conflicto es difícil, no es sencillo negociar” afirmó y reiteró su postura dialogante, indicando que continuará “escuchando a las personas y sus problemas”.
Lo sorprendente es que bajo este modelo el Intendente está ganando adherentes inesperados. José Villagrán, Presidente Regional de los camioneros en la zona, sostuvo que la supuesta acusación es sólo un anuncio, porque no están los votos para acusarlo. “Creo que hay que ser más positivo. A Huenchumilla hay que darle la oportunidad de que demuestre con hechos lo que dice, pero en tres meses no puede hacerlo todo, así es que yo creo que, por lo menos, démosle seis meses”, afirmó en declaraciones a La Tercera.
Sin embargo, siguen las dudas por su falta de piso político, pese a los respaldos que ha logrado. La Consejera Nacional de la CONADI, Ana Llao, afirmó que “efectivamente el Intendente va muchos pasos más adelante que el propio poder Ejecutivo en colocar en la agenda la temática mapuche” e indicó que si la autoridad por ese camino le ofrecerá su respaldo. Mismo camino siguen la llamada “Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche”, para quienes la UDI está criticando “por criticar, por hacer oposición vacía”, como sostuvo su presidente Juan Carlos Reinao, en línea con las palabras del vocero de Gobierno quien señaló que la Acusación “carece de fundamento”.
Pero no todos quienes colaboran con la institucionalidad tienen una mirada tan optimista, instando directamente al Ejecutivo. La misma estrategia han tenido personajes de oposición, como el senador, también UDI, José García Ruminot, quien interpeló directamente a la Presidenta Bachelet (citándolas palabras del Intendente) a intervenir para alcanzar a la prontitud “la Paz Social en La Araucanía”.
Mientras desde las comunidades han surgido desconfianzas y observan con atención el fenómeno, esperando que el perdón vaya acompañado también de medidas concretas que apunten al centro del problema entre el Estado chileno y el pueblo mapuche expresado en el reconocimiento y el respeto de los derechos territoriales, políticos y culturales que les corresponden como indican diversos organismos internacionales.
