Por primera vez en sus 90 años de existencia, los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), quienes hace cuatro días decidieron paralizar sus funciones. Un hecho histórico que llevó a los protagonistas a entregar un petitorio ante el ministerio de Educación, organismo del cual dependen.

El  CMN es un organismo técnico del Estado que se encarga de la protección y tuición del patrimonio de carácter monumental. Según la última cifra registrada hasta diciembre de 2013, el patrimonio protegido en Chile asciende a  mil 334, labor que se realiza en el marco de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales.

Macarena Silva, vocera de la Asamblea de Trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales, se refirió a un abandono por parte del Estado hacia los 115 empleados que atienden los requerimientos de protección patrimonial en todo el país, hecho que ya en febrero de este año denunciaron a través de una protesta pacífica frente a La Moneda.

Al no obtener respuesta por parte del ministro Nicolás Eyzaguirre, decidieron formalizar sus demandas a través de tres puntos que exigen sean solucionados.

“Nosotros estamos intentando proteger el patrimonio con mucha vocación pero también con las condiciones laborales.  Además,  tradicionalmente nosotros teníamos una urgencia,  el hecho de que no se alcanzan a hacer los pagos de honorarios anuales y lograr traspasar a la gente  que estaba en esta precariedad al menos a la glosa de honorarios, eso ya está andando pero nosotros llevamos años, desde los noventa, esperando que esto se solucione. Por otro lado, tenemos la incertidumbre de qué manera nuestros 115 trabajadores pasen a la nueva institucionalidad que supuestamente ha anunciado la presidenta y que viene desde el gobierno anterior”.

Otras de las denuncias que la Asamblea de Trabajadores quiso hacer con esta movilización tienen que ver con los compromisos de protección y nuevas postulaciones de sitios patrimoniales ante la Unesco, que próximamente realizará Chile, pues insistieron en que hay una institucionalidad precarizada que no podrá cumplir con los compromisos ofrecidos ante dicho organismo internacional.

Cabe recordar que tanto el Consejo Nacional de la Culturas y las Artes, la Dibam y el Consejo de Monumentos Nacionales son las instituciones responsables de velar por la cultura del país. Sin embargo, los trabajadores acusan ser la más precarizada de las tres, pues funcionan solo con un dos por ciento del presupuesto para cultura en el país.

Por ello, aseguran enfrentar un verdadero colapso laboral, y el costo de la no protección del patrimonio lo estarían asumiendo los trabajadores.

Por su parte, Raúl de la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), exigió a las autoridades que los trabajadores sean respetados en su dignidad laboral, aludiendo al llamado que recientemente realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reducir las cifras de trabajo informal. Esto, en el marco de la celebración de su asamblea anual que se desarrolla en Ginebra.

Según De la Puente, un 73,4 por ciento de los trabajadores se encuentra en dicha situación laboral en América Latina y el Caribe.

“El patrimonio es un patrimonio de todos los chilenos y debe ser cuidado, para eso se requiere que también los trabajadores sean reconocidos en sus dignidad. Así como en la asamblea de la OIT en el día de ayer se ha resuelto que haya una transición para aquellos que tengan empleos informales pasen a la formalidad. Este es un ejemplo típico de informalidad en empleo que existe en el Estado Chileno”.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales,Rosario Carvajal,  en representación de esta red nacional que agrupa a vecinos que habitan las zonas típicas protegidas por la Ley de Monumentos, manifestó su apoyo a las demandas del Consejo e hizo un llamado para que el Estado dé prioridades a la hora de destinar el financiamiento para efectos culturales.

“Nosotros como vecinos somos los principales perjudicados con esta paralización y la situación precaria que viven los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales, esto porque ellos no pueden dar cuenta de lo que la ley de monumentos les exige. Tenemos que recordar que el gobierno de Chile entrega dos mil millones de pesos al Dakar, que es la misma suma que entrega al Consejo, pese a que el Dakar ha destruido el patrimonio arqueológico de una zona del país”, manifestó la dirigenta.

Algunos gremios se han sumado a las demandas del Consejo. Desde el Colegio de Arqueólogos piden que el ministerio “priorice esta situación con la urgencia que se merece, en pro del bienestar de los trabajadores del CMN y por la protección de nuestro patrimonio”, aseguran.

Macarena Silva aseguró que esperan una pronta respuesta ministerial. Para los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales es fundamental que en la repartición del Presupuesto 2015, sean considerados como entidad, de modo de asegurar mejora en las condiciones demandadas por los funcionarios.