Si bien el cierre oficial de la causa fue comunicado por el Ministerio Público el pasado nueve de mayo, este miércoles el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago comenzó a revisar la reapertura de su investigación, la que fue solicitada por algunos abogados, entre ellos los del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende y la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) Carmen Fernández.
La defensa aludió a que aún había diligencias pendientes en una causa cuya investigación lleva cerca de cuatro años y se realizaron diversos interrogatorios, tal como sostuvo el abogado de parte de las víctimas de la catástrofe, Alfredo Morgado.
“Todas y cada una de las diligencias que se están requiriendo son, de verdad, impertinentes, además de dilatorias. Los familiares de las víctimas tienen derecho a un juicio en un plazo razonable” y añadió que son más de cuatro años de exhaustiva investigación y que cree que ya se hace necesario tener un juicio oral, público y controvertido, para hacer justicia a la brevedad posible.
El abogado afirmó que Raúl Meza, militante de la UDI, es el único querellante que está solicitando esta apertura y diversas diligencias.Otro de los temas pendientes es la reconstitución de escena de lo ocurrido en la ONEMI aquella noche, donde eventualmente podría acudir la Presidenta Michelle Bachelet. Este tema ha sido polémico durante todos los años de investigación, ya que los sectores oficialistas denuncian que se debe a una maniobra política, mientras que los querellantes sostienen que con este argumento se intenta burlar la ley.
Respecto a este asunto, este viernes la defensa de Rosende, el abogado Rodrigo Molina, se desistió de solicitar esta diligencia adicional, explicando que el trámite significaba una revisión más exhaustiva de la carpeta de investigación, “lo que podría dilatar innecesariamente el desarrollo del proceso”, situación que había sido criticado justamente desde la parte querellante.
El abogado querellante, Raúl Meza sostiene que la decisión de Rosende se sustenta en la protección y el amparo de la figura e imagen de la Presidenta Bachelet. Además, el abogado, insistió en sus razones para convocar a la mandataria, cuando el Ministerio Público se ha negado durante toda la investigación.
“Constituye una diligencia fundamental de toda investigación racional y justa en cuánto a entender que cualquier persona en este país debe estar sujeta a la igualdad ante la ley”, afirma y añadió que como querellantes sienten el derecho a exigir que se le someta a un interrogatorio para que se determine cuál fue el rol y la función específica que tomó en el ejercicio del mando político de la nación el día 27 de febrero del 2010, en las dependencias de la ONEMI.
En otras operaciones, durante la discusión este jueves la defensa de la ex directora Nacional de la ONEMI, Carmen Fernández, cuestionó una importante prueba del Ministerio Público, asegurando que nunca ha existido un Plan Nacional de Emergencia, elemento que habrían incumplido los imputados, solicitando que se oficie a la Contraloría a hacer entrega del citado plan.
Después de este ciclo de audiencias, el Magistrado convocó a todos los intervinientes el próximo lunes 23 de junio a las 10 de la mañana para pronunciarse sobre cada una de las solicitudes de reapertura, seis de los defensores de los querellantes y la del abogado Meza.