Remplazo por personal sin conocimiento para vender medicamentos, hostigamientos a trabajadores, obligación de engañar a los clientes, reajustes de sueldos y discriminación por sindicalización, son algunas de las denuncias que tienen hoy a los trabajadores de la cadena farmacéutica Cruz Verde en paro de actividades.

De hecho, este martes se sumaron a la huelga nacional los trabajadores de La Serena y Concepción.

En efecto, Mauricio Acevedo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, lamentó que las autoridades no hayan tomado la ley de Fármacos como herramienta para terminar con los incentivos a la venta de los medicamentos, que permiten privilegiar unos sobre otros.

“Hace dos semanas estuvimos con el senador Guido Girardi, uno de los autores de la ley, fiscalizando los locales, para mostrar un poco a la población qué es lo que está pasando con estas cadenas de farmacias que mantienen esta práctica abusiva y perversa de remuneración hacia los trabajadores. Mostramos antecedentes, documentos tangibles respecto de la forma en que estas cadenas de farmacias presionan y amenazan a sus trabajadores para mantener esta práctica de tener que engañar a los ciudadanos-consumidores de medicamentos, porque si no lo hacemos, asumimos las consecuencias de despidos, amenazas y traslados”, sostuvo Mauricio Acevedo.

El dirigente no descartó acciones legales contra Cruz Verde, a pesar de que la empresa dio señales que continuará con el abuso, advirtió.

Por su parte, el director de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, reprochó la práctica de las empresas que piensan más allá de entregar un servicio que beneficie al bienestar colectivo, en las utilidades y en el lucro, a costa de los pacientes y trabajadores. “Tanto el Estado como la sociedad debiera emprender acciones legales contra las cadenas” indicó.

Asimismo, Goyenechea se refirió a la ley de Fármacos. “Una ley que busca generar mayor competencia entre el mundo privado, pero no entregar un derecho que parte del derecho a la salud, que son los medicamentos. Entonces es una ley que si bien tiene elementos positivos, no termina de resolver el problema de fondo. Ya se debiera estar aplicando la ley, pero no sé si exista una capacidad fiscalizadora lo suficientemente fuerte de parte del ministerio, por un problema de que las capacidades de fiscalización en términos de recursos humanos se han venido reduciendo”.

La diputada PPD Cristina Girardi, integrante de la comisión de Salud de la Cámara, coincidió con Goyenechea y sostuvo que “casi en todas las leyes que se hacen en Chile, el Estado nunca genera la capacidad real de fiscalización, como para hacer que la ley se cumpla”. Igualmente, acusó que los fiscalizadores muchas veces llegan a raíz de denuncias, pero no del interés de la institucionalidad de revisar a las cadenas.

La diputada se refirió a la tarea desde el Congreso. “Esto va a ser tratado en la comisión de Salud el próximo martes para ver cuál puede ser la reacción que podemos hacer en relación a este tema. Creo que es sentar al ministerio y ver cuáles son las acciones fiscalizadoras que está haciendo y por qué están ocurriendo estas cosas. Y a la Fiscalía Nacional Económica respecto de las colusiones, que creo que se mantienen”.

“Mientras el país  sea cautivo del negocio farmacéutico y de las farmacias, nunca va a existir en Chile una salud real”, sentenció la diputada.