Al parecer, algo cambió en el debate en torno a la Ley Antiterrorista. El sistema internacional de protección a los Derechos Humanos reiteró su preocupación por la definición de terrorismo contemplada en la norma y los diputados Marcelo Schilling (PS) y Hugo Gutiérrez (PC) presentaron una moción para derogarla.

El Comité de la ONU sostuvo que la utilización de la Ley Antiterrorista ha sido contra “determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural”.

Esto se suma a los planteamientos de diversos especialistas y abogados que durante años han debatido la necesidad de suprimir la legislación, debido a que vulnera el debido proceso y los derechos de los procesados.

Si bien el compromiso de la Concertación había sido “derogar las leyes de la dictadura”, hasta ahora sólo se han realizado modificaciones.

En ese contexto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, dijo que no está en desacuerdo con la existencia de una Ley Antiterrorista, sino con la actual normativa.

En la misma línea que el Comité de Derechos Humanos, Fríes señaló que el cuerpo legal no contiene una clara definición de “terrorismo” y ha sido aplicado como una herramienta contra comuneros mapuche, vulnerando sus derechos.

Por otra parte, luego de la interpelación a la que asistió este jueves el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el jefe de la bancada PS, Marcelo Schilling, y el diputado comunista Hugo Gutiérrez presentaron una moción para derogar la Ley Antiterrorista.

Según Schilling, “en el debate y en los últimos cinco años ha quedado demostrado que la llamada Ley Antiterrorista se ha vuelto en realidad una Ley Antimapuche, completamente ineficaz. No sirvió en el Caso Bombas y no sirve en absolutamente nada”.

En tanto, Hugo Gutiérrez se manifestó “un poquito cansados de que se manosee permanentemente una legislación que nació en dictadura y no respeta los derechos esenciales de las personas. Estamos cansados también de que se argumente su necesidad de aplicación en un conflicto claramente social, como es en La Araucanía”.

Asimismo, el parlamentario comunista informó que esperarán las posibles indicaciones que pueda presentar el Ejecutivo a la iniciativa.

Consultado sobre el tema, el diputado DC Fuad Chahín no se pronunció a favor de derogar la ley y agregó que apoyará el compromiso del Gobierno: “Nosotros estamos respaldando el trabajo que está haciendo el Gobierno, que dice relación con hacer un estudio profundo del contenido de la ley y adecuarla a estándares internacionales. Sobre todo, velar porque la aplicación de esta ley sea ante casos que califiquen para poder invocarla y no de manera discriminatoria y arbitraria, como se ha hecho en el pasado”.

La derogación de la Ley Antiterrorista fue una de las demandas impulsadas desde las organizaciones de derechos humanos desde su promulgación en 1984. Luego formó parte del programa de gobierno de la Concertación, pero han pasado 30 años, ha sido invocada por todos los gobiernos y aún sigue vigente.